El Congreso de Intendentes recibió planteos de la Federación Rural y evalúa que los caminos rurales de segundo nivel pasen a órbita del Gobierno nacional.

Congreso de Intendentes, Salto, 30 de mayo de 2026. Predio de la AAS / Foto: EL PUEBLO
Congreso de Intendentes, Salto, 30 de mayo de 2026. Predio de la AAS / Foto: EL PUEBLO

El Congreso de Intendentes sesionó este viernes en nuestra ciudad. El encuentro tuvo lugar en el predio de la Asociación Agropecuaria. Fue una jornada calificada como un hecho histórico por los jefes comunales presentes. Por primera vez coincidieron en tiempo y espacio con la Federación Rural. Ambas instituciones desarrollaron sus respectivos congresos nacionales de forma simultánea en galpones linderos. Esta coincidencia inédita en el norte facilitó un diálogo directo entre las autoridades y los productores rurales. La cercanía permitió poner sobre la mesa los problemas reales del interior.

El drama de la caminería rural

Las preocupaciones de la producción agropecuaria llegaron a la mesa de conducción del congreso. La situación crítica de la caminería rural se consolidó como el eje central de las discusiones. Los productores exigen respuestas eficientes para trasladar sus materias primas de forma segura. El presidente del Congreso, Nicolás Olivera, reconoció abiertamente la gravedad de la situación vial. El diagnóstico actual explica perfectamente el colapso que sufren hoy los caminos internos. En los últimos años, la producción de los campos uruguayos se multiplicó por cinco. Sin embargo, los caminos rurales mantienen el mismo diseño estructural de hace varias décadas. Las vías de balastro ya no soportan el tránsito constante de los camiones pesados.

La propuesta de pasar rutas al Estado

Arreglar estas rutas secundarias requiere un esfuerzo financiero imposible para las economías de los departamentos. Elevar el estándar de un kilómetro de camino cuesta unos 175 mil dólares en promedio. Esta obra implica ensanchar las bases, cementar la estructura y aplicar riego bituminoso. El país cuenta con más de 50 mil kilómetros de caminería rural. Los recursos de las intendencias resultan totalmente insuficientes ante semejante red vial. Por eso, surgió la propuesta de transferir los ejes viales más transitados a jurisdicción nacional. El Ministerio de Transporte debería hacerse cargo de los caminos rurales de uso más intensivo. Sectores como la forestación circulan por rutas locales dejando pocos recursos para su reparación.

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Uso responsable en días de lluvia

La eficiencia de las intendencias en la construcción vial también fue analizada de forma sincera. Las autoridades reconocieron que a veces se les “escapa la liebre en la gestión. De todas formas, remarcaron que la durabilidad de las obras depende del uso responsable colectivo. Olivera cuestionó a las empresas que envían camiones pesados a las rutas los días de lluvia. El jefe comunal afirmó: “…no me banco que un camión deje un pueblo aislado un día de lluvia”. Esta conducta destructiva rompe las bases de los caminos secundarios. El cuidado de la infraestructura debe ser un compromiso compartido entre intendencias y productores.

El debate por el impuesto ganadero

El impuesto del uno por ciento a la venta de semovientes generó un debate. Los productores reclaman su eliminación. La meta es eliminar este peso burocrático que complica las transacciones comerciales ganaderas. A pesar de esto, las intendencias exigen certezas absolutas de que esos recursos financieros no se perderán. En el pasado, este gravamen representaba un tres por ciento del valor de la venta. Cada vez que el gobierno central recortó un punto, ese dinero desapareció para siempre de las comunas.

Garantías financieras para las comunas

La recaudación de este impuesto tiene un destino directo y muy sensible en el presupuesto del interior. La mayoría de las intendencias vuelcan estos dineros directamente al mantenimiento de sus caminos. El monto actual no alcanza, pero su quita total desestabilizaría por completo las cuentas públicas locales. Los jefes departamentales no quieren que la soberanía del recurso peligre bajo ninguna circunstancia. Exigen un mecanismo legal creativo que asegure la llegada de estos fondos a futuro. 

Menos competitividad al norte del Río Negro

El Congreso de Intendentes también realiza planteos al Ministerio de Economía. Olivera manifestó su enorme preocupación por la falta de competitividad regional. Instalar industrias y radicar inversiones estables resulta una misión muy difícil al norte del Río Negro. Los empresarios analizan detalladamente los costos logísticos antes de definir la ubicación de sus fábricas. Si los costos de flete son idénticos, cualquier inversor privado elegirá instalarse en Canelones antes que en Salto. El flete terrestre encarece enormemente la producción de cualquier mercadería del litoral.

El campo subsidia los ómnibus de la capital

La disparidad en el precio de los combustibles también fue tema de discusión posterior al congreso. Olivera dijo que cruzar el río hacia la vecina orilla resulta más barato para cargar los tanques de nafta. Por otra parte, el valor del gasoil uruguayo encierra una fuerte contradicción económica de fondo. Por cada litro de gasoil que compra un productor, cuatro pesos van destinados a subsidios. Este dinero recaudado sostiene las tarifas del transporte colectivo urbano de pasajeros, la mayor parte de la capital. El intendente señaló que el agro termina pagando por baranda el boleto de los montevideanos. No pretende quitar el beneficio social, pero el sistema productivo no debería financiarlo.

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