Grave crisis habitacional
La Cámara de Diputados aprobó un importante proyecto de ley para todo el país. La iniciativa busca agilizar la expropiación de inmuebles abandonados que mantienen deudas compensables con el Estado uruguayo. El texto recibió un amplio respaldo de ochenta votos en ochenta y tres legisladores presentes en la sala.
La propuesta había nacido originalmente en el Senado gracias al impulso del Frente Amplio. También contó en todo momento con el apoyo explícito de las autoridades del Ministerio de Vivienda. Ahora el proyecto debe regresar a la cámara alta por sufrir modificaciones de relevancia en su redacción original. Este avance legislativo intenta dar una respuesta rápida a un reclamo histórico de la sociedad civil. Los vecinos de Salto ven diariamente cómo muchas construcciones se caen a pedazos en sus barrios, tal es el caso del exfrigorífico “Las Pezuñas”, en pleno barrio Cien Manzanas, un inmueble que genera muchos problemas cuando podría ser utilizado con fines sociales.
La paradoja de las casas sin gente
El acceso a la vivienda es una realidad estructural muy compleja y grave en el Uruguay de hoy. Miles de personas viven actualmente en asentamientos irregulares o sufren situaciones de hacinamiento crítico en sus hogares. A pesar de esto, el último Censo Nacional reveló datos que llamaron la atención de todos los analistas.
En todo el territorio existen más de 97 mil viviendas totalmente vacías sin ninguna justificación clara. Estas propiedades particulares no están en alquiler ni se encuentran a la venta en el mercado inmobiliario actual. Tampoco funcionan como segundas residencias de uso temporal para las vacaciones familiares de los propietarios. Son estructuras cerradas que se deterioran cada día más y dañan la convivencia de los diferentes entornos urbanos. Como bien señaló el senador Óscar Andrade sobre este tema, la meta final es muy clara: “Ni casas sin gente, ni gente sin casas”. El desfasaje entre las necesidades de la gente y los inmuebles ociosos genera una enorme preocupación política. El Plan Quinquenal de Vivienda ya advertía sobre los grandes peligros de la segregación residencial en las ciudades.
Los números que golpean a Salto
Nuestra ciudad no es para nada ajena a esta difícil realidad habitacional que afecta a los uruguayos. Los datos oficiales del Censo de 2023 muestran un panorama que despierta alertas rojas en nuestro departamento. En Salto se registraron un total de 7.327 viviendas desocupadas durante el último relevamiento general del Estado.
Esta importante cifra representa el 13,9 por ciento de todo el parque inmobiliario construido en suelo salteño. Aunque es uno de los porcentajes de desocupación más bajos del país, el número absoluto impacta fuertemente. Son miles de techos que hoy en día no cumplen ninguna función social útil para la comunidad local. Muchos ciudadanos locales buscan un terreno apto para poder edificar su primera vivienda. Mientras tanto, cientos de estructuras permanecen totalmente olvidadas en los principales barrios de Salto.
El drama de nuestros asentamientos
El pasado mes de abril abordamos en las páginas de Diario El Pueblo la otra cara de esta misma moneda. La realidad nos golpea al ver la enorme precariedad habitacional en la que se desarrollan cientos de familias salteñas.
Salto enfrenta hoy una dura realidad social con un total de 32 asentamientos irregulares en todo el departamento. Según los datos oficiales recopilados, veinticinco de estos barrios se ubican en el área urbana y siete en el interior.
En estas comunidades habitan más de cinco mil salteños que sufren diariamente la falta de servicios esenciales. Nuestra crónica anterior reflejó que esta situación “es una herida abierta que requiere de mayor inversión y celeridad” administrativa.
El misterio de los inmuebles olvidados
El informe detallado del Instituto Nacional de Estadística explica con claridad el destino de estas fincas edilicias. Un 20,5 por ciento de esas casas vacías salteñas estaba disponible para comprar o alquilar al momento de realizar el censo. Por otro lado, un 11,1 por ciento se encontraba en plena fase de construcción o de reparación.
