Este miércoles 25 de junio la Intendencia de Salto y el sindicato de funcionarios ADEOMS firmarán, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 26º Convenio Colectivo correspondiente al período 2015-2025. El acuerdo, que garantiza la estabilidad laboral de 292 funcionarios que ingresaron durante el actual período de Gobierno departamental, generó reacciones encontradas en el ámbito político y social, principalmente por su oportunidad: se da a tan solo dos semanas del cambio de autoridades, cuando el próximo 10 de julio asumirá como intendente el nacionalista Carlos Albisu.
En efecto, este convenio pone fin a un proceso de negociación colectiva iniciado en setiembre de 2024, durante la administración de Andrés Lima, y culmina con la gestión interina de la intendenta Ingrid Urroz. Los beneficiarios del acuerdo son trabajadores que ingresaron entre 2020 y 2025 y que aprobaron dos instancias de evaluación técnica con participación de jerarcas municipales, representantes gremiales y compañeros de sector, según resolución 2024/395. No obstante, el hecho de que se firme a tan poco del traspaso de mando despertó críticas desde sectores opositores, que entienden que compromete las decisiones del gobierno entrante.
El presidente del gremio, Juan Carlos Gómez dijo en conferencia de prensa que ninguna efectivización, ascenso o categorización se produjo de forma unilateral durante los diez años del actual Gobierno departamental. “El resultado de estos diez años ha sido la negociación colectiva, la voluntad de acordar y avanzar en conjunto. Ningún ascenso, efectivización o categorización fue unilateral. Todo se discutió y acordó con el sindicato”, afirmó. En este sentido, enfatizó que lo alcanzado transformó la vida laboral de cientos de trabajadoras y trabajadores municipales, fortaleciendo derechos y condiciones laborales que deben ser sostenidas y proyectadas en el próximo período.
No obstante, el momento elegido para la firma es motivo de cuestionamientos. Si bien el convenio se venía gestando desde hace varios meses, su concreción a menos de tres semanas del recambio político abre el debate sobre si este tipo de decisiones deben ser tomadas por una administración saliente o dejadas en manos de las nuevas autoridades. Desde la oposición se plantea la necesidad de revisar acuerdos que puedan condicionar al futuro intendente en materia de recursos humanos.
Desde el oficialismo se insiste en que se trató de un proceso legítimo que responde a un modelo de gestión orientado al respeto por los derechos laborales y a la profesionalización de la función pública. “Nos vamos con la frente en alto y el compromiso cumplido”, afirmó Chiriff.
Uno de los aspectos destacados por la actual administración fue el contexto financiero en el que se enmarca este convenio. Gustavo Chiriff detalló que la Rendición de Cuentas 2024 arrojó un superávit de 26.478.477 pesos, marcando el cuarto año consecutivo con resultados positivos. Además, las inversiones crecieron un 15% entre 2023 y 2024, y el “rubro cero” –que incluye todos los pagos salariales– representa hoy el 60% del presupuesto, el índice más bajo en los últimos 15 años. En 2015, ese rubro representaba el 75%.
Chiriff también recordó que al asumir el primer gobierno de Andrés Lima en 2015, la Intendencia contaba con 1.937 funcionarios. Hoy, según los datos del mes de mayo de 2025, esa cifra se redujo a 1.726, lo que representa una disminución significativa del aparato estatal en cuanto a personal, sin afectar los servicios públicos. “Nos vamos con la frente en alto, con compromiso cumplido y un equipo de trabajadores que ha acompañado el proceso con responsabilidad”, declaró.
La intendenta Ingrid Urroz ratificó la importancia de esta firma como cierre de un ciclo político-administrativo que apostó al diálogo y la construcción colectiva. “Este miércoles, en la DINATRA, vamos a sellar esta voluntad común de reconocer el trabajo de quienes han aportado a la gestión pública desde sus diferentes funciones. La estabilidad laboral que se otorga no es un premio, es un derecho que se construyó paso a paso”, manifestó.
Sin embargo, el tema seguirá generando discusión en los próximos días, ya que el nuevo gobierno encabezado por Carlos Albisu tendrá que pronunciarse sobre si respetará el acuerdo ya firmado o evaluará su viabilidad dentro de los márgenes legales y presupuestales disponibles.
