«Prefiero explicarle al fiscal por qué defendí la vida de mi hijo, y no tener que velarlo en un funeral»
El gobierno socialista nos hace mal de muchas maneras, y uno de esos males es impedir que la gente honrada pueda defender su valor más sagrado que es su vida y la de su familia.
Y lo hace bajo narrativas pueriles, que jamás sucedieron en la historia de la humanidad, en esa idea de que «si hay menos armas, hay menos violencia», que las armas en manos de la gente implica caos, sangre y la ley del lejano oeste.
En esta línea es el reciente anuncio del ministro del Interior, Carlos Negro, de impulsar un decreto para limitar y regular aún más la venta de municiones, partiendo de la – muy equivocada premisa – de que, si hay menos balas legales, habrá menos violencia.
Ese relato es pura manipulación y engaño pues no sucedió ni sucederá jamás, y no lo hará por la sencilla razón natural y lógica de que la gente quiere vivir y no andar matándose mutuamente. El sentido común indica que las personas valoran su vida y no desean morir. La inmensa mayoría aspira a vivir en paz y, llegado el caso, únicamente desea contar con los medios necesarios para proteger a quienes ama.
Prohibir o dificultar la tenencia de armas y monopolizarlas en el poder, es el mayor acto de ataque a los ciudadanos y a sus derechos naturales, que trae como consecuencia una expansión del poder en forma alevosa….y hasta criminal.
Pero el lavado de cerebro ha sido tan imponente que nos han convencido que la mejor manera de protegernos es dejar nuestra seguridad en manos del Estado, es decir, en manos de una agencia que hace todo mal, pesimamente. Su arma letal para este lavado es la psicológica: infundir miedo, desconfianza y temor en la opinión pública. Y así su narrativa convierte a cada ciudadano que tenga armas en un posible sospechoso que, en cualquier momento, te puede matar. Y luego el ciudadano repite como un perico lo que dice el político, cuando ambos son completos ignorantes en el tema.
Lo cierto es que el delincuente jamás pide permiso para estar armado. No respeta ninguna prohibición. Y entonces las restricciones únicamente caen quienes cumplen la ley.
¿Se dan cuenta del absurdo?
Es perverso: el delincuente está armado y su víctima indefensa.
Lo cierto es que nadie debería osar opinar de este tema sin haber leído a John Lott, que durante décadas se dedicó a estudiar esta cuestión, con millones de datos sobre criminalidad, siendo el mayor experto en la materia.
Sus conclusiones son tan claras como lapidarias contra la narrativa estatista: cuando los ciudadanos honestos pueden acceder legalmente a armas para defenderse, los delincuentes enfrentan un riesgo mayor y muchos delitos disminuyen.
La razón es sencilla. El criminal busca víctimas fáciles, no personas capaces de defenderse. Cuando el riesgo de delinquir es mayor, la conducta criminal se disuado. Lo piensa dos o tres veces antes de cometer el crimen.
Desarmar al ciudadano honesto no desarma al delincuente. Solo reduce la capacidad de resistencia de quienes respetan la ley. Y la falta de resistencia, es un incentivo enorme para el delincuente.
El Estado no puede garantizar seguridad como no puede brindar ningún servicio bien. Es muy fácil comprender – lo vivimos todos los días – que policía no puede estar presente en cada hogar, en cada comercio o en cada calle. Cuando un delincuente irrumpe en una casa, los primeros segundos son decisivos. En ese instante, la única defensa posible es la del propio ciudadano.
Negar ese legítimo derecho equivale a exigirle que confíe su vida exclusivamente a una ayuda que llegará demasiado tarde.
Defender el acceso legal a las armas no significa promover la violencia ni convertir la sociedad en una «ley de la selva». Significa reconocer el derecho de las personas honestas a proteger el bien más valioso que poseen: su vida y la de su familia.
Por supuesto que deben existir controles, antecedentes limpios, capacitación y responsabilidad. Nadie propone entregar armas como si se tratase de caramelos.
Lo que se cuestiona es la política que convierte al ciudadano respetuoso de la ley en un sospechoso permanente, mientras el delincuente continúa actuando al margen de cualquier regulación.
Una sociedad libre no teme al ciudadano honesto armado. Teme al criminal impune.
Cuando un Estado entorpece o prohíbe la legítima defensa de la vida de aquellos que cumplen la ley, no está defendiendo a la gente honesta, se esta poniendo del lado del delincuente.
