Luis Parodi analizó en Salto las políticas de empleo, vivienda e inclusión para liberados, con foco en reducir la reincidencia.
Dignidad y empleo: el desafío para frenar la reincidencia
El director de la Dirección Nacional del Liberado (DINALI), Luis Parodi, llegó a Salto este lunes. Su visita ocurre tras el reciente informe de este medio sobre el alto costo mensual de mantener a una persona privada de libertad. El jerarca analizó las políticas de empleo y vivienda destinadas a la población que recupera su libertad. Asimismo, el director departamental del Mides, Jorge Vaz Tourem, detalló el alcance de estas acciones a nivel local.
Romper el círculo de la reincidencia
Para Parodi, el dinero no es la única respuesta frente a la exclusión. El jerarca sostuvo que salir de la cárcel sin un proceso previo destruye cualquier posibilidad de éxito. Los liberados suelen desconfiar profundamente de todos los organismos públicos. Esto ocurre porque la última experiencia estatal que vivieron estuvo marcada por el encierro físico. El verdadero desafío consiste en revertir esa desconfianza institucional extrema. La sociedad exige que las personas crean en el entramado de las instituciones. Según el director, los seres humanos somos el producto de las instituciones del lugar donde vivimos y morimos. Recuperar este vínculo es la tarea principal y más compleja que enfrenta la DINALI actualmente.
Una escuela de democracia en territorio
El trabajo de este organismo es completamente voluntario para quienes salen de prisión. En todo el país, unas mil quinientas personas mantienen algún tipo de lazo con la institución. El objetivo final va más allá de otorgar un subsidio económico temporal. El organismo funciona como una escuela de democracia para personas que quedaron excluidas. El jerarca entiende que la población carcelaria ha quedado fuera del sistema democrático. Un ejercicio institucional transparente busca generar ciudadanos responsables con obligaciones y derechos claros. La dignidad se recupera transformando la marginalidad en un marco de legalidad. Las herramientas principales son las pasantías laborales, el trabajo protegido y las cooperativas de vivienda.
Qué pretende hacer el Gobierno con los liberados
El plan gubernamental busca un cambio radical en la política de reinserción social de los liberados. La meta del Poder Ejecutivo es brindar oportunidades laborales reales y soluciones habitacionales estables a quienes abandonan los centros penitenciarios. Con esta estrategia, el Estado pretende desmantelar las bases de la delincuencia recurrente. El proyecto no se limita a un subsidio económico temporal, sino que busca generar autonomía real. Brindar un techo seguro y un empleo digno es visto como la única salida sostenible. El Gobierno entiende que sin estas dos herramientas básicas, el destino inevitable de estas personas es volver al delito.
El debate político frente al trabajador común
Parodi no esquivó la incomodidad que genera este gasto social en la opinión pública. Reconoció que muchos ciudadanos trabajadores cuestionan con justa razón los recursos destinados a los liberados. Existen empleados en Montevideo que ganan treinta mil pesos y sufren para mantener a sus familias. Es comprensible que el trabajador común se pregunte por qué el Estado ayuda a un exconvicto y no a él. La respuesta a este dilema social debe darse mediante una discusión política frontal. El Estado tiene la obligación de explicar a los vecinos el motivo de estas acciones. “Lo hacemos porque me parece que es una vía de evitar que nos sigan dañando”, afirmó Parodi.
Evitar el encierro eterno y evaluar resultados
Mirar al liberado como un enemigo perpetuo es un error grave para la convivencia. Se trata de una persona que debe ser recuperada para frenar el daño colectivo. No brindar oportunidades laborales genera un círculo peligroso de mayor inseguridad y encierro constante. Al final del camino, toda la sociedad pierde libertad al vivir asustada tras las rejas. El jerarca propuso evaluar con seriedad los resultados de este plan en dos años. Si las tasas de reincidencia no bajan, se deberá buscar otra vuelta al problema. Lo opuesto a la inclusión es aceptar una cadena perpetua encubierta. La prisión perpetua significa asumir que el Estado, la universidad y la sociedad fracasaron rotundamente. Una comunidad digna debe mantener siempre el esfuerzo por integrar a todos.
El despliegue local y los números en Salto
En nuestro departamento cuenta con el apoyo de la oficina del Mides, ya que la dirección funciona en la órbita de este ministerio. El director departamental, Jorge Vaz Tourem, explicó las acciones que se ejecutan en territorio. Actualmente se coordinan nuevos acuerdos con la Universidad de la República para asegurar educación y formación. El objetivo es apuntalar la integración social de los liberados en diversas dimensiones cotidianas. En Salto, unas ochenta personas participan activamente en los programas de la DINALI. Este grupo recibe apoyo en inclusión laboral, inserción educativa y gestión de trámites esenciales. Específicamente, unas veinte personas realizan pasantías laborales de dos años en varias dependencias públicas. Estas oportunidades permiten un desarrollo profesional clave para reconstruir lazos afectivos y rutinas estables. El trabajo es el elemento principal para lograr una verdadera inclusión social.
Oportunidades laborales y apoyo familiar
Los pasantes salteños cumplen tareas en OSE, la cocina del hospital y policlínicas barriales. También desempeñan funciones en la Intendencia de Salto, Vialidad del Ministerio de Transporte y el Correo. Estas instituciones aportan de manera directa al proceso de integración de estas personas. El nivel de reincidencia delictiva en el Uruguay sigue siendo preocupante. La falta de empleo y vivienda empuja a las personas a delinquir nuevamente. Por este motivo, la inserción laboral es el factor clave para romper ese círculo destructivo. El Mides complementa estas acciones mediante programas especializados de alta sensibilidad. La línea Uruguay Crece Contigo atiende de forma directa a madres privadas de libertad. En la Unidad 20 del INR local viven entre quince y dieciséis mujeres con niños menores de cinco años. El Mides, INAU y la Intendencia garantizan el transporte diario de estos gurises a los centros CAIF y escuelas. Asegurar la educación y las salidas diarias de los niños es un derecho fundamental. Estas líneas de acción social deben profundizarse para construir una sociedad más segura y justa.
