«Hemos cambiado el altar por la oficina pública: donde todos piden y reclaman ser salvados; donde todos rinden adoración, tributo y pleitesía.»
EL ESTADO: LA NUEVA IGLESIA SIN DIOS
En política, la propaganda y la manipulación no tienen límites.
Hace apenas unos días, la Presidencia de la República difundió una serie de videos institucionales en los que distintos jerarcas, con un tono casi paternal, anunciaban que «aumentó el salario real», que «las jubilaciones crecieron por encima de la inflación», que «el gobierno protege a las familias», que «la economía está al servicio de la gente» o que habrá «más oportunidades, más igualdad y el Estado donde más se necesita».
Los políticos se han convertido en una suerte de evangelizadores. Predican un nuevo catecismo secular: «que el más infeliz sea el más beneficiado», «que los menos privilegiados sean los más fortalecidos», «hay que priorizar a quienes más lo necesitan porque la prioridad está en la gente», «que la recuperación llegue primero a quienes más la necesitan». Parece que el bienestar ya no depende del esfuerzo creador de los individuos, sino de la generosidad del poder político.
Una operación de ingeniería política donde los gobernantes hablan como si fueran ellos quienes producen la riqueza. Como si esos logros fueran de ellos. Como si el dinero naciera en los ministerios. Como si el bienestar fuera una concesión de los burócratas y no el fruto del trabajo de millones de personas.
Todo esto no es más que demagogia y manipulación. Se exhibe con orgullo lo que supuestamente te dieron, mientras se oculta cuidadosamente todo lo que antes te quitaron. La propaganda política muestra el beneficio mientras que la dura realidad te presenta la factura. Por más videos institucionales que se difundan y por más eslóganes que se repitan, el relato no puede sustituir la realidad. Ninguna campaña de comunicación alcanza para ocultar las dificultades que atraviesan miles de compatriotas ni para convertir en prosperidad las penurias que día a día padecen quienes todos los días generan la riqueza del país.
Así, la sociedad uruguaya ha permitido un muy peligroso avance de la maquinaria estatal, donde el Estado se ha convertido en el depositario de todas las esperanzas sociales. Es un ente omnipotente y omnipresente. Religioso. Devenido en una Iglesia sin Dios, donde no existe nada más allá de esa sagrada voluntad general que vela por nuestro bien común.
Esa alma abstracta y caritativa estatal que tiene el deber de salvarnos y proveernos de todo lo necesario, porque todo lo puede.
Hemos cambiado el altar por la oficina publica: donde todos piden y reclaman ser salvados; donde todos rinden adoración, tributo y pleitesía.
De esta forma somos testigos del nacimiento de un cumulo de movimientos sociales que giran alrededor de identidades: sexo, género, raza, etnia, orientación sexual, memoria histórica, sindicatos y muchas otras categorías, y que se erigen como victimas universales y eternas que esa “voluntad general estatal” tiene que salvar.
Ellos piden y el magnánimo Estado debe proveer.
Cada conflicto social que se genera exige una nueva ley que los privilegia. Cada demanda impone una nueva oficina pública, una nueva secretaría, un nuevo protocolo, un nuevo programa, un nuevo derecho, un nuevo presupuesto o una nueva política pública. Frente a cada problema humano, allí aparece la bendición del Estado, para dar, pero nunca para exigir.
Convertido en una auténtica divinidad secular, el Estado se atribuye la misión de conceder derechos, reparar injusticias y satisfacer toda clase de demandas sociales. Pero sus milagros tienen una particularidad: nunca los financia con recursos propios. Para cumplir los deseos de unos, mete la mano en el bolsillo de otros, incluso de quienes rechazan esas políticas y se niegan a rendir culto a esa nueva Iglesia política. Una curiosa Iglesia que llama «solidaridad» a lo que, en esencia, no es más que una transferencia forzada de riqueza. Una caridad ejercida con violencia, que no es virtud sino expansión del poder político.
En estas democracias socialistas – que de democráticas no tienen un pelo – el conflicto y el reclamo es un gran un negocio, y lo es tanto para la izquierda como para la derecha, pues convierten al político en ese ser magnánimo que aflora como árbitro absoluto de la vida social. Son una especie de demiurgos que integran la Iglesia estatal y que poseen una capacidad prácticamente ilimitada para satisfacer necesidades infinitas. Pero ningún político puede cumplir ese papel.
Nuestras frustraciones han sido trasladadas al terreno de la política. Cualquier deseo, emoción, identidad o aspiración termina convertido en una demanda política dirigida al Estado, con la expectativa de que sea el resto de la sociedad quien financie su satisfacción (¿de dónde creen que saca el dinero el Estado para otorgar canastas menstruales o dar una pensión por ser trans?). Sentimientos, emociones, reconocimiento, identidad, incluso el bienestar subjetivo, todo parece susceptible de ser subvencionado con dinero ajeno. Así, lo que antes pertenecía al ámbito de la responsabilidad individual o de la sociedad civil pasa a transformarse en una obligación política financiada coercitivamente.
Cada movimiento que exige privilegios bajo el nombre de «nuevos derechos» pretende que sus aspiraciones particulares sean costeadas por quienes nunca las solicitaron. Detrás del lenguaje de los derechos se oculta el recurso a la coacción y la violencia en contra de los que nada piden, y aquella utilización del poder del Estado para disponer del patrimonio ajeno. En definitiva, buscan satisfacer sus deseos metiendo la mano en el bolsillo de quienes producen, trabajan y sostienen con su esfuerzo la riqueza de la sociedad.
Y el poder político, que administra irresponsablemente lo ajeno, se convierte en el gran articulador de este mecanismo, y así se va consolidando el poder en los partidos políticos y en todas las organizaciones aledañas al poder que tienen peso e influencia, formándose toda una estructura viciada, oscura, inmoral, pérfida y putrefacta.
El Estado recibe atributos propios de una divinidad: omnisciencia para conocer todas las necesidades, omnipotencia para resolverlas y autoridad moral para definir qué reconocimiento merece cada grupo. Y esto es un delirio atómico.
La mayor decadencia de la sociedad uruguaya deriva en que hemos dejado de confiar en la responsabilidad individual, en la familia, en la comunidad, y hemos convertido al Estado en una iglesia sin Dios, elevado a simples burócratas a la categoría de redentores y al Estado a la condición de una divinidad terrenal, con la misión de satisfacer todas nuestras necesidades y de proveernos de todo aquello a lo que estamos obligados a proveernos por nosotros mismos. No conformes con ello, le exigimos que repare todas las injusticias, elimine todas las desigualdades, cure todas las heridas y haga desaparecer todos los conflictos humanos.
Pero ese es un milagro que ningún hombre puede realizar.
Y toda sociedad que espere de sus gobernantes lo que antes esperaba de Dios terminará sacrificando su libertad en el altar del poder.
