Estefanía Broggi advirtió que la Defensoría Pública está saturada por alta demanda, pocos recursos y un servicio sostenido por esfuerzo humano.
El esfuerzo humano sostiene el saturado servicio de Defensoría Pública
Dra. Estefania Broggi: “La Defensoría asume sólo los casos que le fija la ley”
La Defensoría Pública se encuentra completamente saturada, pero no por asistir a personas que cuentan con recursos para pagar un abogado privado, sino debido a la creciente judicialización y a la falta de medios económicos de la población. Así lo enfatizó la doctora Estefania Broggi, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de la Asociación de Abogados de Salto sobre la sobrecarga del sistema asistencial. Broggi remarcó que la institución aplica rigurosas declaraciones juradas para evaluar los ingresos de los solicitantes , exceptuando únicamente los casos urgentes y sensibles impuestos por la ley. Con apenas 317 defensores en todo el país y un aumento presupuestal nulo desde el Parlamento, el servicio se mantiene en pie gracias al esfuerzo a pulmón de sus profesionales técnicos y administrativos.
El filtro estricto de las declaraciones juradas
Frente a las posturas que sugieren aplicar filtros más rigurosos para derivar usuarios al ámbito privado, la doctora Broggi explicó de forma directa cómo opera el control interno de la Defensoría. La funcionaria precisó que en las materias de familia común (como divorcios, tenencias y pensiones alimenticias), civil, laboral y contencioso administrativo, el requisito de la declaración jurada es obligatorio e inmediato.
Los topes vigentes fijados por la Suprema Corte de Justicia son muy bajos en comparación con el costo de vida actual:
- Usuarios sin hijos ni bienes: El acceso se restringe a quienes perciben ingresos de hasta 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), una cifra que se ubica por debajo de los veinte mil pesos.
- Usuarios con hijos a cargo: El techo de ingresos permitidos se eleva hasta las 5 BPC.
- Contemplación por alquileres: El límite puede extenderse de forma excepcional hasta las 7 BPC si el solicitante demuestra que paga un alquiler mensual superior a las 10 Unidades Reajustables.
- Procesos de tenencia compartida: Con la implementación de la ley de tenencia alternada y regímenes de visitas, el tope de ingreso admisible subió a las 6 BPC.
Para efectuar este cálculo, la Defensoría toma el ingreso nominal del solicitante y resta únicamente los descuentos legales obligatorios. Los préstamos personales o deudas particulares no se deducen del análisis. Asimismo, el patrimonio neto de las personas se evalúa rigurosamente. La oficina exige informes registrales detallados de los vehículos e inmuebles que posea el interesado. Si los bienes o ingresos superan el límite legal, la asistencia institucional se interrumpe de inmediato. En esos casos, se le notifica al ciudadano que el respaldo público se otorgó de forma excepcional por la urgencia de la primera audiencia y que deberá contratar obligatoriamente un abogado particular.
Las excepciones de asistencia obligatoria que impone la ley
Existen fueros específicos donde la normativa legal prohíbe dejar desamparada a la persona, independientemente de su situación patrimonial o económica. La declaración jurada de ingresos no corre para los ciudadanos imputados en causas penales. La ley exige que cuenten con defensa pública obligatoria desde el primer momento, independientemente de sus posibilidades económicas. Lo mismo ocurre con las víctimas de violencia de género o de familia especializada al momento de radicar una denuncia.
En cuanto a los denunciantes en materia de violencia doméstica, si se presentan a la audiencia de urgencia sin representación legal, no se requiere declaración jurada, por lo que Defensoría deberá asistir a la víctima siempre. A diferencia de la Ley Nº 19580 “de violencia hacia las mujeres basada en género” que, una vez concluida esa primera instancia crítica, se les exige la declaración jurada correspondiente y si los involucrados exceden los topes económicos, el servicio público cesa y deben comparecer a las siguientes citaciones acompañado por un profesional privado. En tanto, para los denunciados por Ley de Violencia Doméstica y por la Ley Nº 19580, Defensoría Pública actúa en la primera audiencia para luego realizar la correspondiente declaración jurada.
