Minas, mayo de 2020
Querida/o: ¿Cómo vas con la cuarentena? ¿Sos de los que siguen cuidándose como el primer día o más, o de los que hacen vida casi normal? Porque la cosa ha cambiado, y bastante. Las cifras de nuevos casos se mantienen más o menos estables, siempre por debajo de 20 al día, y con unas diez personas internadas en CTI por COVID-19. Desde el lunes abrieron más del 80% de los comercios en Montevideo y buena parte del país, y en las calles se ve un movimiento casi normal. Eso sí, muchos con tapabocas. Es obligatorio usarlo al entrar a los supermercados, y a muchos otros comercios. Encuesta de Factum sobre coronavirus y demás. 55% evalúa «bien» o «muy bien» la gestión del gobierno frente a la pandemia, un descenso de 9% respecto al mes anterior. 25% dice que la gestión es regular, y 20% que es mala o muy mala. Hay fuerte apoyo a las medidas tomadas por el gobierno, excepto el aumento de tarifas.
La suspensión de clases, el deporte, la rebaja salarial a cargos políticos y la promoción del distanciamiento social tienen más de 90% de apoyo. La rebaja salarial a funcionarios públicos con salarios superiores a $ 80.000 tiene 74% de apoyo. El aumento de tarifas públicas tiene sólo 19% de aprobación. 60% piensa que la situación económica del país será mala dentro de seis meses, y 24% que será muy mala. 83% considera probable o seguro un aumento descontrolado de precios. 47% considera que no podrá pagar las cuentas del hogar y 37% está preocupado por quedarse sin dinero para alimentos. La opción de quedarse en casa es apoyada por 71%, pero se redujo 18% respecto a un mes atrás. Hace un mes, sólo 10% usaba tapabocas, y ahora es el 51%. Un 67% siente preocupación y 9% angustia frente a la pandemia. La suma de ambos bajó 6% en un mes. Se disparó la inflación. El IPC llegó a 6,17% en lo que va del año, y 10,86% anualizada. Es la primera vez que alcanza los dos dígitos desde julio de 2016. El aumento de abril, 2%, es el mayor desde enero de 2019, con 2,17%. El valor acumulado en el 2020, de 6,17% a abril, es el más alto desde el año 1997. El principal rubro que incidió fue «alimentos y bebidas no alcohólicas», con un aumento anualizado en abril de 18,89%, una barbaridad.
Y que afecta sobre todo a las familias con menores recursos. La discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC) ha desatado fuertes polémicas, y no sólo en el Parlamento. La Secretaría de Inteligencia, ahora dependiente de cuatro ministerios, pasaría a depender únicamente de Presidencia. Se crea la categoría de información «secreta» -ahora hay sólo «reservada» y «restringida»-. La información secreta sería la que puede afectar «la calidad del estado de derecho, la defensa de la relación con otros estados o el cumplimiento de tratados internacionales», y sólo podría ser desclasificada por el presidente de la República. Álvaro Garcé, quien preside desde marzo la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), dijo que los cambios no serán perjudiciales para la convivencia democrática. Será el propio Garcé, o quien ocupe el cargo, quien defina si una información será o no secreta. El FA critica que la SIE pase a depender exclusivamente de Presidencia y que no haya control parlamentario. Según Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, 69% de las personas en situación de calle estuvieron privadas de libertad. Advirtió que cualquier medida que lleve a un aumento de la población carcelaria debería ser tomada con mucho cuidado, porque generaría más violencia y más delitos.
El nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, envió carta a responsables periodísticos de TV y radio públicas. La cartita (no ésta, otra) establecía que los contenidos periodísticos deberán coordinarse previamente desde ahora con el coordinador periodístico del SECAN, Jorge Gatti, quien integraba la Secretaría de Comunicación del Partido Nacional. Sotelo, a quien le cayeron acusándolo de implementar la censura previa en los medios estatales, dijo que está analizando experiencias de otros países para establecer un manual de actuación periodística, para que esta sea imparcial y equilibrada. Y acusó a los periodistas de los medios públicos de parcialidad a favor del FA, en los anteriores tres gobiernos. Eso cayó peor, si eso fuera posible, y Sotelo dijo que estuvo mal en generalizar. El Hospital Vilardebó comenzó a permitir el egreso de pacientes que tenían el alta médica, algo que era reclamado por los profesionales del centro. Según datos oficiales, los homicidios fueron 120 en el primer cuatrimestre del 2020. Eso es 10,1% superior al mismo período de 2019. En lo que va de la nueva administración (marzo y abril), los homicidios crecieron 15,38% respecto al mismo período de 2019. La mayoría de las víctimas fueron hombres, 110 de 120. De las 10 mujeres asesinadas, 6 tenían un vínculo conocido con el victimario. El gobierno anunció que reforzará los controles fronterizos con Brasil, centro continental de la pandemia de coronavirus. Al parecer los controles del lado brasileño son laxos, o inexistentes. El presidente Luis Lacalle visitó Cerro Largo para inspeccionar cómo se trabaja allá en eso. Encuesta de Equipos en Montevideo. 52% aprueba gestión del intendente Christian Di Candia, la aprobación más alta desde abril de 2019, cuando asumió el cargo. 30% de desaprobación, 14% no sabe o no contesta, y 4% ni fu ni fa. Los aspectos más valorados son mantenimiento de espacios públicos (81%), saneamiento (70%) y actividades (68%). Además aprueba con buena nota en iluminación, obras de infraestructura y reparación de calles. El gobierno comenzó a realizar tests de diagnóstico en todos los residenciales de ancianos de ASSE. Hasta ahora, todos los resultados fueron negativos. Se testeó ya a todos los ancianos que residen en ellos, pero aún no a todos los funcionarios. Los centros están en Montevideo, Canelones, Salto y Flores. Aduanas recordó que será inflexible en la política «cero kilo» en la frontera. Buscan así desalentar los tradicionales viajes de miles de uruguayos a bagayear a las fronteras. Sólo pueden hacer compras, y muy limitadas, quienes viven en el área cercana a la frontera. Continúan las conferencias de prensa oficiales diarias con motivo de la pandemia. El secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, ahora no aparece casi nunca, y el presidente Lacalle cada vez a menudo. (No sé si habrá influido en el cambio, que Delgado era según las encuestas el dirigente más popular del gobierno). No especule. El lunes, Lacalle brindó una conferencia exclusiva para periodistas del interior del país, vía videoconferencia. La nota la dio un pastor evangélico sanducero, que al parecer se coló en la conferencia como periodista porque tiene un espacio contratado en una radio de Paysandú. Le preguntó a Lacalle sobre el tema de la interrupción del embarazo, y este le dijo que piensa impulsar una agenda «provida». Lacalle fue felicitado luego por el cardenal Daniel Sturla, por su declaración. A Lacalle le cayeron porque en campaña prometió no afectar derechos adquiridos, y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres existe por ley desde hace unos años. La vice Beatriz Argimón dijo que Lacalle no se refirió al movimiento político «provida» sino a que todos somos defensores de la vida. Y recordó que ella personalmente se comprometió, antes de las elecciones, a mantener el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El ministro de Salud, Daniel Salinas, recordó que esa ley «está vigente y se va a cumplir». Al pastor que tiene un programa de radio en Paysandú le hicieron una manifestación de repudio, frente a la propia radio. Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) renunció a su cargo. La Jutep quedó ahora acéfala y sin quórum para sesionar. Gil presentó su renuncia tres veces desde el 30 de marzo, pero nunca le respondieron, así que ahora renunció nomás, y se fue para la casa. Dice que no hay voluntad en el sistema político, que en realidad no quiere sistemas de control fuertes sobre sí mismo. Criticó que el cambio de directores de la Jutep se haya hecho -por primera vez- con el cambio de gobierno, lo que le quita según él independencia. Recordó que la Jutep hizo informes sobre Armando Castaingdebat y Remo Monzeglio, el primero muy fuerte, y que ambos fueron designados en altos cargos a pesar de eso. Castaingdebat es subsecretario de Desarrollo Social, y Monzeglio de Turismo. La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) cuestiona modificaciones de la legítima defensa contenidas en la LUC. Critican que los cambios suponen que se pondrá a la propiedad por encima de la vida, ya que estará justificada cuando se amenace la propiedad, aunque haya cesado la agresión. Critican además que se extienda la legítima defensa a galpones y otras instalaciones, y que se extienda a funcionarios policiales, que ya tienen una legislación que los ampara y protege en el uso de la violencia. Advierten que de aprobarse la LUC podrá aumentar la discrecionalidad en el accionar policial. Recuerdan que se crean nuevos delitos, la «resistencia al arresto» -de caractersíticas vagas y que puede aplicarse aún cuando no haya violencia- y el «agravio a la autoridad policial», elevar la prisión máxima para niños y adolescentes a 10 años, y varias cosas más. El FA propuso al gobierno medidas para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias. Proponen limitar los despidos por 180 días, suspender plazos de reintegro para trabajadoras con licencia por maternidad. Además, suspender cortes de suministros de agua, luz, telefonía e internet a usuarios residenciales y familias beneficiarias del MIDES, facilidades de pago de deudas por tarjetas a personas que acrediten haber sido despedidas o enviadas a seguro de paro, moratoria de seis meses para deudores de alquileres y permitir el pago de cuotas atrasadas en cuotas mensuales, prohibir la expulsión de personas de pensiones, la obligatoriedad de tener insumos de protección (alcohol y tapabocas) en todos los centros de trabajo. Proponen además fijar precios máximos en productos de higiene y alimentación de la canasta básica, transferir un salario mínimo nacional a todas las familias con ingresos inferiores a 10 BPC (unos 45 mil pesos), y formar un Fondo de Derecho de Alimentación. También proponen la gratitud del test de diagnóstico COVID-19. (Ese ya es gratuito). Bueno, yo he escuchado y leído sobre unas cuantas personas que se han visto obligadas a pagarlo. Ricardo Perciballe, fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, pedirá el lunes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la reapertura de la investigación por el homicidio de Vladimir Roslik. Este murió en abril de 1984, detenido en un cuartel y luego de sufrir inhumanas torturas. Fue el último asesinado por la dictadura. El principal acusado por el crimen, el mayor retirado Sergio Caubarrère, fue condenado por la justicia militar, y estuvo preso en ese entonces por cuatro meses y 18 días. La causa civil, abierta en 1987, se intentó desarchivar en el 2014, pero sin suerte porque un Tribunal de Apelaciones entendió que hubo «cosa juzgada», por la condena militar. En 2018, con nuevas pruebas, Perciballe solicitó nuevamente el desarchivo de la causa, pero una jueza de Fray Bentos argumentó en contra, alegando también «cosa juzgada». Apeló, y el mismo Tribunal de Apelaciones argumentó «cosa juzgada» en un fallo en marzo. Perciballe apela ahora a la última instancia, la SCJ, argumentando que se trata de un crimen de lesa humanidad. Anuncian nuevos registros con cámaras trampa y de otro tipo, de pumas en el país. Se reportan avistamientos en Artigas, y en otros lugares no revelados, porque no quieren avivar a cazadores. El canciller Ernesto Talvi fue apludido en el Parlamento por su labor en la repatriación sanitaria de 3.000 uruguayos desde todo el mundo. Ayer un avión trajo a más compatriotas desde Madrid, y se llevó a 250 esquiladores a España, a hacer la zafra. Me pasé en la extensión de esta. Me van a retar, y a recordar que mi capacidad de síntesis se deteriora ostensiblemente. Y tienen razón. El abrazo de siempre.
Juan Antonio Minuano
