Cuando el saqueo se convierte en forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica.
Frédéric Bastiat
Mientras miles de uruguayos sobreviven con un salario mínimo que apenas ronda los $24.000, y muchos jubilados hacen malabares para estirar ingresos que ni siquiera alcanzan para cubrir lo básico, existe en el país una realidad completamente distinta. Una realidad que no aparece en las estadísticas de pobreza ni en los discursos sobre sacrificio y austeridad. Es la realidad donde vive la llamada “representación política”, lo que cada vez más ciudadanos llaman, y con razón, la casta.
En ese mundo, senadores, diputados y altos cargos del Parlamento cobran sueldos que van desde $400.000 (prosecretarios) hasta más de $800.000 mensuales (vicepresidente), sin contar viáticos, viajes, jubilaciones especiales, fueros, inmunidades y una serie de beneficios y partidas adicionales que elevan el costo real de cada legislador muy por encima de medio millón de pesos al mes. Dicho de manera simple: más de veinte veces el salario mínimo de un trabajador común.
Y estos salarios no son exclusivos del Parlamento. Niveles similares de remuneración se repiten en otros sectores del aparato estatal. Ministros del Poder Ejecutivo, subsecretarios, altos jerarcas de organismos públicos, miembros de la Suprema Corte y jueces de alto rango también perciben ingresos que se ubican muy, pero muy, por encima del promedio de la sociedad uruguaya.
La comparación resulta inevitable. Mientras la mayoría de la gente hace cuentas para ver cómo llega a fin de mes, la clase política vive en una economía completamente distinta. Pero esa distancia no es solo económica. También es moral e institucional. Porque aquí no estamos hablando simplemente de salarios altos, sino de algo mucho más profundo: un sistema que los propios políticos han construido para beneficiarse a sí mismos.
En Uruguay, ser político se ha convertido en un negocio extraordinario. Un negocio peculiar, porque quienes participan en él son quienes también escriben las reglas del juego. Son ellos mismos quienes fijan sus salarios, se autoimponen sus condiciones laborales, son quienes crean los beneficios y quienes diseñan un sistema que los protege y blinda mucho mejor que al ciudadano común. En otras palabras, se trata de un ecosistema donde los políticos deciden cuánto ganan y que privilegios tienen los políticos.
Si se mira el panorama completo, las cifras llaman poderosamente la atención. Uruguay tiene 99 legisladores entre diputados y senadores. Si cada uno le cuesta al Estado más de medio millón de pesos mensuales, los contribuyentes pagan más de 60 millones de pesos por mes solamente en salarios legislativos, lo que supera los 700 millones de pesos al año. Todo ese dinero sale, naturalmente, de los impuestos que pagan los mismos ciudadanos que muchas veces no logran llegar a fin de mes.
Un legislador gana más de veinte veces lo que gana un trabajador que cobra el mínimo. Dicho de otra manera, un trabajador debería trabajar casi dos años completos para ganar lo que un legislador percibe en apenas un mes.
Todo esto ocurre en un país pequeño como Uruguay, con apenas 3,5 millones de habitantes, cuyos legisladores se encuentran entre los mejores pagos de América Latina, incluso por encima de países muchísimo más grandes como Brasil o Argentina. Y lo más desconcertante es que esos ingresos no tienen relación alguna con la intensidad del trabajo ni con la productividad de la función.
Además de sus astronómicos salarios y todos sus fueros, los políticos han tenido la caradurez de imponerse condiciones laborales muy flexibles y favorables. Vean ustedes: las sesiones parlamentarias suelen concentrarse apenas dos días por semana, el calendario legislativo funciona aproximadamente nueve meses al año, con receso entre diciembre y marzo, y trabajan en este ritmo cansino hasta el 18 de cada mes. Mientras tanto, el ciudadano común trabaja cinco o seis días por semana, durante 44 o 48 horas mínimo, todo el año. La diferencia entre ambos ciudadanos del mismo país es abismal.
Sin embargo, la paradoja no termina ahí.
Desde ese lugar cómodo, protegido y financiado por impuestos, la clase política suele adoptar un tono moralista para criticar a quienes realmente sostienen la economía del país. Empresarios, emprendedores, productores e innovadores son frecuentemente señalados desde la tribuna política, a pesar de que son justamente esas personas las que arriesgan su dinero, su tiempo y su reputación para crear empresas, desarrollar proyectos y generar empleo…..Y PAGARLES SUS SALARIOS Y TODOS SUS PRIVILEGIOS!!!
Ellos arriesgan todo. Los políticos, en cambio, no arriesgan nada. Cobran lo mismo todos los meses, cuentan con fueros e inmunidades, disfrutan de privilegios que ningún ciudadano común posee y, aun así, se permiten dar lecciones a quienes generan la riqueza que financia al Estado. El cinismo es difícil de ignorar.
Pero la historia no termina allí. Cuando un legislador deja su cargo puede cobrar hasta el 85% de su sueldo durante un año entero (unos USD 8.500 dólares al mes, como mínimo). Un año completo percibiendo casi todo el salario. Y cada cambio de Gobierno emergen un ejército de cesados, así que ya puedes imaginar el despilfarro de tu dinero, que va a parar a un seguro de desempleo de privilegio para los políticos. Si se compara con lo que ocurre con la gente común, la diferencia vuelve a ser impactante. Cuando un trabajador pierde su empleo, el seguro de paro paga aproximadamente 66% del salario el primer mes, y ese porcentaje va bajando progresivamente mes a mes hasta cerca del 40%, con un máximo de seis meses.
En otras palabras, mientras el laburante recibe en promedio anual el 50% de su sueldo en caso de desempleo; el político percibe el 85%, es decir, el trabajador recibe menos dinero y durante menos tiempo, mientras el político recibe más dinero y durante mucho más tiempo. Y ese privilegio fue creado por los propios políticos que luego se benefician de él.
Pero quizás lo más sorprendente de todo este sistema es que, para acceder a él, no se exige prácticamente nada. Para trabajar como obrero, vendedor, limpiador o funcionario público se piden currículums, experiencia, referencias y pruebas de idoneidad. En cambio, para ser político, legislador y decidir sobre la vida de millones de personas no se exige título universitario, experiencia en gestión, antecedentes académicos ni ninguna demostración concreta de capacidad.
Basta con ganar una elección. O, en muchos casos, simplemente estar en la lista correcta del partido correcto.
El resultado de todo esto es cada vez más visible. Crece el descreimiento hacia la política, aumenta la distancia entre gobernantes y ciudadanos y se fortalece la sensación de que quienes toman decisiones viven en una realidad completamente distinta a la del resto de la sociedad. Un descredito total en el sistema democrático.
Y entonces aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede funcionar bien una democracia donde para barrer una calle se exige más currículum que para legislar sobre la vida de millones de personas?
El problema, es estructural. Sistémico. Un sistema que termina produciendo más políticos incapaces que emprendedores, más burocracia que oportunidades y más privilegios que libertad.
Así, lentamente, la democracia corre el riesgo de convertirse en algo muy distinto de lo que debería ser: un sistema donde una minoría privilegiada vive a costa del esfuerzo de la mayoría. La democracia termina siendo una forma de servidumbre entre amos opresores (elite política) y esclavos obedientes (el ciudadano común).
Y donde quienes pagan la cuenta y tienen puestas las cadenas siguen siendo siempre los mismos.
Los contribuyentes.
