La falta de recursos en la Justicia reabre el debate sobre el trabajo gratuito de abogados particulares y la responsabilidad del Estado.
AGENDA LEGAL: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO
CUANDO LA JUSTICIA NO DA ABASTO: ¿QUIÉN TERMINA PAGANDO LA CUENTA?
En los últimos días surgió entre abogados una discusión interesante que, más allá de las posiciones particulares, vuelve a poner sobre la mesa un problema mucho más profundo: qué ocurre cuando el sistema de Justicia comienza a tener dificultades para responder con los recursos humanos que necesita.
El planteo parte de una situación concreta. Ante determinadas dificultades de la Defensa Pública, aparece la posibilidad de recurrir provisoriamente a abogados particulares para colaborar gratuitamente en algunos asuntos. A primera vista parece razonable: existen personas que necesitan asistencia, audiencias que deben celebrarse y derechos que no pueden esperar mientras el Estado encuentra una solución.
Pero cuando uno mira más allá de la urgencia aparecen algunas preguntas incómodas. ¿Hasta dónde corresponde que una carencia estatal sea cubierta mediante el trabajo gratuito de profesionales particulares? ¿Dónde termina la solidaridad profesional y dónde comienza la obligación del Estado de brindar los recursos necesarios para que la Justicia funcione?
El problema tampoco afecta solamente a los abogados. Hay defensores públicos trabajando con una enorme cantidad de asuntos, jueces que necesitan celebrar audiencias y resolver expedientes, funcionarios judiciales sosteniendo diariamente oficinas sometidas a una demanda creciente y abogados particulares que también tienen costos, aportes y responsabilidades.
Y en el centro de todos ellos está el justiciable.
Ese ciudadano no sabe —ni debería tener que saber— si faltan defensores, funcionarios, cargos o presupuesto. Tiene un problema, acudió a la Justicia y espera una respuesta.
Naturalmente, esto no significa desconocer la función social de la abogacía. Muchos profesionales hemos trabajado alguna vez gratuitamente, ayudando a personas que no podían pagar o frente a situaciones donde entendimos que correspondía hacerlo. Pero existe una diferencia entre el pro bono que un abogado decide realizar libremente y convertir esa colaboración en una forma de suplir deficiencias del sistema.
Además aparece una palabra particularmente peligrosa: “provisorio”. La experiencia enseña que algunas soluciones transitorias pueden terminar extendiéndose bastante más de lo previsto.
Sería un error enfrentar abogados particulares contra defensores públicos, jueces o funcionarios. Todos forman parte de un mismo engranaje y todos, de distinta manera, terminan padeciendo sus dificultades.
Está en el sistema.
Hasta la próxima semana.
