Mientras en Uruguay se multiplican los discursos sobre equidad, inclusión y acceso universal a la salud, cientos de familias siguen enfrentando una realidad brutal: la posibilidad de continuar viviendo depende de ganar un juicio contra el Estado.
La discusión sobre los medicamentos de alto costo dejó hace tiempo de ser únicamente sanitaria. Hoy es un debate profundamente jurídico, ético y político. Y en ese terreno, el país mantiene una contradicción difícil de justificar frente al texto más claro de nuestra Constitución.
El artículo 44 establece que el Estado debe legislar y actuar para proteger la salud de los habitantes. No habla de rentabilidad. No habla de equilibrio financiero del sistema. Mucho menos condiciona el acceso a tratamientos a cálculos presupuestales o a negociaciones con laboratorios. Habla de protección de la salud como deber esencial.
Sin embargo, en la práctica, ese mandato constitucional termina relativizado por dos factores que pesan cada vez más: la recaudación estatal vinculada a la industria farmacéutica y el enorme poder económico de los laboratorios internacionales.
La consecuencia es evidente. Pacientes con enfermedades graves deben iniciar recursos de amparo para obtener medicamentos que pueden significar meses o años más de vida. Familias enteras realizan rifas, campañas solidarias y colectas públicas para acceder a tratamientos que un Estado constitucionalmente garantista debería asegurar sin necesidad de judicialización.
Y lo más preocupante es que se intenta instalar la idea de que quienes recurren a la Justicia están abusando del sistema, y no es así, el verdadero abuso es otro.
El abuso es que una persona con cáncer, una enfermedad genética o una patología degenerativa tenga que transformarse en expediente judicial para ser escuchada.
El abuso es que el acceso a la salud dependa de la capacidad de contratar abogados o soportar años de trámites administrativos.
El abuso es que se pretenda responsabilizar al ciudadano por reclamar derechos que la propia Constitución reconoce.
Resulta llamativo escuchar críticas hacia los recursos de amparo cuando muchas veces son el único mecanismo eficaz para evitar daños irreparables. Si el sistema administrativo respondiera en tiempo y forma, los amparos disminuirían naturalmente. La judicialización no es el problema central: es la consecuencia de un sistema que llega tarde.
También existe una discusión incómoda que el país evita enfrentar con firmeza: el precio de determinados medicamentos es sencillamente escandaloso. La industria farmacéutica global mueve cifras multimillonarias y en numerosos casos fija valores imposibles para países pequeños como Uruguay. Allí el Estado debería asumir una posición mucho más dura en materia de negociación, regulación y transparencia.
Porque detrás de cada expediente hay personas concretas. Niños. Adultos mayores. Pacientes oncológicos. Familias desesperadas.
No se puede transformar el derecho a la salud en una ecuación de mercado.
La Constitución uruguaya no consagró el derecho a la salud únicamente para quienes entren dentro de una planilla multicriterio o de una previsión presupuestal, lo hizo para todos los habitantes.
Y cuando el artículo 44 deja de aplicarse plenamente por razones económicas o por presión indirecta de intereses vinculados a la industria farmacéutica, lo que se debilita no es solo el sistema de salud: se debilita el propio Estado de Derecho.
Uruguay necesita discutir seriamente una política nacional sobre medicamentos de alto costo. Pero esa discusión debe partir de un principio innegociable: la vida humana no puede quedar subordinada a balances financieros ni a estrategias de mercado.
Porque cuando un ciudadano debe acudir a la Justicia para intentar sobrevivir, el sistema ya llegó demasiado tarde. GECS.
