EL DELIRIO LEGAL DEL GENERO

En Uruguay, menos del 0,1% de la población padece disforia de género: un trastorno reconocido por la psiquiatría, que afecta la percepción del propio sexo biológico. Y, sin embargo, ese número ínfimo ha bastado para que el Estado legisle una ley de privilegios, subvenciones, cirugías estatales, cuotas laborales y políticas de “perspectiva de género” que ahora atraviesan todas las secretarías del país.

A lo largo de los años, en forma paulatina, sigilosa, pero sin descanso, se ha creado una maquinaria inmensa del Estado destinada al género, que resulta completamente inmoral e injustificable.

La Ley 19.684, conocida como la “Ley Integral para Personas Trans” es un mamarracho jurídico. No sólo por su mala técnica legislativa, sino porque constituye una afrenta a la ciencia, a la naturaleza humana, a la razón, al sentido común y al propio espíritu del derecho.

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Pero el problema es más profundo: somos nosotros, los abogados, unos de los principales responsables. Positivistas hasta la médula, hemos perdido la capacidad de juzgar la moralidad de las leyes. Aplicamos sin pensar, sin discusión. Celebramos sin entender. Sacralizamos la ley como si bajara del cielo, cuando en realidad la fábrica un Parlamento que está integrado por personas falibles, de carne y hueso, con vicios y defectos, que son presionados por lobbies ideológicos y colectivistas.

UNA LEY SIN CIENCIA, SIN VERDAD, SIN LOGICA

La Ley 19.684 parte de un dogma: que el “género” no es una realidad biológica sino una construcción subjetiva, interna, que el Estado debe reconocer, validar y promover. Pero esa afirmación no tiene ningún respaldo científico serio.

El Dr. Paul McHugh, psiquiatra jefe del Hospital Johns Hopkins, lo expresa claramente:

“El sexo está determinado por la biología: cromosomas XX para mujeres, XY para varones. No hay identidad autopercibida que altere ese hecho.”

La biología molecular lo confirma:

“El sexo está codificado en cada célula del cuerpo humano.” (Human Molecular Genetics, Cambridge University Press)

¿Desde cuándo los burócratas pueden modificar la realidad biológica o reescribir la ciencia? ¿En qué momento la auto-percepción individual pasó a convertirse en una categoría jurídica válida? Si mañana alguien dice percibirse como Superman, ¿tendremos la obligación de proporcionarle un traje y una capa para que vuele por la rambla? ¿Deberá el Estado costearle un pasaje de regreso a las ruinas de Krypton?

Si una niña de 30 kilos se percibe a sí misma como obesa, aunque todos veamos que está peligrosamente delgada, y comienza a inducirse el vómito, ¿acaso la respuesta médica sería ponerla a dieta y programarle una liposucción?

Claro que no. La trataríamos. Le diríamos la verdad. Buscaríamos ayudarla a reconciliar su mente con su cuerpo, no a profundizar la distorsión que la está llevando a la autodestrucción.

¿Por qué, entonces, cuando una persona se percibe del sexo opuesto —negando la evidencia de su cuerpo, de su ADN, de su anatomía— le ofrecemos como “tratamiento” cambiar su identidad legal, hormonarse artificialmente, lo premiamos otorgándole privilegios estatales y lo sometemos a cirugías irreversibles que mutilan órganos sanos?

¿Por qué validamos su conflicto en lugar de comprenderlo y acompañarlo con responsabilidad médica y ética? ¿Por qué afirmamos su disforia en lugar de ayudarle a superarla?

La medicina jamás debe mentir para complacer. Y el derecho no puede institucionalizar una disociación entre mente y cuerpo sin consecuencias. Porque el cuerpo, como realidad biológica objetiva, no se equivoca. Es la mente —herida, confundida o manipulada— la que puede extraviarse. Y nuestra tarea no es reforzar el extravío, sino restablecer la verdad que sana.

