La crisis del petróleo golpea a Uruguay con aumentos en combustibles, presión sobre ANCAP, tensión en frontera y reclamos del agro por reformas.
Crisis del petróleo en el siglo XXI: impactos globales y desafíos para Uruguay
El 28 de febrero de 2026, el mundo observó con alarma cómo un nuevo conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán paralizaba el tránsito en el Estrecho de Ormuz, la principal arteria petrolera del planeta. Para Uruguay, un país históricamente desprovisto de “oro negro”, este evento no fue un simple titular internacional, sino el detonante de una crisis sistémica que sacudió los cimientos de su economía, su política fronteriza y su estructura productiva. Con el barril de Brent escalando rápidamente a los 100 dólares e incluso superando picos de 110 dólares, la magnitud del shock ha sido comparada por expertos con la crisis petrolera mundial de 1973 y calificada como la mayor amenaza a la seguridad energética de la historia reciente.
Como periodista de investigación, sumergirse en la trama del petróleo en Uruguay implica desenredar una compleja red de intereses, dependencias y decisiones políticas. En un extremo, el gobierno busca amortiguar el impacto tarifario para evitar un estallido inflacionario, asumiendo peligrosos costos fiscales ocultos a través de sus empresas públicas. En el otro, los sectores productivos y comerciales denuncian ineficiencias estructurales, sobrecostos insostenibles y fórmulas impositivas desactualizadas que amenazan con asfixiar la competitividad y la rentabilidad nacional.
A lo largo de este informe especial, desglosaremos las múltiples miradas que atraviesan esta coyuntura: desde el análisis macroeconómico que alerta sobre el severo deterioro de los términos de intercambio, pasando por la desesperación de los comerciantes en el litoral uruguayo que ven caer su nivel de actividad, hasta el contundente reclamo de la Federación Rural por desarticular los subsidios cruzados y reformar a ANCAP. Además, pondremos la lupa sobre el dilema histórico de una nación que, si bien lidera con orgullo la transición hacia las energías renovables, sigue siendo profundamente prisionera de los combustibles fósiles para mover su transporte, maquinaria e industria. El encarecimiento sostenido del crudo no es solo un desafortunado accidente geopolítico; es un espejo crítico que refleja las vulnerabilidades más profundas del modelo económico uruguayo y plantea interrogantes ineludibles sobre su verdadero nivel de soberanía de cara al futuro energético del país.
Uruguay ante el shock petrolero: geopolítica global, crisis de frontera y el impacto en el agro
La crisis del petróleo en 2026 aparece como un fenómeno que expresa la inestabilidad global donde convergen conflictos en Medio Oriente y tensiones de la transición energética. El conflicto en el Estrecho de Ormuz estranguló los suministros y llevó el Brent por encima de los US$ 110. Mientras países vecinos aplicaron ajustes drásticos —con subas del gasoil de 26% en Argentina, 51% en Chile y 62% en Perú—, Uruguay eligió un modelo de contención oficial.
Los dictámenes técnicos de la URSEA marcaban que, para empatar los Precios de Paridad de Importación vigentes desde el 1.º de mayo, la nafta debía aumentar 11% y el gasoil 46%. Sin embargo, el Poder Ejecutivo absorbió parte del golpe internacional y fijó subas acotadas del 7% para la Nafta Súper 95 y el gasoil. La decisión amortiguó el impacto inmediato sobre los consumidores, pero trasladó la tensión hacia las cuentas públicas y ANCAP.
Aldo Lema advierte que Uruguay, como importador neto de energía, debe destinar más dólares generados por sus exportaciones —carne, soja, celulosa— para comprar la misma cantidad de crudo. Ese movimiento deteriora los términos de intercambio y reduce márgenes. Al mantener los precios de surtidor por debajo del mercado internacional, el Estado actúa como “amortiguador social”, aunque la diferencia no desaparece: se paga con presión sobre ANCAP, costo fiscal oculto e inflación futura. El petróleo caro encarece logística, producción y góndola, golpeando el poder adquisitivo.
Las medidas accesorias, como créditos blandos vía ANDE, beneficios en el BROU y alivios fiscales de la DGI, para productores, buscan contener la falta de liquidez en sectores expuestos al alza energética. Pero son respuestas defensivas ante un problema mayor: la dependencia estructural del hidrocarburo importado.