Un criterio de protección absoluta se aplica sobre los niños, niñas y adolescentes. El 100% de las audiencias iniciales en los casos de vulneración de derechos, donde se dirime la situación de un menor de edad cuentan con la intervención de un defensor público. Broggi argumentó que esto responde a que los tiempos judiciales de urgencia impiden dilatar el proceso para que los padres designen un representante privado para el niño. Sin embargo, si los progenitores comparecen con patrocinio particular, una vez resuelta la primera audiencia de situación se coordina la designación de un abogado del sector privado para continuar con la tutela legal del menor, salvo que por razones de índole social o moral se aconseje que continúe la defensa pública.
Broggi también informó que, junto a la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Defensores Públicos trabaja en un protocolo de unificación de criterio de actuación en los casos de violencia basada en género y niños, niñas y adolescentes en los casos de vulneración de derechos.
Radiografía del colapso y el escenario particular de Salto
La saturación de las oficinas estatales se fundamenta en un flujo de expedientes que no para de crecer. En la actualidad, la Defensoría Pública asume la representación del 90% de todas las causas penales que se tramitan en el territorio nacional. Además, abarca el 95% de los expedientes vinculados a violencia de género y familia especializada, y sostiene en promedio el 80% de los litigios de familia común, civil y laboral.
En nuestra ciudad, la infraestructura técnica debe hacer frente a un volumen de trabajo descomunal. Salto cuenta con un plantel fijo de doce defensores públicos en total. La distribución interna del equipo local se organiza de la siguiente manera:
- Materia de Género y Familia Especializada: Se destinan 4 defensores específicos para cubrir las sedes de primer y segundo turno.
- Materia Penal: Cuenta con un equipo de 4 profesionales activos.
- Materia de Familia Común: Dispone de 3 defensores asignados.
- Materia Civil y Laboral: Es atendida por 1 único defensor público.
A pesar de que los juzgados especializados locales reciben un promedio sostenido de quinientos casos nuevos por año, la oficina salteña se posiciona como un modelo en el país. Tras un relevamiento realizado por la propia asociación gremial, se comprobó que la Defensoría de Salto mantiene la gestión al día, logrando procesar las declaraciones juradas, redactar las demandas y evacuar las consultas de los usuarios de un día para el otro.
El factor humano como el único motor del servicio
El desborde diario de expedientes genera un cuadro severo de estrés laboral y desgaste físico entre los operadores del sistema judicial. En algunas localidades del interior, la escasez de personal obliga a los técnicos a una movilidad constante y extrema. No es raro que un mismo defensor deba litigar temprano en una audiencia compleja de familia especializada y, acto seguido, salir corriendo hacia otra sede para atender un juicio de desalojo.
Esta presión operativa se vuelve más crítica debido a un vacío estructural: Defensoría Pública no cuenta con un sistema de defensores suplentes. Cuando un funcionario solicita una licencia reglamentaria o sufre una baja por enfermedad, no tiene personal de relevo. Toda su carga de trabajo e itinerario de audiencias debe ser absorbida por los compañeros que permanecen activos en la oficina.
A las carencias de personal se suman los problemas edilicios y la falta de espacios aptos para realizar las entrevistas. Para mitigar el impacto en los usuarios, los propios defensores reacondicionan los locales, muchas veces con recursos propios. En la sede de Salto, los profesionales compraron juguetes y acondicionaron un rincón infantil que fue desarrollado por el área de Arquitectura del Poder Judicial, para que los niños puedan entretenerse durante las horas de espera en el edificio. Broggi concluyó reafirmando que el engranaje de la Defensoría Pública no se sostiene por el acotado presupuesto oficial, sino por la experiencia y dedicación de sus defensores, administrativos, procuradores y los 46 funcionarios colaboradores que realizan tareas técnicas de defensa en todo el país a cambio de una compensación menor.
La búsqueda de la autonomía fuera del Poder Judicial
La solución que proyecta el gremio para superar este colapso estructural no pasa únicamente por exigir mayores partidas presupuestales al Parlamento, donde las respuestas políticas han sido nulas durante años. La gran reforma por la que lucha la Asociación de Defensores Públicos es lograr la completa descentralización institucional.
Los defensores buscan retirar el servicio de la órbita interna del Poder Judicial para constituirse como un organismo descentralizado e independiente. Broggi argumentó que, si bien hoy operan bajo la misma estructura administrativa, la función de la Defensoría es totalmente contrapuesta a la de los magistrados encargados de dictar las sentencias. Obtener autonomía presupuestal y técnica les permitiría administrar de manera directa sus recursos, abrir llamados genuinos para cubrir vacantes estables y dignificar la asistencia legal de la población más vulnerable de la sociedad uruguaya.