Esta ley está lejos de ser inclusión. Es negación de la verdad. Es daño. Es legislar sobre una mentira no sólo es jurídicamente inaceptable, sino socialmente destructivo.

UNA LEY INMORAL: privilegiar al 0,09% a costa del 99,9%

En lugar de atender médicamente a quienes sufren disforia, esta ley exige al Estado —es decir, a todos nosotros— que financie su percepción subjetiva como si fuera una verdad objetiva. Terapias hormonales, cirugías mutilantes, subsidios económicos, cuotas laborales, exoneraciones carcelarias. Todo eso, mientras el resto de la población no tiene esos privilegios y se esfuerza para llegar a fin de mes, mantener a sus hijos o espera años por una cirugía oncológica.

¿Dónde está el principio de justicia distributiva? ¿Dónde el bien común? ¿Dónde la racionalidad del gasto público?

Y peor aún: esta ley convierte en política de Estado una visión ideológica —la teoría de género— que no es científica ni neutral, sino una construcción cultural reciente, altamente debatida y con consecuencias destructivas para la familia, la infancia y la convivencia democrática.

UNA LEY ANTINATURAL: contra la familia, contra la infancia, contra el sentido común

La Ley Trans pervierte la inocencia y mente de nuestros niños. El adoctrinamiento sexual del genero es inmoral y los confunde. Una ley que habilita a niños a hormonarse, e incluso operarse, con aval médico y estatal. Niños que no pueden votar, no se pueden tatuar ni comprar alcohol, ni firmar un contrato ni casar…pero resulta que para la ley si son maduros para “decidir” sobre su identidad sexual y se les permite cambiarla, sin consentimiento de sus padres. Incluso, si el niño tiene la mala suerte de tener padres insensatos el Estado permite “cambiarle el sexo”, una cirugía irreversible y aberrante.

¿Dónde está el principio de protección del menor? ¿Dónde quedó la patria potestad?

¿Acaso no advierten los terribles efectos para salud de hormonizar a un niño? ¿Acaso piensan que ingerir estas hormonas y bloqueadores es como comer un caramelo? ¿Acaso creen que no tiene consecuencias terribles para la salud?

Los bloqueadores de la pubertad, la ingesta de estrógenos o testosterona puede causar daños irreversibles a la salud de un niño: daños óseos (riesgo de osteoporosis), impacto en el desarrollo neurológico, depresión, ansiedad, daño a su corazón, riesgo de infertilidad, cambios físicos irreversibles, puede producir diversos cánceres, dañar el riñón y el hígado, entre otros. Suministrar estos medicamentos y realizar este tipo de tratamientos es un verdadero abuso en contra de un niño y me resulta inaudito que esta aberración sea legal. Lo digo fuerte y claro.

El Código Civil uruguayo establece que los menores carecen de plena capacidad jurídica. Sin embargo, esta ley permite que realicen actos de consecuencias irreversibles, bajo la ficción de la “autonomía progresiva”. Eso no es derecho: es ingeniería social encubierta.

Y más allá del niño, se ataca la estructura familiar al diluir la distinción padre/madre en nombre del “género autopercibido”, extinguiendo la identidad de sus integrantes, imponiendo un lenguaje, una visión del mundo, una ideología.

UNA LEY QUE SE METE EN TU CABEZA: lenguaje obligatorio y pensamiento vigilado

No alcanza con aceptar que alguien se autoperciba de un modo distinto a su realidad biológica. La Ley 19.684 te obliga a hablar como si esa percepción fuera una verdad objetiva. No importa si creés en la biología, si tu conciencia te dice otra cosa, si tu formación médica, científica o religiosa discrepa. Si no tratás a alguien por el “género” que declara —aunque sea absurda o contradictoria esa declaración— podés ser acusado de discriminación, hostigamiento o incluso incitación al odio.

Estamos, literalmente, ante un lenguaje legalmente obligatorio. Y como ya sabemos por la historia, donde se regula el lenguaje, se regula el pensamiento.