En el litoral, la política de amortiguación tampoco logró pacificar el clima. El gobierno extendió la reducción del IMESI a estaciones ubicadas entre 20 y 60 kilómetros de la frontera para evitar la fuga de consumo hacia Argentina. Sin embargo, para los comerciantes locales, la respuesta técnica resulta insuficiente y perjudicial para las estaciones nacionales.
Federico Acosta, de UNVENU Salto, cuestiona la paramétrica del Ministerio de Economía. Denuncia que los descuentos se fijan con datos de precios argentinos que llegan con “dos meses de delay”. En un escenario tan volátil, operar con información atrasada destruye competitividad. A esto suma la vigencia de una antigua “cláusula gatillo” del 15%, creada en 2008, cuando el combustible costaba bastante menos que hoy.
Acosta plantea una lectura política de esa rigidez: la necesidad del gobierno de hacer caja tras una sobreestimación presupuestal. Según esa visión, un error de cálculo sobre el crecimiento de 2025 dejó al Estado sin casi 1.000 millones de dólares, equivalentes a 1% del PBI. En el litoral, informes locales marcan una caída comercial del 4% en Salto.
Desde otra mirada, Pablo Cortondo justifica las maniobras de la cartera económica. Sostiene que ANCAP es tomador de precios y que las rebajas en las deducciones del IMESI reflejan el encarecimiento internacional. También recuerda que Argentina sufrió fuertes aumentos energéticos, lo que modifica las condiciones para sostener descuentos masivos. Aunque admite que la metodología puede discutirse, entiende que adaptar los beneficios fiscales responde al mercado regional.
El conflicto fronterizo es solo una parte del problema. En el corazón agroindustrial, el impacto es directo. Gabriel Genta señala que el agro no solo depende del gasoil para cosecha y transporte, sino que también sufre el aumento de fertilizantes, ligados a hidrocarburos. Mientras persistan las tensiones en Medio Oriente, estima que el crudo seguirá inestable y caro, estrechando márgenes del campo.
Ese escenario llevó a la Federación Rural, presidida por Rafael Normey, a reclamar reformas estructurales. La gremial acusa al sistema de padecer “ineficiencias estructurales” que no pueden explicarse solo por la crisis internacional. Apunta al peso del monopolio estatal y calcula un sobrecosto crónico de $8,2 en cada litro de gasoil. Según la FR, ese encarecimiento por encima del Precio de Paridad de Importación significó una sangría de US$ 185 millones para el aparato productivo en el último año.
La propuesta ruralista es liberalizadora: eliminar subsidios cruzados —como la financiación del boleto urbano y el supergás a través de quienes pagan gasoil—, fortalecer a la URSEA como regulador real, limitar el alcance de ANCAP e instaurar la libre importación y competencia de combustibles. Su advertencia central es clara: sostener precios altos equivale a menos producción, menos empleo y más inflación.
Para comprender la encrucijada actual, también hay que mirar la historia. Gerardo Caetano, apoyado en la obra de José Pedro Barrán, recuerda que Uruguay construyó parte de su Estado moderno desde la carencia energética. La creación de ANCAP en 1931 y su refinería en 1937 respondió a una lógica de soberanía batllista: asegurar abastecimiento frente a grandes petroleras extranjeras en un país sin crudo propio.
Esa fragilidad, que paralizó al país durante las crisis petroleras de los años 70, impulsó luego la transición energética del siglo XXI. Uruguay llegó a generar cerca del 98% de su matriz eléctrica con fuentes renovables. Pero la transformación quedó incompleta: el transporte de mercaderías, parte de la industria y la maquinaria productiva siguen dependiendo del hidrocarburo importado.
De cara al futuro, Uruguay enfrenta caminos difíciles. Puede quedar atrapado en un encarecimiento energético sostenido que deteriore su competitividad exportadora, o aprovechar la crisis para acelerar la electrificación del transporte y posicionarse en la producción de hidrógeno verde. A esto se suma la posibilidad de hallar petróleo offshore en aguas uruguayas. Como plantea Caetano, el dilema resulta irónico: antes el desafío era no tener petróleo; hoy, podría ser decidir qué hacer si aparece.
En definitiva, el precio en surtidores es apenas la punta del iceberg. La crisis de 2026 obliga a Uruguay a revisar dogmas sobre sus empresas estatales, corregir asimetrías fiscales en el litoral y transparentar subsidios que afectan la rentabilidad exportadora. La salida no pasa solo por ajustar paramétricas, sino por definir qué modelo económico y qué soberanía energética quiere construir el país.
