La noche del martes 16 de diciembre quedará marcada en la historia política reciente del departamento. La Mesa Política Departamental del Frente Amplio (FA) resolvió, con firmeza, solicitar la expulsión de sus filas a tres ediles.
Se trata de Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Gladys Martínez. Esta última actuó como suplente de la edil Elda Albarenque. La decisión surge tras una jornada de tensión en la Junta Departamental.
El motivo central fue el incumplimiento del mandato partidario respecto al endeudamiento de la Intendencia. Los curules apoyaron con su voto la solicitud del Ejecutivo, contrariando la resolución del Plenario.
Esta determinación no solo implica un trámite burocrático interno. Significa la ruptura inmediata del vínculo político entre la fuerza de izquierda y los representantes legislativos.
Una decisión drástica y urgente
El comunicado emitido anoche no deja lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. El documento señala que el análisis de la propuesta de endeudamiento fue un proceso serio y responsable.
Sin embargo, los ediles optaron por desoír lo resuelto por el órgano máximo departamental. La votación del fideicomiso, por 50 millones de dólares a pagar en 20 años, fue el detonante.
La Mesa Política basó su resolución en las disposiciones estatutarias que rigen al Frente Amplio. Consideraron que la postura ante el endeudamiento era un asunto político de acatamiento obligatorio.
El primer punto de la declaración es contundente. Resuelve elevar los antecedentes al Tribunal de Conducta Política. El objetivo final es claro: la expulsión definitiva de la fuerza política.
Además, se decidió elevar los antecedentes de otros involucrados. Esto refiere a quienes impulsaron la aprobación del “endeudamiento” desde otros ámbitos. La lupa está puesta sobre toda la cadena de mando que operó en esta votación.
La voz oficial del Frente Amplio
Luis Alonso, presidente de la Mesa Política Departamental, dialogó con este medio para aclarar los alcances de la medida. Su postura reflejó la intransigencia ante la indisciplina partidaria.
Alonso explicó que el proceso disciplinario ya está en marcha. Aclaró que la departamental no tiene la potestad final de expulsión. Esa es una tarea que corresponde a la dirección nacional tras el fallo del Tribunal.
Sin embargo, a nivel local, las consecuencias son inmediatas. «En lo que respecta a lo departamental estrictamente, la sanción que podemos aplicar inmediatamente es esa que allí expresamos», señaló el dirigente.
Esto refiere al punto tres de la declaración pública. Desde la fecha, los ediles sancionados no integran la bancada del FA.
Ya no representan a la fuerza política en la Junta Departamental ni en ningún otro ámbito. Políticamente, han quedado aislados de la estructura que los llevó a ocupar sus bancas.
Sangría de representantes en tiempo récord
Esta situación agrava una crisis de representación que el Frente Amplio viene sufriendo en Salto. En un lapso menor a seis meses, la fuerza política perdió cinco ediles.
Semanas atrás, informábamos sobre el alejamiento de otros dos legisladores departamentales, Nilda Díaz y Álvaro Godoy. Aquella situación ya había encendido las alarmas en la interna de la coalición de izquierda.
Ahora, con la salida forzada de Varela, Fernández y Martínez, el escenario se vuelve más complejo. La bancada frenteamplista se debilita numéricamente en el legislativo comunal.
Este goteo constante de representantes pone en jaque la estrategia política del partido. Obliga a replantearse los mecanismos de lealtad y disciplina interna de cara al futuro.
La pérdida de cuatro votos en la Junta no es un detalle menor. Modifica la correlación de fuerzas para el resto del período de gobierno.
El trasfondo del endeudamiento millonario
La raíz del conflicto es financiera y de gestión. La Intendencia de Salto buscaba aprobar una línea de crédito a largo plazo.
Se trata de un endeudamiento estructural por 60 millones de dólares (la moción final aprobada es hasta 50 millones). El plazo de pago se extiende por dos décadas, comprometiendo a futuras administraciones.
Para lograr esta aprobación, el Ejecutivo necesitaba una mayoría especial en la Junta. Los votos del oficialismo alineado no eran suficientes.
Fue necesario recurrir a negociaciones que cruzaron las fronteras partidarias. La oposición jugó su papel, pero los votos decisivos salieron de la propia interna frenteamplista.
Los ediles ahora sancionados aportaron las manos necesarias para que el proyecto prosperara. Priorizaron la solicitud del Intendente por encima de la resolución orgánica de su fuerza política.
El Plenario Departamental había debatido el tema extensamente. Habían resuelto no acompañar la iniciativa en esos términos.
Para la Mesa Política, el voto de estos tres ediles no fue un acto de libertad de conciencia. Fue interpretado como una falta grave a la unidad de acción.
Consecuencias políticas inmediatas
La resolución firmada el 16 de diciembre marca un antes y un después. Los ediles Varela Minutti, Fernández y Martínez continuarán en sus bancas, pero como independientes o en otros sectores.
Para el Frente Amplio, ya son historia. La declaración enfatiza que no tienen legitimidad para hablar en nombre del partido.
Este quiebre expone las tensiones internas entre el gobierno departamental y la estructura política del FA. Evidencia dos visiones contrapuestas sobre la gestión y la disciplina.
El Tribunal de Conducta Política deberá ahora analizar los antecedentes elevados. El proceso puede llevar tiempo, pero la condena política local ya está ejecutada.
La política de Salto entra en una nueva etapa de incertidumbre y reacomodo de fichas.
