Mucho se habla sobre la importancia del desarrollo, más allá del crecimiento económico. Conocidos son los casos de Arabia Saudita e India que si bien tienen un alto PIB, el mismo no necesariamente se traduce en “buenos” niveles de distribución de la riqueza y desarrollo social. El desarrollo como tal, descripto en investigaciones y enunciado en discursos políticos, en la mayoría de los casos viene acompañado por dos adjetivos que se repiten: económico y social. No obstante, al igual que de manera analógica no hay mesas de dos patas que puedan tener equilibrio, al desarrollo le falta por qué no un tercer calificativo para catalogarse como el “ideal”, una tercera pata: ¿sostenible?
En noviembre de 2017 una delegación de gerentes de agencias de desarrollo económico local provenientes de Colombia, en el marco de un proceso de cooperación internacional triangular sur-sur, desarrollaron una Ruta de Aprendizaje en el vecino país de Argentina en la que también participó una representación de Uruguay. En aquella experiencia de intercambio técnico, uno de los principales puntos de debate era consensuar qué estrategia territorial de desarrollo debería de seguir el país andino en un contexto de post-conflicto: ¿Hacer énfasis en un enfoque que pondere el desarrollo empresarial y por ende la mejora de la competitividad territorial? ¿O por el contrario contribuir a la promoción de la economía solidaria y aunar esfuerzos en la búsqueda de mejora sociales?
Sin lugar a dudas, los argumentos que surjan de debates como el mencionado son válidos de manera parcial en cualquiera de las posturas que se tomen. No hay recetas mágicas que permitan arrojar a la luz EL camino a seguir. En todo caso, hablar de desarrollo es también confirmar que ante todo, éste es gradual e iterativo en la que lo fundamental es no perder el diálogo entre las partes involucradas y saber que sea cual sea la estrategia, la misma debe tener una continuidad en el tiempo.
El objetivo del presente artículo de Link de El Pueblo es transmitir algunas consideraciones relativas a las consecuencias de mejorar la productividad y su relación con la sostenibilidad del desarrollo en el largo plazo. Hablamos de productividad, base para la mejora de la competitividad y el desarrollo económico, porque el año 2018 se caracteriza en sus primeros 37 días por la alta exposición mediática que ha tenido el tema respecto a la situación del sector agropecuario y ganadero en nuestro país. En dicho sentido, encontrar una correlación entre productividad económica y desarrollo social será el foco del análisis.
Entender las divergencias de opinión que hay respecto a Uruguay en temas económicos lleva a visualizar una perspectiva que no pierda de vista el contexto. Organizaciones internacionales como la CEPAL y el BID ven a Uruguay con buenos ojos en materia social, no obstante, cuando escarbamos aspectos de índole económica y más precisamente la productividad empresarial, aunque el FMI proyecta para éste año, un crecimiento económico superior al 3% el mismo no necesariamente se traduce en capacidad efectiva para generar empleo.
Correlación entre productividad y desarrollo social
Una política social sin una vinculada para el comercio, la industria y los servicios, que estimule y contribuya de forma real a la mejora de la productividad y competitividad del sector empresarial, es deficitaria y en el largo plazo fracasa. La política industrial tiene como cometidos apoyar las cadenas productivas con ventajas comparativas, incrementar la innovación, el desarrollo del capital humano y el intercambio de tecnologías entre las empresas y eliminar las asimetrías de información.
De acuerdo a datos arrojados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) desde fines de 2014, se redujo en más de 40.000 el número de ocupados de la economía uruguaya.
A lo largo y ancho de los países de Latinoamérica y el Caribe, la mayor parte de las fuentes de empleo las genera el sector MIPYME, el porcentaje varía según cada territorio e investigación pero en todos los casos es superior al 75%. No obstante, hablar de una política para la micro, pequeña y mediana empresa contiene varios elementos y nos obliga a hacer algunas apreciaciones antes de continuar.
– El sector MIPYME es por definición una masa heterogénea, por lo tanto no puede abordarse de manera genérica y unilateral. La situación de las empresas de un sector económico en particular, y dentro del mismo por el tamaño de éstas, ubicado en una región fronteriza es distinta a la perteneciente a otro territorio.
– El impacto que genera un conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas en un territorio por su efecto “cascada” es mucho mayor que el dado por una gran corporación, de ésta manera se concluye a priori que es fundamental la coordinación de esfuerzos para proteger la generación de empleo apoyando a “dicho sector”.