Gerardo Caetano – Historiador
El petróleo en Uruguay: historia, dependencia y el dilema del futuro energético
La historia del petróleo en Uruguay no es la de la abundancia, sino la de la ausencia. A diferencia de otros países de América Latina, el territorio uruguayo nunca contó con grandes reservas de hidrocarburos, lo que condicionó profundamente su desarrollo económico, su política energética y el rol del Estado. Desde la mirada de José Pedro Barrán, el Uruguay moderno puede entenderse como una sociedad que, ante la carencia de recursos estratégicos, construyó inteligencia institucional para garantizar su soberanía. Hoy, en pleno siglo XXI, esa historia adquiere nuevos matices. Según el reconocido historiador Gerardo Caetano, el país lidera la transición energética en la región, pero sigue dependiendo del petróleo y, al mismo tiempo, vuelve a explorar la posibilidad de encontrarlo.
UN PAÍS SIN PETRÓLEO: LOS ORÍGENES DE LA DEPENDENCIA
A comienzos del siglo XX, cuando el petróleo comenzaba a consolidarse como motor de la economía mundial, Uruguay enfrentaba una realidad clara: no tenía producción propia. Esto lo obligó a depender de importaciones en un contexto internacional cada vez más competitivo y geopolíticamente tenso.
Desde una lectura historiográfica, esta carencia no fue solo una limitante, sino un factor estructurante. Barrán interpretaría este período como parte del proceso de construcción de un Estado que debía anticiparse a sus debilidades. La energía, en este sentido, se convirtió en una cuestión de interés nacional.
ANCAP Y LA CONSTRUCCIÓN DE SOBERANÍA (1931)
La respuesta política a esa vulnerabilidad llegó con la creación de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) en 1931, en el marco del impulso reformista asociado a José Batlle y Ordóñez.
ANCAP no fue solo una empresa estatal: fue una herramienta estratégica. Su objetivo era claro: garantizar el abastecimiento de combustibles, controlar precios y reducir la dependencia de actores privados internacionales. En términos históricos, esto reflejaba un modelo de Estado fuerte, capaz de intervenir en sectores clave para proteger el interés general.
La inauguración de la Refinería de La Teja en 1937 consolidó este modelo. Uruguay, sin petróleo propio, apostaba a industrializar el crudo importado.
Este hecho tiene una fuerte carga simbólica: el país construía soberanía energética sin disponer del recurso. Desde la óptica de la historia económica, es un ejemplo de cómo las limitaciones pueden transformarse en estrategias de desarrollo.
CRISIS INTERNACIONALES: EL IMPACTO DE LA DEPENDENCIA (1970–2000)
Las crisis petroleras de los años 70 expusieron con crudeza la vulnerabilidad uruguaya. El aumento de los precios del crudo impactó directamente en: la inflación, el costo del transporte, la balanza comercial.
El petróleo pasó a ser un factor determinante de la estabilidad económica. En términos sociales, estas crisis afectaron la vida cotidiana de la población, confirmando que la energía no es solo un insumo productivo, sino un elemento central del bienestar.
LA BÚSQUEDA PERSISTENTE: EXPLORACIÓN SIN RESULTADOS CONCLUYENTES
A lo largo de décadas, Uruguay ha intentado encontrar petróleo tanto en tierra como en su plataforma marítima. Sin embargo, los resultados han sido hasta ahora limitados.
Esta búsqueda refleja una aspiración constante: romper con la dependencia estructural. Pero también evidencia los límites geológicos del país, reforzando la idea de que su modelo energético debe construirse más sobre la gestión que sobre la explotación de recursos.
EL SIGLO XXI: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO RESPUESTA HISTÓRICA
En las últimas décadas, Uruguay protagonizó una transformación profunda de su matriz energética. La incorporación masiva de energías renovables —eólica, solar e hidráulica— permitió que el país alcanzara niveles cercanos al 98% de generación eléctrica limpia.
Desde una perspectiva histórica, esta transición puede interpretarse como la evolución natural de una estrategia iniciada décadas atrás: reducir la vulnerabilidad frente al petróleo.
Sin embargo, la dependencia no desaparece. El transporte y buena parte de la actividad industrial siguen atados al crudo, lo que mantiene vigente el problema estructural.