Sin embargo, el núcleo del problema radica en el porcentaje restante de los inmuebles de nuestro departamento. Se estima que unas 3.000 viviendas en Salto están abandonadas o no poseen un destino final claro. Muchas de estas fincas afectadas están ubicadas de forma estratégica en zonas céntricas y consolidadas de la ciudad. Tienen acceso directo a luz, agua corriente, redes de saneamiento y transporte público, pero siguen ociosas. Esto representa un valioso capital social y urbano que se está desperdiciando por completo desde hace años. El abandono crónico solo fomenta la inseguridad del entorno y arruina la estética de los espacios públicos.
El cambio clave en Diputados
La discusión reciente en la Cámara de Representantes no estuvo libre de debates entre los legisladores. El texto original que llegó desde el Senado planteaba un trámite de expropiación mayoritariamente administrativo y veloz. Los diputados decidieron modificar este punto central para otorgar mayores certezas jurídicas a los propietarios de los bienes.
La reforma principal aprobada introduce la participación obligatoria de un juez en todo el proceso expropiatorio. De esta manera, el nuevo mecanismo legal deja de ser un simple trámite burocrático de las intendencias. Ahora se convierte en un proceso judicial formal con plazos determinados y el debido respeto a las garantías. Esta modificación busca aplacar los lógicos temores de quienes defienden la propiedad privada de forma muy estricta. La vía judicial asegura que el dueño sea escuchado debidamente por magistrados antes de perder su derecho de posesión.
Garantías bajo la lupa
A pesar de los cambios introducidos en el texto, el proyecto no consiguió la unanimidad de los partidos. La bancada entera de Cabildo Abierto decidió votar en contra de la iniciativa en la cámara baja. El diputado colorado Juan Martín Jorge tampoco acompañó con su voto el documento en la definición final.
Las críticas de estos sectores se enfocaron en el riesgo de vulnerar los derechos tradicionales de los dueños. Para los opositores, el derecho a la propiedad privada debe resguardarse siempre sin ningún tipo de fisuras. Sin embargo, los defensores de la ley aclararon que el camino judicial cuidará los derechos constitucionales de todos. La intención real es rescatar los bienes muy degradados sin cometer injusticias con los ciudadanos de bien. El senador colorado Tabaré Viera defendió la legalidad de la norma por su fuerte respaldo en la Constitución. Según su visión técnica, acortar los tiempos de la administración responde directamente a una urgente necesidad pública.
Una herramienta para las cooperativas
El objetivo final de esta legislación es nutrir de forma constante las carteras de tierras de los departamentos. Las diferentes intendencias del interior del país sufren cotidianamente la falta de terrenos públicos bien ubicados y servidos. Históricamente, los movimientos cooperativos de vivienda debieron construir sus complejos en la periferia alejada de las ciudades.
Esta práctica forzada generaba una fuerte segregación territorial y encarecía la extensión de los servicios básicos esenciales. Con la vigencia de la nueva norma, las comunas podrán adquirir predios centrales mediante deudas compensables acumuladas. Esas deudas históricas con las intendencias o con la Agencia Nacional de Vivienda permitirán recuperar las fincas tapiadas. Estas parcelas céntricas serán destinadas de inmediato a viviendas.
El regreso al Senado
Debido a las modificaciones de redacción realizadas en Diputados, el proyecto debe cumplir un último paso legislativo. La iniciativa sobre inmuebles ociosos regresará en los próximos días a consideración de la Cámara de Senadores. Allí los legisladores evaluarán detalladamente los cambios sobre la intervención preceptiva de la justicia ordinaria uruguaya.
Los integrantes de las distintas bancadas esperan una ratificación ágil para promulgar la ley en este período. Existe un clima de diálogo constructivo entre las fuerzas políticas para empezar a solucionar el déficit habitacional existente.
