El diputado Horacio de Brum, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, expresó fuertes críticas a las recientes decisiones del Poder Ejecutivo respecto al Instituto Nacional de Colonización (INC), tanto en materia de designaciones como de adquisiciones de tierras.
En declaraciones realizadas recientemente a EL PUEBLO, informó sobre un escrito elevado al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , solicitando la revisión de las designaciones del presidente del INC, Rodrigo Viera, y de la directora en representación de las gremiales rurales, la salteña Karina Henderson
De Brum fundamentó el planteo en una presunta violación del artículo 200 de la Constitución de la República, el cual establece que los presidentes y directores de entes autónomos no pueden ejercer simultáneamente funciones o actividades que impliquen una relación directa o indirecta con el organismo que integran. “Tanto el Presidente como la directora en representación de las agremiaciones rurales tienen el status quo de colono. Los dos son colonos arrendatarios, entonces están violentando la Constitución porque hay una prohibición expresa en ese sentido”, advirtió.
Según el legislador, la incompatibilidad de funciones debería ser revisada con urgencia, ya que “el Instituto Nacional de Colonización, como ente autónomo que es, se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es que presentamos esta petición ante el señor Ministro estos días”.
Cuestionamientos por millonaria compra de tierras
De Brum también expresó preocupación por la reciente adquisición de un establecimiento rural de 4.000 hectáreas por parte del INC, operación que alcanzó la cifra de 33 millones de dólares. Si bien el tema aún no ha sido abordado formalmente por la Comisión de Ganadería en Diputados, De Brum adelantó que junto al diputado Gustavo Salle presentaron un pedido de informes al Ministerio para conocer los detalles del procedimiento y los fundamentos de la compra.
“Solicitamos los informes técnicos y jurídicos que avalan los fundamentos que tuvo el directorio de colonización para adquirir este establecimiento”, detalló. El diputado remarcó la importancia de conocer si los fondos utilizados provenían del propio Instituto o si se recurrió a otro organismo público, y quiénes gestionaron en ese caso la operación.
Asimismo, puso énfasis en los procedimientos utilizados bajo el artículo 35 de la Ley de Colonización, norma que otorga al Instituto prioridad de compra cuando se venden predios mayores a 500 hectáreas con índice de productividad superior a 100. “Los equipos técnicos, entre otras cosas, tienen que valorar si ese predio sirve para los fines colonizadores, como establece la ley 11.029. Y para cumplir con esos fines tiene que cumplir también requisitos técnicos, agrológicos, el tipo de campo, para qué va a servir, etc.”, explicó.
“Motivaciones deben ser claras”
Uno de los aspectos más polémicos de la compra refiere a las declaraciones recogidas en el acta del INC, donde se afirma que la operación se realizó “en homenaje al expresidente José Mujica”. Ante esto, De Brum subrayó, que “cualquier decisión de la administración pública tiene que tener una motivación, algo que respalde la decisión que pueden tomar los directores. Entonces, aclarar bien cuál es la motivación que tuvo colonización para adquirir ese predio”.
Enfatizó además que se trata de una inversión millonaria que requiere transparencia y justificación sólida: “Estamos hablando de 33 millones de dólares, que son dineros públicos de todos los uruguayos, y queremos saber bien cómo se hizo el procedimiento y cuáles fueron los fundamentos, sobre todo técnicos y jurídicos, para tomar esa decisión”.
Según el legislador, la decisión fue aprobada por mayoría, en una votación dividida del directorio del INC, tres votos a favor y dos en contra. Esta fragmentación interna también genera inquietud respecto a la solidez de la resolución.
Expectativas por respuestas oficiales
De Brum aseguró que esperarán las respuestas del pedido de informes para evaluar con mayor profundidad el accionar del Instituto. «Hemos hecho una serie de preguntas, que esperamos la respuesta del Instituto, para luego poder avanzar y tener una opinión mejor formada de toda la situación», señaló.
Por ahora, la Comisión de Ganadería en Diputados comenzará a sesionar nuevamente en la primera semana de junio, mientras que en el Senado, el senador Robert Silva solicitó la comparecencia del ministro Fratti ante la Comisión de Ganadería del Senado para tratar este y otros temas vinculados al INC.
Así, la polémica en torno al Instituto Nacional de Colonización se instala con fuerza en la agenda parlamentaria, cruzando aspectos jurídicos, éticos y políticos, en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia institucional.