Hoy, el análisis del petróleo en Uruguay también es abordado por docentes e historiadores contemporáneos que estudian la relación entre economía, Estado y sociedad.
En esa línea, el historiador y docente universitario Gerardo Caetano ha señalado en distintos ámbitos académicos que los grandes procesos del Uruguay moderno —como la construcción del Estado, el batllismo o las políticas públicas estratégicas— deben entenderse como respuestas a condicionantes estructurales más que como decisiones aisladas.
Aplicado al tema energético, esta perspectiva permite sostener que: “Uruguay no construyó su política energética desde la abundancia, sino desde la conciencia de su fragilidad, y allí radica buena parte de su originalidad histórica”.
Desde esta visión, la política petrolera —desde ANCAP hasta la transición renovable— forma parte de un mismo hilo conductor: la búsqueda de autonomía en un contexto de dependencia.
EL PRESENTE: EXPLORACIÓN OFFSHORE Y DEBATE NACIONAL
En la actualidad, el país ha retomado la exploración petrolera, especialmente en su plataforma marítima. La posible perforación de nuevos pozos abre un escenario inédito: la eventual aparición de petróleo en un país que construyó su identidad energética sin él.
Este contexto genera un debate profundo, con tres grandes posturas: desarrollista: el petróleo como oportunidad económica y fiscal; ambiental: riesgos ecológicos y contradicción con el liderazgo renovable;
intermedia: explorar con regulación, sin abandonar la transición energética.
EL DILEMA DEL FUTURO: IDENTIDAD ENERGÉTICA EN JUEGO
El Uruguay del siglo XXI enfrenta un dilema que no existía en el pasado: antes, el desafío era no tener petróleo, hoy, el desafío es decidir qué hacer si aparece.
Desde una mirada historiográfica contemporánea, esto representa un punto de inflexión. El país debe definir si mantiene su perfil como líder en energías limpias o si incorpora el petróleo como un nuevo eje de desarrollo.
La historia del petróleo en Uruguay es, en esencia, la historia de una ausencia que moldeó decisiones, instituciones y estrategias. Desde la creación de ANCAP hasta la revolución de las energías renovables, el país ha demostrado una notable capacidad de adaptación.
Pero el presente reabre la discusión. La posibilidad de encontrar petróleo plantea interrogantes que trascienden lo económico: involucran el modelo de desarrollo, la sostenibilidad y la identidad nacional.
Como sostendría una mirada histórica contemporánea, representada por docentes como Gerardo Caetano, comprender este proceso implica reconocer una constante: Uruguay no define su destino por los recursos que tiene, sino por las decisiones que toma frente a sus límites.
Combustibles subieron desde el 1° de mayo, pero el gobierno mantuvo aumentos por debajo de la referencia internacional
Nafta, gasoil y GLP registraron nuevos ajustes desde este 1° de mayo, en un contexto internacional marcado por la fuerte presión sobre el mercado petrolero tras el conflicto en Medio Oriente. Pese al incremento, el gobierno resolvió amortiguar parcialmente el impacto sobre consumidores, transporte y sectores productivos.
Contexto internacional: petróleo en alza y tensión global
El mercado energético mundial atravesó en 2026 uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. El 28 de febrero marcó un punto de inflexión tras el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán, situación que generó una alteración severa en el suministro global de petróleo al comprometer la circulación marítima en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.
La magnitud del impacto fue comparada con la crisis petrolera de 1973. Incluso, la Agencia Internacional de Energía calificó el escenario como “la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia”.
Como consecuencia, el precio del barril Brent pasó de ubicarse en torno a los 70 dólares en febrero a promediar los 100 dólares en marzo, constituyendo la mayor suba mensual desde agosto de 1990. Durante abril, lejos de retroceder, el Brent se mantuvo consolidado en torno a ese mismo nivel.
Ajustes en la región y respuesta de Uruguay
El efecto del shock petrolero se trasladó rápidamente a los precios de combustibles en América Latina. Según datos de Global Petrol Prices, Argentina incrementó la nafta 19% y el gasoil 26% en los últimos tres meses, mientras Brasil ajustó 8% la nafta y 23% el gasoil.
Chile mostró correcciones aún más fuertes: 26% en nafta y 51% en gasoil. Perú encabezó los aumentos regionales, con subas de 45% en nafta y 62% en gasoil.
