Entre lo legal, lo injusto y lo inmoral

Mucho tiempo hace que advertimos que la situación de los ediles departamentales era inmoral, aunque lo sea legal, porque además del legal no pago de patente para un vehículo de su propiedad, existían muchos pagos disfrazados, telefonía celular, con el aparato por supuesto, computadoras, y resarcimiento de gastos entre otros. ¿En que quedaba aquello de ediles “honorarios”?
Como nunca fuimos atendidos ahora la balconeamos y vemos como todos se rasgan las vestiduras “poniéndose a salvo” y tratando de convencer de que “yo no fui”. ¡Cuidado! Porque también hemos advertido del inminente peligro de que la decepción, el resentimiento y la bronca popular nos lleven al “que se vayan todos”, porque todos son iguales.
En primer lugar reiteraremos nuestra convicción de que los ediles no pueden seguir siendo honorarios, porque nadie puede pretender que alguien trabaje para la comunidad, poniendo dinero y tiempo de su bolsillo.
Pero una cosa hemos planteado siempre: para cumplir con los deseos de aquellos hombres que establecieron las funciones y retribuciones de cada uno, primero y prioritariamente habría que cambian la disposición constitucional que establece las funciones y condiciones del quienes desempeñan estos cargos. Porque es la única manera que todo se haga moral y legalmente limpio.
En segundo lugar para hablar de Salto Grande (donde hay en estos momentos algo así como diez ediles, además de importantes dirigentes del sector de Albisu y Coutinho), cuyo sueldo menor es de 83.387 pesos y el mayor supera los 250.000 mil mensuales). (fuente: crónicas de Mercedes).
Claro que la cuestión no es esta sino la de protestar y “patear la pelota hacia otro lado”. La “culpa y la preocupación”, la tienen los uruguayos que siguen yendo a la Argentina en manadas para aprovechar las ventajas del cambio…
De estos casos hay muchos y en todas partes. Los hubo y habrá siempre, pero como lo hemos dicho lo peor que podemos hacer es bregar para “se vayan todos” (entendemos que no todos son igaules), porque siempre habrá alguien que aproveche el descontento popular y aunque en principio diga lo que el pueblo quiere escuchar, terminará siendo saltar de la parrilla para caer en las brasas.
La gente que ingresó a Salto Grande no cometió delito alguno, pero cometió una injusticia y una inmoralidad aberrante. De todas formas aquello de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, nunca mejor empleado que en esto momentos, ¿o no conoce casos de gente que vota a “fulano”, porque espera un cargo? Mientras esto siga siendo así nadie ni nada puede quejarse.
Alberto Rodríguez Díaz