La democracia no se agota en el acto electoral ni se reduce a la obediencia interna dentro de una organización política. Como advierte Norberto Bobbio, la democracia es ante todo un procedimiento para la convivencia pacífica de los conflictos, no su negación. Allí donde existe pluralidad real, existe también el derecho —y el deber— de expresar discrepancias sin temor a sanciones que vacíen de contenido la representación ciudadana.
Un edil no es un delegado subordinado a una lógica vertical ni un mero ejecutor de decisiones partidarias. Es un representante de una porción concreta de la ciudadanía que lo eligió para deliberar, proponer, controlar y construir políticas públicas locales. En términos de Hans Kelsen, la representación política solo es auténtica cuando admite la libertad de conciencia del representante; de lo contrario, se transforma en una ficción formal sin sustancia democrática y en el 40 aniversario de Democracia en Uruguay es complejo analizar lo ocurrido en la Junta de Salto.
Pretender que la función del edil se limite a la disciplina interna implica degradar al órgano deliberativo y debilitar el principio republicano que debemos defender. Como sostenía Carlos Real de Azúa, la democracia uruguaya se construyó históricamente sobre el pluralismo, la tolerancia y el respeto a la minoría, no sobre la uniformidad impuesta como pretenden algunos actores políticos locales.
Este fenómeno no es exclusivo de un solo sector político. Ocurre también del otro lado del espectro, lo que demuestra que el problema no es ideológico sino cultural. El bipartidismo entendido como lógica cerrada de poder —y no como competencia democrática— suele derivar en estos gestos antidemocráticos: expulsiones, sanciones simbólicas o deslegitimaciones frente al disenso. En palabras de Giovanni Sartori, cuando los partidos confunden cohesión con obediencia ciega, dejan de ser instrumentos de la democracia para convertirse en fines en sí mismos.
La expulsión como respuesta a la discrepancia no fortalece la democracia interna ni mejora la gestión pública. Por el contrario, expresa un reflejo autoritario incompatible con la tradición republicana uruguaya. Las democracias maduras, como subraya Luigi Ferrajoli, procesan los desacuerdos mediante reglas, garantías y debate público; no mediante la exclusión, que empobrece la representación y erosiona la legitimidad institucional.
Nuestro Salto necesita ediles trabajando, discutiendo con argumentos, proponiendo soluciones y ejerciendo el control con responsabilidad ya sea del fideicomiso o de la gestión del Ejecutivo. La diversidad de miradas no es un obstáculo, sino una condición del buen gobierno local y silenciar voces no ordena; empobrece. Uniformar criterios no construye; debilita acá y en cualquier parte del mundo.
Desde una concepción batllista de la democracia, la libertad de opinión y la autonomía moral del representante son pilares irrenunciables. José Batlle y Ordóñez concebía la política como un ejercicio de persuasión y construcción colectiva, no como imposición ni disciplinamiento al estilo Cubano o Venezolano para tomar ejemplos actuales. La democracia, en esa tradición, no se funda en unanimidades forzadas, sino en la convivencia civilizada del disenso.
Corresponde, por tanto, un saludo institucional a todos los ediles por su labor cotidiana. Porque, en definitiva, primero está Salto, luego el espacio individual y finalmente el posicionamiento partidario. Cuando ese orden se invierte, la política pierde su razón de ser y la democracia se debilita.
Dejemos a los ediles trabajar. Dejemos que la democracia respire. Crecer institucionalmente exige más debate, más respeto y menos gestos de exclusión. GECS.