En ese escenario, Uruguay optó por una política gradual. Durante abril ya había aplicado incrementos del 7% en combustibles, muy por debajo de lo que marcaban las referencias internacionales.
Según el Poder Ejecutivo, esta estrategia buscó amortiguar el impacto sobre hogares, transporte, logística y producción nacional, evitando trasladar de manera inmediata todo el costo internacional al mercado interno.
Nuevos precios vigentes desde el 1° de mayo
Los informes de URSEA indicaron que los Precios de Paridad de Importación continuaron aumentando respecto al mes anterior.
Los valores de referencia sugerían que, para equiparar precios internacionales, los combustibles debían subir:
- Nafta: 11%
- Gasoil: 46%
- GLP: 12%
Sin embargo, el gobierno resolvió aplicar ajustes menores:
- Nafta: aumento de 7%
- Gasoil 50S: aumento de 14%
- GLP: aumento de 7%
De esta manera, desde el 1° de mayo los nuevos precios quedaron fijados en:
- Nafta Súper 95: $88,03 por litro
- Gasoil 50S: $57,72 por litro
- GLP: $101,26 por kilogramo
De haberse aplicado plenamente los valores de referencia, la nafta habría alcanzado $91,40 por litro y el gasoil $73,73.
Medidas complementarias para sectores afectados
Junto con los ajustes tarifarios, el gobierno dispuso medidas orientadas a sostener liquidez y capital de trabajo en actividades particularmente expuestas al aumento energético.
Entre ellas se destacan:
Créditos blandos vía ANDE
Se creó una línea especial para sectores agrícolas como cereales, oleaginosos, arroz, legumbres, cultivos de invierno y lechería, con préstamos de hasta USD 30.000 y subsidio de hasta 50% en tasa de interés.
Extensión de beneficios SIGA Agro
Se amplió la cobertura con una comisión reducida de 0,6%, muy por debajo del rango general de 2% a 3%.
Beneficios BROU
El Banco República dispuso:
- exoneración de costos de comisión para beneficiarios SIGA;
- extensión de 12 meses en plazos de préstamos vinculados a cultivos de verano.
Alivio fiscal
La DGI extendió a 12 meses la devolución de IVA al gasoil para contribuyentes IMEBA.
Beneficio en frontera se amplió
Además, desde el 1° de mayo se extendió la reducción del IMESI para naftas en estaciones próximas a pasos de frontera terrestre.
Hasta ahora el beneficio alcanzaba estaciones ubicadas dentro de 20 kilómetros de frontera. Con la nueva medida, se amplió a estaciones localizadas entre 20 y 60 kilómetros, con una reducción equivalente al 50% del beneficio vigente en el radio más cercano.
La decisión apunta a mejorar competitividad comercial en zonas fronterizas y contener fuga de consumo hacia países vecinos.
Ec. Aldo Lema – Economista
El petróleo vuelve a sacudir la economía: qué puede pasar en Uruguay
El precio internacional del petróleo volvió a transformarse en una señal de alarma para las economías importadoras de crudo como Uruguay. La suba del Brent, impulsada por tensiones geopolíticas y restricciones de oferta, golpea directamente sobre combustibles, transporte, costos productivos, inflación y cuentas públicas. En las últimas semanas el crudo llegó a ubicarse por encima de los 110 dólares por barril, con picos aún mayores, en un contexto de fuerte incertidumbre internacional.
El economista Aldo Lema, reconocido especialista en la materia, considera que para Uruguay el problema es claro: el país no produce petróleo en escala relevante y depende de la importación. Por eso, cada salto del crudo encarece la energía fósil que mueve camiones, ómnibus, maquinaria agrícola, industrias, logística y buena parte de la vida cotidiana.
UN IMPACTO QUE LLEGA POR VARIOS CAMINOS
El primer efecto se observa en los combustibles. El Poder Ejecutivo resolvió para abril de 2026 un aumento de 7% en los combustibles, en un escenario en que el petróleo acumulaba una suba superior al 30%. El objetivo oficial fue trasladar solo parte del impacto para evitar un golpe más fuerte sobre hogares y empresas.
Pero cuando el precio interno no acompaña totalmente la paridad de importación, aparece otro problema: alguien absorbe la diferencia. Según información reciente, la nafta súper se ubicó en $82,27 y el gasoil 50S en $50,63, con un rezago especialmente importante en el gasoil respecto de los valores internacionales.
