Operadores del Mercado del Norte reclaman seguridad jurídica y transparencia ante el traslado a la Central Hortícola del Norte. Advierten por contratos vigentes.
La transición operativa hacia la Central Hortícola del Norte (CHN) parece haber ingresado en una etapa de revisión legal que podría redefinir los tiempos del proyecto. Según se desprende del reciente planteo del Dr. Gabriel Cartagena Sanguinetti, existiría una atmósfera de inquietud entre los operadores históricos del Mercado del Norte, quienes aparentemente perciben una falta de certezas sobre el destino de sus unidades comerciales y los contratos que actualmente los vinculan a su espacio de trabajo.
La representación legal, que incluye a firmas con un arraigo tradicional en el sector, sostiene que el asunto trasciende lo administrativo para convertirse en un tema de interés público regional. Es probable que la magnitud del impacto social —estimado en unas cien fuentes de empleo— sea el factor que impulse la necesidad de una resolución que no solo sea técnica, sino también política y socialmente responsable.
La probabilidad de un conflicto normativo
De acuerdo con lo expuesto por la asesoría letrada de los operadores, el eje de la controversia se centraría en el principio de transparencia. Según se indica, los comerciantes reclaman el acceso a los contratos celebrados o proyectados en la nueva central, bajo la premisa de que la reserva de información sería injustificada en un proceso de transformación regulado por organismos públicos.
Es razonable suponer que, de no mediar una apertura informativa, la incertidumbre sobre las condiciones de acceso a la CHN podría generar un distanciamiento mayor entre el sector privado y las autoridades. La seguridad jurídica, citada como un pilar en este reclamo, sugiere que cualquier decisión que afecte la operatividad actual debería, en teoría, estar blindada por un sustento normativo que hoy los operadores no ven con claridad.
Contratos vigentes y el riesgo de reparaciones
Uno de los puntos más delicados del informe refiere a la vigencia de los contratos de arrendamiento en el Mercado del Norte. Según dice el Dr. Cartagena, habría operadores con situaciones jurídicas consolidadas por al menos dos años más. Desde una perspectiva legal, existe la posibilidad de que cualquier intento de traslado compulsivo o cierre del mercado actual sea interpretado como una vulneración de derechos adquiridos.
«El planteo busca evitar conflictos innecesarios y procurar una solución institucional, transparente y jurídicamente fundada», sostiene el profesional, indicando que la intención primordial sería el diálogo para evitar una escalada judicial.
De confirmarse esta postura, es probable que las autoridades deban evaluar esquemas de coexistencia o cronogramas de transición mucho más flexibles para evitar posibles reclamos por lesiones antijurídicas o reparaciones patrimoniales. El escenario futuro dependería, según se infiere, de la celeridad con la que se concrete la instancia de diálogo solicitada y de la capacidad de las partes para establecer reglas de juego claras en un contexto económico que, para el sector productivo, se presenta complejo.
