En una emotiva ceremonia, la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) inauguró su nueva sala cultural, un espacio destinado a la dignificación y desarrollo de la población privada de libertad.
La misma se logró mediante el apoyo del «Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País» del MEC.
La inversión fue del entorno de los 10 mil dólares y se convierte en la segunda sala mejor equipada de la ciudad.
El espacio queda abierto a actividades del barrio y las propuestas de las que participan los propios privados de libertad.
La directora del centro, María de los Ángeles Machado, agradeció a todos los presentes, destacando la importancia de la colaboración de distintas instituciones y la comunidad.
“Quiero agradecer muchísimo la presencia de los medios de comunicación, de los vecinos del barrio, de la gente del CAIF William, que siempre está presente con nosotros, de la gente de la Universidad de la República, apoyo incondicional para que esto se desarrolle de esta manera, de la Intendencia de Salto, que ha contribuido con apoyo sostenido durante todo el periodo de gestión. Y bueno, para nosotros es un placer que esto esté sucediendo”, expresó Machado en su discurso de apertura.
Uno de los puntos destacados por la directora fue el desafío que representa montar un espacio cultural en un centro penitenciario. En su intervención, destacó que la decisión de crear una sala multicultural no responde solo a una necesidad de infraestructura, sino a un compromiso con los derechos humanos.
“El montar un espacio cultural en un centro penitenciario no es menor. Nosotros entendemos que desde la gestión, un espacio cultural no solo dignifica a la población privada de libertad, sino que atiende a un derecho bastante vulnerado, que es el derecho al acceso a bienes y servicios culturales de la población que reside acá”, afirmó.
La jerarca reflexionó sobre la situación de los internos, mencionando datos preocupantes sobre la reincidencia en el sistema penitenciario: “Las personas que están en privación de libertad están comprendidas entre un rango etario que va de entre los 18 a los 35 años, una edad en la cual la salida laboral, la culminación de estudios debería ser trascendental. Esos son nuestros privados de libertad, de lugares vulnerables, de situaciones críticas y con un nivel de reincidencia que oscila aproximadamente en el 60% de las personas que están acá. Uno de cada tres reincide en el lapso menor a un año y siete de cada diez reinciden en el lapso de tres años.”
Una herramienta de integración social
En este contexto, la directora resaltó la importancia de proyectos como el de la sala cultural, que no solo ofrecen acceso a la cultura, sino que también se convierten en una herramienta de integración social.
“Pensar el acceso a este tipo de bienes y servicios culturales, el poder dotar una sala, este tipo de espacios con esta infraestructura, el poder que los internos puedan acceder a actividades que se desarrollan acá, no solo es dignificar la privación de libertad, sino también es poder generar la posibilidad de que en términos barriales este pueda ser un centro de referencia”, agregó.
Además, Machado destacó la colaboración de varias instituciones que hicieron posible este proyecto, entre ellas la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura. “El apoyo incondicional de la Universidad de la República para la ejecución de esto, ha sido el poder contar con Rafa desde el diseño hasta la ejecución, para nosotros ha sido trascendental. No lo hubiésemos podido nunca hacer si no hubiese sido de la mano de la ayuda de la Universidad”, expresó con gratitud.
Finalmente, invitó a la comunidad a apropiarse de este nuevo espacio, que no solo está dirigido a los internos, sino también a los vecinos y personas del entorno. “La idea es apropiarse en términos barriales de este espacio, la idea es programarlo, que se desarrolle, que lo disfruten y es el pensar cómo la cárcel tiene como otros cometidos de inserción que van más allá de la reja”, concluyó.
El proyecto fue liderado por el trabajador social Elcio Félix, y ejecutado el Sargento Fernando López, y el asesoramiento de Rafael Maciel.
