Un arresto que sacude a Salto

Cuando los vecinos de la calle El Palomar en la ciudad de Salto vieron llegar varios patrulleros la mañana del viernes 26 de septiembre de 2025, pocos sabían que detrás de esa puerta llevaba casi dos décadas escondido un hombre buscado a nivel internacional. Se trataba de Juan José Sant’Anna Trinidad, un exsacerdote salesiano uruguayo acusado en Bolivia de haber abusado sexualmente de al menos 30 menores entre 2005 y 2007 en el internado rural Monseñor Ángel Gelmi de Tapacarí. Su arresto reavivó un expediente judicial que había quedado congelado desde hacía quince años y puso bajo la lupa la responsabilidad de instituciones y encubridores.

Un historial de abusos en Tapacarí

Sant’Anna llegó a Bolivia en 2005 para dirigir la ala masculina del internado salesiano Ángel Gelmi en Tapacarí, un pueblo aislado en el departamento de Cochabamba. La prensa boliviana sostiene que estaba a cargo de 72 varones quechuas de entre 8 y 17 años en situación de vulnerabilidad. Testimonios recogidos por medios locales describen un patrón de manipulación: el exsacerdote invitaba a los niños y adolescentes a su habitación, cerraba la puerta con llave y los sometía a distintos vejámenes sexuales, desde la masturbación hasta relaciones anales. Algunos menores relataron que el cura les ponía películas para ganar su confianza antes de agredirlos. La magnitud de los abusos llevó a un grupo de religiosas a denunciarlo ante el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de Cochabamba en noviembre de 2007.

El entonces arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, realizó una conferencia de prensa en 2007 para admitir públicamente que uno de sus sacerdotes había cometido “abusos deshonestos” contra menores albergados en un internado. La Iglesia prometió colaborar con la justicia y comenzó el proceso para expulsarlo del sacerdocio, algo que se concretó en 2011. Sin embargo, Sant’Anna ya había escapado de Bolivia un mes antes de la denuncia: abordó un autobús y se refugió en la casa de sus padres en Salto, Uruguay, donde pasó 17 años prácticamente sin salir de su vivienda.

Un prófugo a la vista de todos

Pese a tener una orden internacional de captura y una alerta roja de Interpol, Sant’Anna vivió en Salto sin que la policía lo localizara. Según reveló una investigación de El País de Uruguay, llevaba una vida discreta, ocupándose del jardín y saliendo a caminar al atardecer. Cuando la periodista del diario lo confrontó, el exsacerdote intentó evitar el tema: dijo que la situación era “muy dolorosa” y que prefería no hablar. También afirmó haber abandonado voluntariamente la Iglesia Católica y no haber recibido apoyo psicológico, pero no aportó explicaciones sobre las acusaciones.

La apatía de las autoridades uruguayas frente a su paradero resulta desconcertante. La fiscal uruguaya Daniela Revello reconoció que la orden de captura internacional había quedado en pausa desde 2010 y que solo se reactivó después de que una investigación periodística revelara dónde se escondía. La falta de seguimiento permitió que Sant’Anna continuara su vida en su ciudad natal mientras las víctimas bolivianas esperaban justicia.

El operativo de captura en Salto

El viernes 26 de septiembre de 2025 la situación cambió. Interpol Uruguay ejecutó la alerta roja y agentes se presentaron en la casa familiar de Sant’Anna en Salto. De acuerdo con Infobae, el exsacerdote se encontraba “arreglando las plantas” cuando un agente le pidió que lo acompañara; poco después salía esposado de la vivienda. La policía lo trasladó a Montevideo, donde un juez ordenó su detención preventiva mientras se tramita la extradición. El operativo fue posible gracias a la notificación roja activada en 196 países y confirmada por la Policía uruguaya en menos de 24 horas.

La fiscal Revello explicó que el exreligioso permanecerá detenido en Uruguay hasta que Bolivia formalice la solicitud de extradición. Según el director nacional de Interpol Bolivia, coronel Carlos Bazoalto, la justicia uruguaya otorgó un plazo de 40 días para que el Estado boliviano gestione el traslado. Bazoalto recordó que el caso tiene acusaciones por violación y abuso sexual contra al menos 30 menores y que, aunque Sant’Anna fue declarado rebelde años atrás, recién ahora hay avances.

La extradición y las investigaciones pendientes

El Ministerio Público de Bolivia declaró que la extradición es prioritaria y que se están realizando gestiones para que el acusado comparezca ante un tribunal que fije audiencia de juicio. El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, aclaró que el caso mantiene “especial relevancia” y que no se descarta ampliar la investigación a otras personas que podrían haber encubierto o ayudado a Sant’Anna a escapar. Las autoridades bolivianas también actualizan información sobre la declaración de rebeldía y la orden de aprehensión, elementos necesarios para que Uruguay conceda la extradición.

Mientras tanto, organizaciones de sobrevivientes en Bolivia como la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) exigen que una vez extraditado se le imponga la pena máxima prevista de 30 años y que se investigue si contó con ayuda para huir. La prensa boliviana recuerda que los abusos de Sant’Anna salieron a la luz en un contexto de creciente escrutinio sobre casos de pederastia en internados religiosos; investigaciones recientes en Bolivia revelaron cómo la Iglesia había encubierto al jesuita español Alfonso Pedrajas y a otros sacerdotes abusadores.

¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia?

Aunque el Vaticano expulsó a Sant’Anna del sacerdocio en 2011, queda la duda de si hubo encubrimiento previo. Durante su fuga, el exreligioso continuó recibiendo protección familiar y no enfrentó consecuencias civiles. El obispo salteño de la época, Pablo Galimberti, declaró que la diócesis informó a Roma de la situación y que la desvinculación se realizó por la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, no se conocen sanciones canónicas posteriores ni un acompañamiento formal a las víctimas.

El caso Sant’Anna vuelve a cuestionar el papel de la Iglesia Católica y de los Estados en la persecución de abusadores sexuales. ¿Cómo es posible que un exsacerdote acusado de violar a decenas de niños haya vivido casi dos décadas en su país sin ser detenido? ¿Quiénes fueron los responsables de omitir la orden internacional de captura? Más allá de la extradición inminente, la sociedad uruguaya y boliviana deben responder a estas preguntas si quieren evitar que la impunidad se repita.

Camino al juicio

Con Sant’Anna bajo custodia, Bolivia tendrá que demostrar que la investigación está lista para el juicio. Los fiscales bolivianos sostienen que las pruebas incluyen declaraciones de más de una treintena de víctimas y testigos, así como informes médicos y psicológicos. También pesan en su contra las propias entrevistas en las que el exsacerdote admitió haber mantenido conductas impropias pero calificó el asunto como “difícil” y “doloroso”. Si la extradición se concreta en el plazo de 40 días, el proceso judicial podría iniciarse antes de fin de año.

Las víctimas y sobrevivientes reclaman que esta vez no haya dilaciones ni encubrimientos. La historia de Sant’Anna demuestra que el silencio y la falta de vigilancia pueden traducirse en décadas de impunidad. Su traslado a Bolivia no solo será un acto de justicia para quienes sufrieron en Tapacarí, sino también un precedente para otros casos de abuso dentro de instituciones religiosas.