El reclamo de transportistas en Salto pone en debate la guía de carga, el costo del gasoil y la distribución de subsidios.
HORACIO DE BRUM
Diputado Partido Colorado
2025-2030
En los últimos días acompañé a los transportistas en su movilización en Salto. Lo hice porque creo que cuando un sector productivo siente que no está siendo escuchado, un representante nacional tiene la obligación de estar presente, escuchar y dar la cara.
La política no puede ejercerse únicamente desde un despacho. Hay momentos en los que hay que salir al encuentro de quienes trabajan todos los días, generan empleo y sostienen buena parte de la economía del país. Eso fue exactamente lo que hice.
Los transportistas han planteado preocupaciones legítimas respecto a la implementación de la nueva guía de carga. Nadie discute la importancia de modernizar los sistemas de control ni de incorporar herramientas tecnológicas. El problema aparece cuando los tiempos de aplicación parecen ir más rápido que la preparación necesaria para que esas herramientas funcionen correctamente.
Las gremiales han advertido dificultades técnicas, falta de capacitación y costos administrativos adicionales para empresas que ya enfrentan una realidad compleja. Cuando quienes deberán utilizar un sistema todos los días señalan problemas, lo razonable es escuchar, corregir y generar períodos de transición adecuados.
Porque una buena política pública no se mide solamente por sus objetivos. Se mide también por su capacidad de adaptarse a la realidad.
Pero la preocupación del sector va más allá de la guía de carga. Hay un tema estructural que sigue afectando la competitividad de todo el país: el precio de los combustibles.
Cada litro de gasoil impacta en el costo del transporte, en el valor de los productos y en la capacidad de competir de nuestras empresas. En departamentos como Salto, donde la producción agropecuaria, el comercio y la actividad logística son fundamentales, el costo del combustible no es una cuestión secundaria. Es un factor que influye directamente sobre el empleo y el desarrollo.
Y existe además una discusión que Uruguay todavía tiene pendiente.
Cada vez que cargamos gasoil, una parte de ese precio financia el fideicomiso que subsidia el transporte colectivo de pasajeros. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares al año aportados por ciudadanos, productores, comerciantes y transportistas de todo el país.
La pregunta es simple: ¿cuánto de esos recursos vuelve efectivamente al interior y cuánto queda en la zona metropolitana?
No planteo eliminar subsidios ni enfrentar al interior con Montevideo. Lo que planteo es transparencia. Si el aporte es nacional, también debería ser pública y accesible la información sobre su distribución territorial. Los salteños tienen derecho a saber cuánto contribuyen y cuánto reciben.
Acompañar a los transportistas fue, en definitiva, acompañar una preocupación que excede a un sector. Estamos hablando de competitividad, de descentralización y de equidad.
Creo en una política cercana, que escucha antes de decidir y que dialoga antes de imponer. Por eso estuve allí. Porque representar no es solamente votar leyes. También es estar presente cuando la gente necesita ser escuchada.
Y mientras tenga el honor de representar a Salto en el Parlamento, voy a seguir haciéndolo. Porque dar la cara no resuelve todos los problemas, pero es el primer paso para empezar a solucionarlos.
