Recorte de horas en el CERP del Litoral reabre el debate sobre el acceso a la formación docente en el interior y cuestiona la coherencia de las políticas educativas, con impacto directo en jóvenes, familias y comunidades.
Edil Pablo Williams
Coord. de bancada CORE
Partido Nacional
Hay discusiones que parecen abstractas hasta que golpean en la puerta de tu barrio. Una de ellas es la de las oportunidades para los jóvenes del interior. No hablo de discursos grandilocuentes ni de promesas de campaña: hablo de la vida real de cientos de jóvenes que, cada año, se preguntan si podrán estudiar sin tener que irse, si podrán formarse cerca de su familia, si tendrán un futuro posible en el mismo lugar donde crecieron.
Durante décadas, los Centros Regionales de Profesores fueron una respuesta concreta a esa pregunta. El CERP del Litoral, como tantos otros en el interior, permitió que jóvenes de Salto (capital e interior), Paysandú, Río Negro y Soriano accedieran a una formación docente de calidad sin tener que mudarse a Montevideo. Democratizó el acceso, generó arraigo, fortaleció comunidades. No fue un invento teórico: fue una política pública que cambió vidas.
Por eso el recorte de horas en el CERP no es un ajuste administrativo más. Es un retroceso que se siente en cada aula que queda sin grupo, en cada estudiante que debe viajar más lejos, en cada familia que vuelve a preguntarse si vale la pena seguir apostando a la educación pública en el territorio. Cuando se recorta en educación en el interior, no se recorta un renglón del presupuesto: se recorta futuro.
Y en este punto es inevitable hablar de coherencia. Durante años, la izquierda hizo del “6% para la educación” una bandera central. Fue un eslogan potente, repetido en cada acto, en cada entrevista, en cada campaña. Sin embargo, cuando tuvo la responsabilidad de gobernar, ese porcentaje nunca se alcanzó. La distancia entre lo prometido y lo ejecutado fue evidente.
No se trata de pasar factura. Se trata de honestidad política. La educación no puede ser un terreno para slogans que se encienden en campaña y se apagan en el presupuesto. Mucho menos cuando hablamos del interior, que históricamente ha tenido que pelear por cada oportunidad que en Montevideo se da por sentada.
El impacto de estas decisiones no se mide en porcentajes, sino en historias concretas: jóvenes que abandonan porque no pueden costear un alquiler, carreras que pierden atractivo por falta de grupos, docentes que no se forman en su territorio o no pueden llevar a cabo la tarea para la cual se formaron y terminan migrando, comunidades que ven cómo se debilita uno de sus motores de desarrollo.
El interior no necesita discursos épicos. Necesita políticas sostenidas, presupuestos realistas y decisiones que pongan a los jóvenes en el centro. Necesita que la formación sea una prioridad y no una variable de ajuste. Necesita que la educación pública vuelva a ser una herramienta de igualdad territorial y no un campo de batalla partidaria.
Si queremos un país verdaderamente integrado, debemos empezar por ahí: por garantizar que nacer en el interior no sea una desventaja, y que estudiar en el interior siga siendo una posibilidad real. Porque cuando un joven del interior puede formarse, quedarse y proyectar su vida en su comunidad, no solo gana él: gana todo el país.
