Las deficiencias en la prestación del servicio de salud pública no se agotan en el plano asistencial ni en el reclamo individual del usuario. Cuando estas fallas se reiteran y no son corregidas, generan un impacto institucional directo en ASSE y en el Ministerio de Salud Pública (MSP), tanto desde el punto de vista jurídico como administrativo y político.
ASSE, en su calidad de prestador público del Sistema Nacional Integrado de Salud, es responsable de la organización, funcionamiento y calidad del servicio. Esta responsabilidad no se limita al acto médico, sino que comprende la gestión administrativa, la conducción de los centros de salud y la adopción de medidas correctivas oportunas. Las fallas estructurales, la ausencia de recursos estratégicos y la ineficiencia en la tramitación de reclamos configuran supuestos de funcionamiento anormal del servicio, con las consecuencias jurídicas que ello implica.
El MSP, por su parte, no es un actor ajeno ni meramente observador. En su rol de rector, regulador y fiscalizador del sistema, tiene el deber de controlar, supervisar y exigir correcciones cuando se detectan incumplimientos. La omisión en el ejercicio efectivo de estas competencias también genera responsabilidad institucional, especialmente cuando las alertas provienen de situaciones reiteradas, denuncias previas o información pública difundida por canales idóneos y prensa responsable que expresa la opinión de usuarios y sin encuestas sobre esta temática porque el resultado sería muy negativo por Loque los usuarios están pasando cada jornada.
Desde el punto de vista jurídico, la reiteración de fallas no corregidas expone tanto a ASSE como al MSP a acciones de responsabilidad patrimonial del Estado, reclamos ante el TCA y acciones judiciales vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. Desde el plano administrativo, estas situaciones deterioran la credibilidad del sistema, afectan la trazabilidad de las decisiones y debilitan la defensa institucional frente a eventuales litigios.
En el interior del país, y particularmente en departamentos como Salto, este impacto se amplifica. El Hospital Regional cumple una función estratégica y muchas veces exclusiva. La falta de conducción eficiente, de respaldo administrativo adecuado y de respuestas oportunas no solo afecta a los usuarios, sino que compromete la capacidad del Estado de garantizar igualdad real en el acceso a la salud, principio rector del SNIS.
Desde una concepción republicana y batllista, el fortalecimiento del Estado no se logra negando los problemas, sino asumiéndolos, corrigiéndolos y rindiendo cuentas. ASSE y el MSP no se debilitan cuando intervienen y corrigen: se debilitan cuando omiten, cuando toleran la inercia o cuando confunden conducción con mera administración del conflicto.
La salud pública requiere algo más que discursos y estructuras formales. Requiere gestión competente, control efectivo y responsabilidad institucional. Cuando ello no ocurre, el impacto no es solo sanitario: es jurídico, político y social. Y ese impacto, tarde o temprano, termina alcanzando a quienes tenían el deber de prevenirlo. GECS