Ese rezago puede funcionar como amortiguador social y productivo en el corto plazo, pero también presiona las cuentas de ANCAP o del Estado. En otras palabras: si no paga el consumidor en el surtidor, el costo puede aparecer después como menor resultado de la empresa pública, presión fiscal o necesidad de ajustes futuros.
El economista Aldo Lema advirtió que el salto del petróleo hacia los 100 dólares genera mayores expectativas de inflación y deteriora los términos de intercambio de países como Uruguay, justamente por ser importadores netos de crudo.
Esa observación es central: Uruguay vende alimentos, celulosa, carne, soja, lácteos y servicios, pero compra petróleo. Cuando el crudo sube, el país necesita destinar más dólares para importar la misma energía. Eso empeora la relación entre lo que Uruguay vende y lo que debe comprar.
INFLACIÓN, TRANSPORTE Y PRODUCCIÓN
El petróleo caro no solo afecta al automovilista. Aumenta el costo del transporte de mercaderías, encarece la producción agropecuaria, presiona a las empresas que dependen del gasoil y termina trasladándose, en mayor o menor medida, a precios finales.
En un país donde las distancias internas, el transporte carretero y la logística son decisivos, el gasoil es una variable sensible. Si sube demasiado, golpea al campo, al comercio, a la distribución y al bolsillo de los trabajadores. Si no sube, el problema queda contenido artificialmente y se acumula en las cuentas públicas.
ANCAP Y EL DILEMA POLÍTICO
El gobierno enfrenta un dilema clásico: trasladar el precio internacional al público o contenerlo. La primera opción protege las cuentas de ANCAP y la regla de paridad de importación, pero puede acelerar la inflación y generar malestar social. La segunda cuida el bolsillo en el corto plazo, pero puede comprometer la transparencia del sistema y generar costos fiscales ocultos.
Por eso el petróleo no es solo una variable económica: también es una decisión política. Cada ajuste de combustibles expresa una definición sobre quién paga el shock externo: el consumidor, la empresa pública, el Estado o una combinación de todos.
ESCENARIO DELICADO
Uruguay está ante un escenario delicado. El petróleo caro encarece la economía, deteriora los términos de intercambio, presiona la inflación y obliga al gobierno a administrar con cuidado los precios de combustibles. La advertencia de Aldo Lema ayuda a entender el fondo del problema: para un país importador neto de energía fósil, una suba sostenida del crudo no es un hecho lejano, sino una amenaza directa sobre costos, competitividad y poder adquisitivo.
La clave estará en evitar dos extremos: ni trasladar todo el impacto de golpe al consumidor, ni esconder indefinidamente el costo real de los combustibles. Uruguay necesita amortiguar el shock, pero también acelerar una discusión de fondo: eficiencia energética, transporte, matriz productiva y menor dependencia del petróleo.
Gabriel Genta – economista
La influencia del precio del petróleo en el consumo interno uruguayo
La suba del precio del petróleo ha tenido un impacto directo sobre la economía de Uruguay, afectando tanto al consumidor final como a la industria. En esta entrevista, Gabriel Genta, economista y Máster en Finanzas, analiza cómo esta situación repercute en el país y las previsiones a futuro.
Gabriel Genta es un economista y Máster en Finanzas con una amplia trayectoria en el análisis económico y financiero. Actualmente, es gerente de inversiones y responsable de la gestión de varios fondos de inversión, los cuales se destacan por su enfoque conservador y accesibilidad para inversores pequeños. A lo largo de su carrera, ha trabajado de cerca con diversas instituciones y empresas, ayudando a navegar los complejos desafíos económicos globales. Además, Genta ha sido un frecuente colaborador en medios de comunicación, donde aporta su perspectiva sobre los movimientos económicos internacionales y sus repercusiones en Uruguay.
En esta entrevista, Genta nos ofrece su análisis sobre cómo el precio del petróleo, un factor de relevancia mundial, afecta directamente a la economía uruguaya, con consecuencias para el consumidor final y la industria nacional.
¿Cómo repercute el precio del petróleo en Uruguay?
Lo primero que tenemos que entender es que, en Uruguay, no somos exportadores de petróleo, sino que dependemos de su importación. Esto significa que cualquier aumento en el precio internacional se traduce directamente en una suba de los costos internos. En los últimos meses, hemos visto un aumento de más del 60% en el precio del barril, en parte debido al conflicto en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de tránsito del petróleo mundial. Esto ha afectado no solo a los precios de los combustibles, como la nafta y el gasoil, sino también a sectores productivos clave como la industria, el agro y la maquinaria.
