La firmeza del Decreto 7.668/2025 marca un antes y un después en el ordenamiento territorial del departamento. Tras el naufragio de los intentos de bloqueo liderados por sectores que en el sur del país promueven lo que aquí cuestionan, Salto accede finalmente a una herramienta de desarrollo urbanístico clave. Ahora, el desafío es transformar la seguridad jurídica en empleo genuino para una economía local que no admite más demoras.
La confirmación definitiva del Decreto N.º 7.668/2025 no debería leerse simplemente como una victoria de una administración de turno, sino como el cierre de un capítulo de incertidumbre que mantuvo a Salto en una posición de desventaja comparativa frente al resto del país.
Al quedar firme la revisión parcial del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, nuestro departamento finalmente despeja el camino para la creación de barrios privados, una modalidad de vivienda que, más allá de los sesgos ideológicos, representa una fuente de inversión y trabajo que Salto no podía seguir ignorando por más tiempo.
El naufragio del recurso y la denegatoria ficta
Este desenlace llega tras un proceso que dejó al desnudo las tensiones políticas y las visiones encontradas sobre el desarrollo. Durante meses, el departamento asistió a una disputa donde se pretendió frenar una normativa que ya contaba con el respaldo de la soberanía departamental. El hito que hoy comentamos surge tras la caída del recurso de apelación interpuesto ante la Cámara de Representantes, bajo el amparo del artículo 303 de la Constitución.
Dicho recurso, impulsado por un grupo de ciudadanos encabezado por el ingeniero Rogelio Texeira, buscaba anular el decreto mediante la recolección de firmas, apostando por una vía legal que finalmente no encontró eco en el Parlamento nacional.
Como explicó el presidente de la Junta Departamental de Salto a EL PUEBLO, al cumplirse los plazos sin una resolución expresa, la «denegatoria ficta» ha puesto punto final a la discusión administrativa, otorgando a la norma el estatus de Ley Departamental con plena validez.
La asimetría del discurso: ¿progresismo en el sur, traba en el norte?
Resulta necesario, desde una perspectiva periodística crítica, analizar los actores y los discursos que intentaron bloquear esta iniciativa. El 30 de julio del pasado año, la presentación del recurso por parte de Rogelio Texeira fue el punto culminante de un movimiento que se opuso férreamente al nuevo plan de ordenamiento.
Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es la asimetría en el discurso político. Mientras en Salto se movilizaban recursos y firmas para impedir la llegada de barrios privados, en otros puntos del país, particularmente en Montevideo y Canelones —departamentos gestionados desde hace décadas por el Frente Amplio—, esta modalidad de vivienda no solo está plenamente habilitada, sino que «pulula» y se ha consolidado como un motor de ingresos fiscales y desarrollo suburbano.
Esta paradoja se hizo aún más evidente cuando el ex Secretario General de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, se pronunció el 15 de setiembre calificando la iniciativa de «antipopular». Cabe preguntarse: ¿por qué un modelo urbanístico es considerado válido y progresista en el área metropolitana y se etiqueta como «antipopular» cuando se intenta aplicar en el norte? La contradicción es flagrante.
Parecería que existe una visión centralista que entiende que el desarrollo de alto estándar es un derecho del sur, mientras que para Salto se reserva una visión restrictiva que termina por asfixiar las oportunidades de inversión local. Calificar de «antipopular» a una normativa que genera cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en la construcción, servicios y mantenimiento, es, por lo menos, una mirada miope de la realidad socioeconómica de nuestro departamento.
Defensa de la autonomía en el ámbito parlamentario
La defensa de esta normativa no fue un camino sencillo. El pasado 4 de marzo, la comparecencia ante la Cámara de Diputados de una delegación salteña integrada por el secretario general Walter Texeira Núñez y el presidente de la Junta Departamental Enzo Molina, fue determinante. Allí se expusieron los fundamentos de un decreto que no nació del capricho, sino de la necesidad de modernizar las reglas de juego en el territorio.
Es importante destacar que la iniciativa fue ratificada por la actual Junta Departamental con un respaldo unánime, lo que demuestra que, más allá de las voces críticas externas, existe un consenso político local —que atraviesa a todos los partidos— sobre la urgencia de dotar a Salto de herramientas competitivas para atraer capitales.
Desde un punto de vista progresista para Salto, la firmeza de este decreto es una noticia que debe celebrarse por su impacto en la economía real. No estamos hablando de un privilegio para pocos, sino de la democratización de la oportunidad de inversión. Hasta hoy, quien deseaba invertir en este tipo de desarrollos inmobiliarios debía mirar hacia otros departamentos o hacia el otro lado del río Uruguay.
Salto perdía capitales, perdía mano de obra y perdía ingresos por concepto de contribución inmobiliaria que podrían volcarse luego en obras para los barrios más necesitados de la ciudad. La creación de barrios privados bajo un marco jurídico claro permite que el crecimiento sea planificado y no espontáneo, asegurando que los desarrolladores asuman los costos de infraestructura que, de otra forma, terminaría pagando el contribuyente común.
El impacto en el empleo y la dinamización económica
El sector de la construcción, uno de los más golpeados por la inestabilidad económica regional, recibe con este decreto una señal de confianza. La edificación de estos complejos habitacionales requiere desde peones y oficiales hasta arquitectos, ingenieros y agrimensores salteños. Además, una vez consolidados, estos barrios demandan servicios permanentes de seguridad, jardinería, mantenimiento y administración. En un departamento con tasas de desempleo que nos obligan a ser creativos y audaces, cerrar la puerta a estas opciones por «bloqueos ideológicos» resultaba un lujo que no podíamos permitirnos.
La caída del recurso presentado por Rogelio Texeira y el fracaso de la retórica de Chiriff marcan, esperamos, el fin de una etapa de palos en la rueda. Salto necesita integrarse a las dinámicas de desarrollo nacional sin complejos de inferioridad. La certeza jurídica obtenida tras la comparecencia en el Parlamento y la posterior vigencia de la norma, pone a nuestro departamento en igualdad de condiciones con el resto del país. Ya no hay excusas legales para que los proyectos urbanísticos no avancen.
Hacia un desarrollo moderno y planificado
En definitiva, lo que ha ocurrido es la validación de la autonomía departamental frente a los intentos de tutelaje político. Salto ha decidido, a través de sus instituciones y superando las trabas administrativas, que quiere un desarrollo planificado y moderno.
La habilitación de los barrios privados no es el fin del camino, sino el comienzo de una etapa donde la gestión del suelo debe ser utilizada para mejorar la oferta inmobiliaria y, sobre todo, para dar un respiro a la economía local.
El tiempo de la disputa política estéril debe dar paso al tiempo de las obras y el trabajo. Salto, finalmente, tiene las reglas claras; ahora solo resta que la inversión privada responda a esta seguridad jurídica para que los beneficios se sientan en la calle, en el comercio y en el hogar de cada trabajador salteño que hoy ve una nueva luz de esperanza en su horizonte laboral.
