Presunta Violación de DDHH por dos funcionarios policiales y falta de constatación de lesiones en Emergencia del hospital
En la jornada de este domingo, un procedimiento llevado a cabo por el Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Policía culminó con una denuncia por presunto maltrato a un ciudadano detenido, lo que derivó en una resolución judicial que declaró ilegal la detención y ordenó su liberación inmediata.
Se suma a esto irregularidades en la atención médica del detenido.
La persona había sido interceptada por los efectivos debido a irregularidades detectadas en el vehículo que conducía, específicamente un presunto limado del número de chasis o motor. Según la información recabada, el ciudadano intentó esquivar el control policial, pero fue finalmente detenido. Fue en ese momento que, de acuerdo a la defensa, «sufre algunas lesiones, lo cual es constatado y hay testigos de los hechos».
Consultado por EL PUEBLO, el abogado defensor del detenido, Dr.Gabriel Cartagena confirmó la denuncia contra los efectivos policiales por violación a los derechos humanos.
El caso fue puesto en manos del Juez Letrado del Interior de Octavo Turno, Dr. Diego Martorell, quien en audiencia resolvió la «libertad inmediata del detenido», considerando la necesidad de que «su situación sea conocida y evaluada por un tercero independiente e imparcial, diferente a la autoridad que ha realizado la detención».
El Dr. Gabriel Cartagena, fue enfático al señalar que el derecho a denunciar posibles abusos debe ser garantizado por el Estado. «Se trata de una violación de los derechos humanos claramente establecida en la Ley de Procedimiento Policial, el Código de Proceso Penal y el Código Penal», sostuvo Cartagena. Además, subrayó que «la defensa tiene derecho a denunciar maltrato y el Estado, a través de la Fiscalía General, está obligado a ventilar el asunto».
Durante la audiencia, la Fiscalía tomó conocimiento formal de la denuncia presentada y se estableció una nueva etapa del proceso para investigar no solo la situación del vehículo en cuestión, sino también las condiciones de la detención y el accionar policial. En este marco, se acordó una medida cautelar que incluye fijación de domicilio en Salto y prohibición de salida del país por 90 días, medida que fue «consentida por nosotros también, porque nos pareció correcto para que se puedan investigar no solo la situación de la moto de mi cliente, sino también de la detención y las personas afectadas», agregó el Dr. Cartagena.
La denuncia presentada es por violación a los derechos humanos ,»por agresiones y uso de gas pimienta aplicados cuando la persona ya se encontraba detenida. «Existen tres testigos que lo acreditan, además del certificado médico con constatación de lesiones», indicó el abogado defensor, aunque también advirtió que » el médico no lo vio en forma personal a mi cliente, lo cual es una irregularidad también».
Respecto a la gravedad de las lesiones, Cartagena fue cauto.“En principio no puedo evaluarlas porque no soy médico. Tenemos que ver qué es lo que dice el médico tratante. Estaba con dificultades en un lado izquierdo; hay que ver de qué se trata el dolor que tiene en la pierna y los golpes recibidos para saber si son lesiones simples o de mayor gravedad”.
El caso sigue su curso y se espera que la Fiscalía de primer turno continúe investigando los hechos denunciados, en lo que podría constituirse en un serio caso de abuso policial.