El incremento de los precios impacta directamente en el costo de los fertilizantes, que son esenciales para la producción agropecuaria, y en el transporte, que a su vez eleva los precios de muchos productos que consumimos en nuestro día a día.
¿Qué previsiones existen a futuro?
Es complicado hacer previsiones exactas, pero lo que podemos decir es que, mientras el conflicto en el Medio Oriente continúe, el precio del petróleo permanecerá alto. Aunque algunos analistas esperan que la guerra no dure mucho más tiempo, es difícil saber con certeza cuándo se estabilizarán los precios. En el corto plazo, es probable que los precios sigan altos y que tengamos nuevas subas en los combustibles, como ya ocurrió el 1 de abril y lo que podría ocurrir próximamente.
Sin embargo, si el conflicto disminuye o llega a un acuerdo, es posible que el precio del petróleo baje, aunque no se espera que retorne a los niveles previos al conflicto. Para Uruguay, esto significa que, si bien habrá un alivio en los precios, probablemente no volveremos a los niveles más bajos de hace algunos años.
¿Qué impacto tiene el petróleo en la inflación y el poder adquisitivo?
El impacto es directo. El aumento de los precios de los combustibles eleva los costos de producción y transporte, lo que, a su vez, se refleja en el precio de los bienes y servicios. En países como Uruguay, que importan prácticamente todo su petróleo, los costos de producción son mucho más sensibles a los cambios en el precio internacional. Esto afecta la inflación, que es un desafío tanto para los consumidores como para las empresas. En el caso de los consumidores, enfrentan precios más altos en productos básicos, mientras que las empresas deben lidiar con márgenes más ajustados.
¿Cómo afecta a la industria local?
La industria uruguaya, en particular la agroindustria, que depende fuertemente de los combustibles para sus máquinas y transporte, está viendo un aumento significativo en sus costos operativos. Esto no solo afecta la rentabilidad de las empresas, sino que también puede generar un ajuste en los precios que se trasladan al consumidor final. Además, las industrias que dependen de los fertilizantes, cuya producción está vinculada al precio del petróleo, también enfrentan mayores costos, lo que puede afectar la producción de alimentos y otros bienes esenciales.
¿Qué podría hacer Uruguay para mitigar este impacto?
Uruguay tiene un desafío grande, ya que depende de las importaciones para cubrir sus necesidades energéticas. Una de las soluciones podría ser invertir más en energías renovables, como la solar y la eólica, que el país ya está desarrollando. Sin embargo, el petróleo seguirá siendo necesario para muchos sectores durante algún tiempo, por lo que, a corto plazo, lo más importante es estar preparados para los efectos de los precios elevados. Esto implica gestionar los recursos de manera eficiente y ser conscientes de los impactos que esto puede tener en el poder adquisitivo de la población.
¿Qué mensaje le darías a los consumidores uruguayos?
Les diría que, aunque el precio del petróleo afecta a todos, también debemos ser conscientes de que estamos viviendo una situación global compleja. Las fluctuaciones del precio del petróleo son inevitables, pero también es importante que, como país, seamos conscientes de la necesidad de diversificar nuestras fuentes de energía y seguir apostando por la eficiencia energética. En lo inmediato, es fundamental tomar decisiones de consumo responsables y estar preparados para enfrentar estos costos adicionales.
Pablo Cortondo – Economista del Centro Comercial e Industrial de Salto
Economista Pablo Cortondo, «el ajuste responde a la dinámica internacional y regional»
El analista del Centro Comercial de Salto, Pablo Cortondo, explicó que el aumento de combustibles y la reducción del descuento del IMESI están alineados con los precios internacionales del crudo y la situación regional, especialmente en Argentina y Brasil.
El economista Pablo Cortondo, analista economico del Centro Comercial e Industrial de Salto, se refirió al reciente aumento de los combustibles y al ajuste en los descuentos del IMESI en zonas de frontera, señalando que las medidas adoptadas por el gobierno se encuentran en línea con el contexto internacional y regional.
“Lo que sí te puedo comentar es que las reducciones que se han venido haciendo en el descuento del IMESI son consecuentes con el aumento del precio de los combustibles a nivel internacional”, explicó.
