A través de una acción de amparo, el exsecretario de Presidencia Miguel Toma había solicitado una recusación del presidente Luis Lacalle Pou por prejuzgamiento, pero fue desestimada sin las garantías del debido proceso, tras instruir una investigación administrativa contra el exfuncionario por presuntas irregularidades en las misiones oficiales al exterior durante la Administración Vázquez.
Toma promovió un apartamiento del caso de Lacalle Pou por entender que el presidente «prejuzgó» al declarar públicamente en contra de él antes de iniciar la investigación administrativa.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° turno le dio la razón a Toma y sostuvo que «se torna necesario sustanciar el proceso de amparo» solicitado, «a los efectos de oír» su planteo y aun con el sumario en curso «arribar a una decisión sobre la insatisfacción jurídica que el actor ostenta».
Ayer se conoció que el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 3er. turno dictaminó que el Poder Ejecutivo actuó con «ilegitimidad manifiesta» y «en forma evidentemente arbitraria» por no dársele al exsecretario de Presidencia la oportunidad de formular descargos y ofrecer pruebas.
Además, Toma había denunciado que Presidencia había rechazado la petición recusatoria con la firma del propio recusado. La decisión judicial suspende la resolución dictada por el Ejecutivo el 16 de marzo, y este deberá «instruir el incidente de recusación respetándose el debido procedimiento administrativo».
En nota con La Diaria, Toma acusó a «la derecha» por pretender «pisotear a una persona», «atacar a una familia, al trabajo honesto» y dañar su reputación.
Según el exfuncionario, lo que hizo el presidente fue «gravísimo», algo que no se veía «ni siquiera en gobiernos totalitarios».
Advirtió que una vez que concluya el proceso en su contra, irá «contra todo aquel que estuvo involucrado en este plan diabólico».
Toma señaló que las principales imputaciones es haber viajado sin autorización de Vázquez y que a su equipo le faltaba «idoneidad».
Sobre esto, aseguró que Lacalle Pou esperó a que falleciera el presidente Vázquez para hacer la imputación de que había viajado sin su autorización, lo que calificó como «de una crueldad extrema».
En cuanto a la idoneidad del equipo afirmó que cuenta con una carta del abogado Paul Reichler, del estudio estadounidense Foley & Hoag, que da cuenta de lo contrario.