Vaya joyita y con un combo bastante peligroso de soberbia.
Analizando el panorama legal y el lío en el que se metió este empresario, la cosa se le viene bastante cuesta arriba por tres frentes claros:
El desacato y las amenazas (El frente penal)
Insultar a los funcionarios públicos y decirles «van a ser unos muertos de hambre siempre» ya es una falta de respeto descomunal, pero cruzar la línea a amenazarlos con negarles o empeorar su atención médica en el futuro («me las voy a cobrar» siendo radiólogo) es gravísimo.
Desacato: El Código Penal uruguayo castiga a quien ofenda la autoridad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o por causa de ellas.
Amenazas: Al haber una advertencia explícita de un daño futuro (en este caso, relacionado con la salud), la Fiscalía tiene argumentos de sobra.
La negativa a la espirometría (El frente de tránsito) Mucha gente cree que negarse a soplar la pipeta es una jugada maestra para evitar el «positivo», pero en Uruguay la ley es muy clara: la negativa se prescribe como presunción de culpabilidad.
Le cabe la misma sanción (o más severa) que si hubiera dado positivo con la tasa más alta.
Se expone a una multa económica pesada, la quita de la libreta de conducir por un período prolongado y el tribunal de faltas.
El costo reputacional.
Salto es una comunidad donde nos conocemos todos. Ser el dueño de un boliche bailable (un negocio que depende directamente de que la gente joven y el público local quieran ir a dejar su dinero ahí) y quedar escrachado de esta manera es un tiro en el pie comercial.
En resumen: Pasó de tener un probable control de tránsito rutinario a terminar la noche en la Seccional Tercera, con dos abogados corriendo a las apuradas y un expediente en Fiscalía que le va a salir bastante más caro que la billetera de «millonario» que tanto presumió.