– La política para la mejora de la productividad empresarial no actúa de manera aislada, el apoyo a la empresa es posible si detrás también hay una política social. No obstante, en el largo plazo la misma debería estar vinculada y favorecer la existencia de equilibrios y por lo tanto su sostenibilidad.
El pasado 23 de enero se desarrolló la Asamblea Nacional de Productores en Durazno, organizada por un movimiento denominado “de auto-convocados”, donde se leyó una proclama en la que entre otras cosas se hizo mención a la necesidad de bajar el déficit fiscal, disminuir el atraso cambiario, ofrecer mejores alternativas de financiamiento y aumentar la productividad empresarial a través de la reducción del precio de los combustibles y de la tarifa eléctrica.
Sin lugar a dudas, la situación de sectores económicos como el agropecuario y ganadero, necesita un abordaje triangular en la que participe el Estado, el sector privado y los sindicatos. No sería ilógico creer que una solución pasa por acciones concretas y prudentes en las que el diálogo sea un común denominador a cualquier respuesta interinstitucional puesta en práctica.
Yendo a la raíz del problema con un ejemplo, podemos decir que no hay dos lecturas cuando hablamos de la evolución del precio de commodities a nivel mundial como leche, carne, madera y soja, todos ellos bienes económicos que tienen un alto peso relativo en el PIB nacional. Una alta dependencia de los precios internacionales condiciona la capacidad para generar buenos márgenes de ganancia, no obstante, si a ello le sumamos altos costos de producción aumenta el riesgo y con ello la sostenibilidad de esas empresas, los empleo que genera y su recaudación impositiva: pierde la pequeña empresa, pierden los steackholders vinculados a la misma.
Sobre automatización y salarios
Mediante los Decretos 138/05 y 139/05, fueron restituidos los Consejos de Salarios en 2005 en Uruguay, los mismos tienen su origen y estaban previstos en la ley 10.449 de 1943 en las que el propio Presidente de la República, doctor Juan José Amézaga ya resaltaba en su discurso de asunción la importancia de crear espacios de negociación entre patrones, trabajadores y Estado. La tesis económica que argumenta el aumento de salarios por encima de la inflación sostiene que sin consumo no es posible que una economía subsista, no obstante ello en el largo plazo sin una fuerte apuesta a la innovación y la apertura de nuevos mercados, ocasiona altos costos por concepto de mano de obra a las empresas. El pasado 30 de septiembre de 2017, la revista The Economist publicó una columna titulada El costo de la innovación ha aumentado y la productividad ha sufrido en la que se argumenta la importancia de innovar aunque el costo de hacer mejoras tecnológicas innovadoras sea cada vez más caro. Es justamente la demanda de más investigadores e infraestructura de investigación lo que lleva a un aumento creciente de los presupuestos para hacer innovación. Aunque la automatización y la inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación, sea vista como la panacea y una respuesta a los altos salarios y la poca flexibilidad laboral, ésta no debería estar exenta de análisis que permitan capacitar y formar a los trabajadores en innovaciones ya probadas y que aún una gran porción del entramado productivo no ha sabido aprovechar.
De igual modo que en una clase de introducción a la economía cuando se define la inflación, se afirma que la razón de su existencia responde a un sinfín de causas, los problemas de productividad por analogía son iguales: no hay una única causa que pueda explicarlos; la automatización y otros costos propios de la producción, revelan de manera más o menos parcial porqué hay ese problema; a partir de los dos párrafos anteriores podríamos decir que capacitando a las personas será más efectivo ayudarlos para su continuidad o eventual reinserción laboral.
La tarea pendiente
Días atrás se celebró un nuevo Foro Económico en Davos, éste año Malala, premio Nobel de la Paz, habló sobre la importancia de la inclusión de la mujer en todos los ámbitos. No es casualidad, la igualdad de género es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD. A priori podríamos decir que una cuestión de género está más cerca de la esfera social propiamente, no obstante, lo cierto es que desarrollo económico sin una contracara de éste tipo no será sostenible.
La mejora de la productividad a través de la reforma educativa, la reforma del Estado y la expansión de las exportaciones adquieren una prioridad especial para avanzar. Sin embargo, esas tres líneas de trabajo son por definición procesos de cambio que tienen una gran amplitud de aristas que ameritan artículos específicos por cada una y por lo tanto definir metas de desarrollo, dialogar mucho y actuar a nivel territorial es más concreto y realista. Sea por altos costos de producción, cuestiones macroeconómicas o la creciente automatización de la economía, lo cierto es que debe continuarse la senda en la que converjan el desarrollo económico, social y por lo tanto, sostenible.
Lic. Nicolás Remedi Rumi
