“Cuando el gobierno pretende salvarnos de todo, empieza por quitarnos lo único indispensable: la libertad.”
El poder político se reduce a dos facultades: impedir que unos lesionen los derechos de otros (prohibir matar, robar y esclavizar) y exigir a todos una parte del fruto de nuestros trabajos (obligar a pagar impuestos) para sostener ese orden. Prohíbe la agresión y obliga al pago de impuestos que financien la protección y la justicia. Esa es la única justificación de un gobierno: contener la violencia y arbitrar los conflictos. Ni una sola mas.
Si el gobierno se limitara estrictamente a esa misión —resguardar la seguridad y garantizar tribunales imparciales— su autoridad no sería enemiga de la libertad y esa contribución obligatoria, en ese marco, sería el costo que todos pagaríamos para vivir en una sociedad pacifica, con seguridad y orden. Ningún problema con ello.
El problema surge cuando el poder deja de ser árbitro y pretende convertirse en tutor. Cuando ya no se conforma con impedir la injusticia, sino que aspira a dirigir la vida de las personas para evitarles todo error y procurarles todo beneficio. En ese tránsito, el gobierno abandona su papel de garante y adopta el de guardián omnipresente o benefactor universal. Y ahí comienza el descalabro, la expoliación y los impuestos confiscatorios.
El gobierno que actúa como custodio moral termina prohibiendo conductas licitas que conciernen al ámbito de libertad del individuo, bajo el argumento de protegerlo de sí mismo. Puede hacerlo con intenciones nobles, pero la intención no borra el hecho: sustituye la decisión personal por la orden pública. El individuo por la burocracia. Y cuando la autoridad decide qué riesgos puede asumir un adulto responsable, la libertad deja de ser un derecho para convertirse en concesión.
El gobierno que se erige en proveedor universal como una especie de hada madrina tiene un gran problema que lo limita: el gobierno no puede crear riqueza por decreto, y entonces para otorgar beneficios a unos, debe antes tomar recursos de otros. La redistribución se presenta como un acto solidario, pero implica una transferencia forzada. Así, en nombre de la justicia social y el bien común, el político erosiona el principio esencial democrático de que cada persona es dueña del fruto de su trabajo.
Destruye la libertad individual y la propiedad privada de los ciudadanos, derechos que se sostienen mutuamente. Sin propiedad, no hay libertad ni autonomía. Sin autonomía, la propiedad desaparece. Cuando el poder político rebasa su función de proteger derechos y comienza a administrarlos, otorgarlos, moldearlos o intercambiarlos, deja de ser un instrumento de la libertad y se convierte en su amenaza para el ciudadano.
La línea es muy clara: un gobierno limitado a proteger contra la agresión y a impartir justicia es compatible con una sociedad libre. Un gobierno que aspira a dirigir conciencias, a proteger personas, a repartir privilegios, invade el terreno de las decisiones personales y del patrimonio ajeno.
Pongamos el punto sobre la i: la cuestión no es si el poder debe existir, sino hasta dónde debe llegar. Allí donde el gobierno rebasa la defensa de los derechos y entra en la administración de nuestras vidas, comienza el retroceso de la libertad.
