Ulises Gonzálvez Brum advirtió que la Defensoría Pública está saturada y planteó filtros de ingreso y más recursos para el sistema.
Defensoría Pública: un servicio desbordado
El colapso del sistema judicial en nuestro país no es un tema nuevo. Días atrás, desde este mismo medio, expusimos la saturación de los servicios legales estatales. La falta de recursos afecta principalmente a la Defensoría Pública. La demanda de la ciudadanía supera ampliamente la capacidad de respuesta actual.
Para profundizar en este escenario complejo, dialogamos con un actor clave de la comunidad jurídica. El doctor Ulises Gonzálvez Brum, presidente de la Asociación de Abogados de Salto, analizó la problemática. Al ser consultado sobre el estado del sistema, el profesional confirmó que la realidad está “completamente saturada”. El entrevistado aportó una mirada crítica sobre el funcionamiento del servicio. También propuso alternativas viables para superar la actual situación operativa.
Filtros de ingreso y derivación al sector privado
El representante de los profesionales locales planteó una alternativa para descomprimir las oficinas públicas. Entiende pertinente implementar un filtro más riguroso en el acceso a la defensa pública. La idea central es que el Estado atienda únicamente la emergencia inmediata. Sin embargo, los procesos más extensos en el tiempo deberían pasar a otra órbita.
El tope de ingresos económicos debe ser un factor determinante en el proceso. Muchos ciudadanos recurren al servicio público sin cumplir estrictamente las condiciones patrimoniales. Esto sucede porque la primera audiencia se fija el mismo día de la denuncia. La urgencia del momento impide buscar un representante legal particular. Las personas no tienen tiempo de pedir recomendaciones o buscar asesoramiento privado.
Por este motivo, el abogado sugiere establecer un mecanismo de control temporal. La Defensoría debería actuar solamente en la primera instancia crítica del caso. Pasada esa urgencia inicial, la oficina tendría que revisar detalladamente la situación financiera del implicado. El usuario recibiría la explicación correspondiente sobre su situación legal antes del cambio.
Si el ciudadano supera el límite de ingresos establecido, el caso debería ser derivado. El trámite tendría que pasar a manos de un abogado particular. De esta manera, los defensores públicos podrían concentrarse en la población más vulnerable. El sistema ganaría fluidez y se reducirían las listas de espera.
La cercanía del sector privado y facilidades de pago
El presidente de la asociación gremial destacó la importancia de romper ciertos mitos sociales. Los ciudadanos deben saber que pueden acercarse con confianza a los estudios jurídicos privados. Existe una errónea percepción de inaccesibilidad económica en la población general.
Es fundamental establecer una mayor cercanía entre los abogados y la comunidad salteña. Es importante que las personas se comuniquen con los profesionales para conocer sobre los honorarios y acordar con éstos las facilidades de pago.
Esta alternativa permitiría desviar muchos asuntos que hoy congestionan los pasillos estatales. Un acuerdo privado inicial evita la sobrecarga innecesaria de las defensorías públicas. La población encontraría soluciones rápidas sin depender exclusivamente de los turnos oficiales. El mercado local cuenta con profesionales capacitados para absorber esta demanda.
El punto crítico en los juzgados de violencia de género
La crisis del sistema judicial se vuelve evidente en ciertas materias específicas. En nuestra ciudad, el foco rojo se ubica en las sedes especializadas. La Defensoría en los Juzgados de Violencia Doméstica y de Género vive una situación compleja. Las oficinas de primer y segundo turno están completamente desbordadas.
La escasez extrema de personal técnico agrava el panorama de forma diaria. El servicio local cuenta actualmente con apenas cuatro defensores activos. A este grupo se suma un único asistente para cubrir las audiencias pendientes. Resulta imposible atender dos turnos de manera simultánea. Los profesionales deben multiplicarse para entrevistar a los implicados.
El volumen de expedientes es realmente abrumador para la infraestructura existente en Salto. Estas sedes judiciales reciben un promedio de quinientos casos nuevos por año. A esta cifra se deben sumar los mil cien asuntos acumulados desde su inauguración en 2023. Hay un volumen de trabajo descomunal para un equipo humano tan reducido. La sobrecarga laboral es evidente.
Consecuencias graves en la salud de los operadores
Esta preocupante realidad tiene un impacto directo en la salud de las personas. Los defensores públicos y los funcionarios administrativos sufren un desgaste extremo. Las condiciones cotidianas de trabajo no son las adecuadas para cumplir sus tareas. El estrés laboral afecta la calidad de vida de los trabajadores.
El retraso constante de las audiencias genera un ambiente complejo en el edificio. Los pasillos se llenan de personas que esperan durante largas horas. Los ruidos constantes dificultan enormemente la atención al público en la baranda. Los empleados deben resolver trámites complejos en medio de un fuerte murmullo.
Un entorno hostil y desprotección para los menores
Muchos niños deben permanecer en este ambiente durante varias horas. Los defensores públicos no tienen oficinas suficientes para las entrevistas. A veces deben tomar declaraciones en el hall del juzgado penal. Esta situación despoja al proceso de la reserva necesaria.
Gestiones gremiales ante la Suprema Corte de Justicia
Ante este panorama, la Asociación de Abogados de Salto evalúa iniciar gestiones para respaldar los reclamos del sector afectado. El objetivo es visibilizar la gravedad de la situación ante las autoridades nacionales. Se necesitan soluciones de fondo acordes a las exigencias de la comunidad. El fin último es destrabar un engranaje esencial para la convivencia y la justicia social.
