El Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró ilegales las sanciones de tránsito que no respetan el debido proceso y la defensa del ciudadano en Salto.
La Justicia confirmó que el sistema sancionatorio aplicado vulneraba derechos constitucionales como la defensa y el debido proceso.
Tras varios años de litigio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictó una sentencia definitiva que anula las sanciones impuestas al Dr. Ignacio Supparo, al confirmar la ilegalidad de los procedimientos utilizados por la administración departamental en materia de tránsito.
El fallo se suma a un pronunciamiento previo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y consolida un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos en Salto.
Los fundamentos clave del fallo
La resolución del TCA trasciende el caso individual y pone en cuestión el funcionamiento del sistema inspectivo y sancionatorio que operó durante años bajo criterios ahora considerados ilegales:
- Violación del debido proceso: La Justicia determinó que la aplicación de sanciones inmediatas —como el uso del acta de espirometría sin instancia previa de defensa— vulnera garantías básicas del Estado de Derecho.
- Retención inconstitucional de vehículos: La SCJ ya había establecido que condicionar la devolución de un vehículo al pago de una multa constituye una práctica inconstitucional, al utilizar la propiedad privada como mecanismo de presión.
- Nulidad de los actos administrativos: Al no existir un procedimiento formal que permita al ciudadano presentar descargos, las sanciones carecen de validez legal.
Un punto de inflexión en la gestión pública
El Dr. Supparo, quien impulsó la demanda de forma independiente, sostuvo que las sentencias dejan al descubierto graves irregularidades en la aplicación de la normativa.
Se aplicó un procedimiento injusto e ilegal, donde el ciudadano quedaba indefenso, sancionado de antemano y sin posibilidad real de ejercer su defensa.
Dr. Ignacio Supparo
El fallo establece además tres lineamientos fundamentales para la administración pública:
- Respeto a las garantías individuales: Ninguna normativa departamental puede estar por encima de la Constitución.
- Límites a la discrecionalidad: Las autoridades deben cumplir procedimientos administrativos rigurosos antes de aplicar sanciones.
- Revisión de la finalidad del sistema: Se abre el debate sobre si los controles priorizan la seguridad vial o una lógica meramente recaudatoria.
Qué cambia para la ciudadanía
Este precedente fortalece las herramientas legales de los ciudadanos para impugnar sanciones que no respeten el derecho a la defensa. Asimismo, establece un límite claro a la retención de vehículos como garantía de pago, práctica que la Justicia considera incompatible con un sistema democrático.
La sentencia pone fin a un extenso proceso judicial, pero inaugura una nueva etapa: la administración deberá adecuar sus procedimientos a los estándares constitucionales exigidos por los máximos órganos judiciales del país.
