Lo acontecido recientemente en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo IAVA deja en evidencia la embestida de quienes se resisten a los cambios necesarios que este gobierno ha tenido la valentía de impulsar en materia educativa. Quizá no es una norma perfecta pero sí la necesaria, además de haber sido ratificada por el voto popular en referéndum.
No comparto para nada que el derecho de ejercer la libertad vaya en dirección de reducir el derecho de los demás y eso fue lo que claramente se evidenció en la ocupación de dicha institución.
Se cree que es natural que se ocupe un espacio público y eso no es así.
Una forma improcedente de deslegitimar las leyes que, nos guste más o menos, son las deseadas y consensuadas en la sociedad, sino estaríamos nuevamente en un estado de naturaleza, como lo era antes.
Abucheos, falta de respeto, fachos, basura, algunos de los improperios que se podían escuchar en dicha ocupación hacia las autoridades de secundaria, del Ministerio del Interior y en definitiva, hacia las líneas que este gobierno se trazó.
Este tipo de accionar suprime por completo la búsqueda del diálogo como herramienta de negociación y la manifestación pacífica.
Recordemos, con la entrada en vigencia de la LUC: Ley de Urgente Consideración se establecieron medidas para prevenir la ocupación de instituciones públicas.
Según versa en el artículo 392 de la LUC que recoge casi textual la recomendación de la OIT (por cierto, artículo que se quiso derogar en referéndum), «El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente».
Eso dice la ley y no significa que prohibir la ocupación vaya en línea de limitar la libertad. La huelga es un derecho legítimo, consagrado constitucionalmente, la ocupación no.
Además, esta ocupación va en contra de lo que establece el propio estatuto del funcionario docente respecto a los derechos y deberes de dicho funcionario.
Creo firmemente que a cualquier ciudadano de bien, a docentes y me lo impone las generales de la ley, a las familias, a la mayoría de los estudiantes, esta situación perjudica y brinda un ejemplo contrario a un clima democrático necesario que debe existir en la sociedad y evidencia que no se cumple con la formación moral y cívica de los estudiantes.
El camino debe ser siempre el diálogo y la manifestación pacífica, teniendo en cuenta el respeto a la institucionalidad y claro que el derecho a manifestarse de unos no autoriza a suprimir el derecho de otros.
Solicito que mis palabras sean enviadas a todos los medios de prensa escritos, orales y digitales de nuestro departamento y a las autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP.
Jonnathan Aramburo
Edil de la Lista 50 del Partido Nacional