Esto ya no es derecho. Es ingeniería cultural impuesta por ley.

Es la colonización de la mente por parte del Estado. No alcanza con que no agredas: tenés que reconocer, afirmar y validar una construcción ideológica subjetiva. No hacerlo es “discurso de odio”. Pero ¿desde cuándo la verdad se define por consenso? ¿Desde cuándo es delito usar un pronombre acorde al sexo biológico?

La ley no solo subvierte el derecho: penaliza el pensamiento crítico. Penaliza la conciencia biológica. Penaliza la objeción. Y eso es incompatible con cualquier democracia sana.

¿Y DONDE ESTA EL DERECHO? Callado. Cómplice. Cobarde.

Lo más escandaloso no es la ley. Es nuestro silencio. Los colegios de abogados aplauden. Las facultades callan. Los jueces aplican. Los legisladores se alinean. Nadie piensa. Nadie discute.

Es mas, resulta que ahora la ciencia es cómplice de este delirio y la facultad de medicina incorpora una materia que es “Diversidad Sexual”. Si Señores, el género invade hasta las ciencias duras. Increíble, pero es así.

Lo cierto es que, anestesiados completamente, hemos dejado de ser juristas. Nos hemos vuelto técnicos de la norma. Ciegos operadores del positivismo. Pero como decía Radbruch, jurista que vivió el nazismo:

“El derecho separado de la justicia no es más que técnica normativa al servicio del poder.”

Y en Uruguay, ese poder hoy lo ejerce una ideología que no tolera el disenso. Criticar esta ley es “transfobia”. Dudar es “odio”. Preguntar es delito moral. Pero el derecho no puede ser rehén del miedo.

Hoy es un acto de rebelión decir la verdad, la que todo vemos, la que todo compartimos y decidimos callar, ciegos ante un avance del Estado en lo más íntimo de tu ser, hombres masa que vemos el disparate ideológico que se nos quiere imponer, con consecuencias nefastas para nuestros hijos y toda la sociedad, y decidimos callar, seguir en nuestros asuntos, vivir una mentira, pensando ingenuamente que esa realidad no nos va tocar.

CONCLUSION: entre la ley y la verdad, el derecho debe elegir

Hoy, en esta época de consignas y miedos, decir la verdad se ha convertido en un acto de rebelión.

La verdad que todos vemos, la que todos intuimos, la que compartimos en susurros pero evitamos pronunciar en voz alta. La realidad biológica, objetiva, evidente… esa que decidimos ignorar por comodidad, por miedo, o por costumbre. Ciegos —o peor aún, cobardes— ante un Estado que avanza sobre lo más íntimo: tu conciencia, tu lenguaje, tu identidad más profunda.

Nos hemos convertido en hombres masa, espectadores pasivos del absurdo. Vemos cómo se nos impone una ideología que niega la naturaleza, distorsiona la ciencia y mutila la realidad. Sabemos que esto tiene consecuencias nefastas para nuestros hijos, para la educación, para la familia y para el tejido entero de la sociedad. Y aun así… callamos.

Nos refugiamos en nuestros asuntos privados, fingimos que “no es para tanto”, nos convencemos ingenuamente de que esta locura no nos va a tocar. Pero el delirio no pide permiso. El silencio de hoy es la servidumbre de mañana.

Una ley que niega la biología, la ciencia y el sentido común no es un avance. Es una rendición. El derecho fue creado para proteger la verdad, la justicia, la dignidad humana. No para consagrar ficciones ideológicas ni destruir los pilares de la civilización.

La Ley 19.684 no sólo es mala. Es inmoral. Es antinatural. Es antijurídica.
Y es nuestra responsabilidad, como juristas, padres y ciudadanos, alzar la voz antes de que sea demasiado tarde.

Porque si el derecho no defiende la verdad, entonces ya no es derecho.

Y sin verdad, no hay justicia. Sin justicia, no hay libertad.