En ese sentido, Cortondo indicó que Uruguay no fija los precios del crudo, sino que se adapta a las condiciones del mercado global. “Lo que pasa es que como ANCAP es tomador de precios del crudo, evidentemente que los impactos de la guerra hacen que los costos aumenten y por lo tanto lo tienen que terminar trasladando al precio del consumidor”, sostuvo.
A partir de ese escenario, el economista remarcó que la política fiscal vinculada al IMESI también acompaña esos movimientos. “Es necesario que debido a eso, que ese costo se traslade y al trasladarse al precio, el descuento en el IMESI sea menor”, agregó.
No obstante, subrayó que el beneficio para las zonas de frontera aún se mantiene vigente. “Aún tenemos un nivel de descuento, porque lo que sucede es que también los costos han aumentado significativamente en la Argentina. Y eso hace que sea todavía necesario cierto nivel de descuento del IMESI en frontera. Y lo mismo con Brasil. Ese es el punto”, afirmó.
Discutir niveles de descuento de IMESI
Cortondo planteó que el debate actual no pasa por la existencia del descuento, sino por su magnitud. “Uno está discutiendo, digo, en el buen sentido, los niveles de descuento del IMESI. ¿Podrá ser más, podrá ser menos? Eso se estaba hablando, pero más allá de eso, lo que está haciendo el gobierno está en línea con lo que está sucediendo en el mercado regional e internacional”, señaló.
Asimismo, recordó que la fijación de precios responde a una metodología definida desde hace años por las autoridades económicas. “Hay una metodología que está establecida por el Ministerio de Economía, no solamente ahora, hace mucho tiempo que ya se hace así, y bueno, es una única metodología. ¿Es buena, es mala? Bueno, eso es cuestionable. ¿Puede haber algunos aspectos en los que estemos de desacuerdo? Puede haber”, expresó.
Finalmente, insistió en que el contexto regional sigue siendo determinante para sostener ciertos beneficios en la frontera. “Primordialmente, nosotros todavía seguimos teniendo descuentos porque los aumentos que han venido dándose en la Argentina son significativos y, sobre todo, por los impactos de la guerra”, concluyó.
De esta manera, desde el análisis económico se interpreta que el ajuste en combustibles y en los mecanismos de descuento fiscal no responde únicamente a decisiones internas, sino a una combinación de factores externos que condicionan el mercado energético y las políticas locales.
Federico Acosta – UNVENU
Empresarios de Salto cuestionan la paramétrica del IMESI y alertan por impacto en la economía local
Federico Acosta, de UNVENU Salto, analizó el aumento de los combustibles y criticó la metodología de cálculo del IMESI. Señaló efectos negativos en el comercio local y caída de la actividad económica.
El aumento de los combustibles en Uruguay continúa generando preocupación en el sector empresarial del litoral, particularmente en Salto.
Federico Acosta, integrante de UNVENU y vinculado al Centro Comercial local, advirtió que el problema no radica únicamente en el contexto internacional, sino en los criterios utilizados a nivel nacional para mitigar ese impacto.
Indicó que desde el Centro Comercial se viene trabajando junto al economista Pablo Cortondo y en contacto con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería para estudiar la situación.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la paramétrica utilizada para definir el descuento del IMESI en zonas de frontera. Según explicó, uno de los factores considerados presenta un desfase temporal significativo.
“En el 2008 el combustible valía la mitad. Un 15% de 40 pesos no es lo mismo que un 15% de casi 90 como está hoy»
“Usan información del precio de Argentina que tiene dos meses de vencido, o sea, van como con dos meses de delay. En un escenario así de volátil como este es un problema, porque básicamente tienen el pescado podrido, vienen con la información vencida”.
Acosta subrayó que este retraso en los datos resulta determinante en un contexto de constantes variaciones de precios, afectando la competitividad del lado uruguayo y la dinámica económica local.
El segundo aspecto cuestionado es la denominada “cláusula gatillo” del 15%, que define cuándo se ajusta el IMESI. “Ellos tienen como una especie de amortiguador de precio. Si la diferencia supera ese 15%, ahí se ajusta el porcentaje”, explicó. Sin embargo, remarcó que ese porcentaje fue establecido hace más de una década, en un contexto económico muy distinto.
“En el 2008 el combustible valía la mitad. Un 15% de 40 pesos no es lo mismo que un 15% de casi 90 como está hoy. Ese valor quedó arbitrario y nunca se revisó”, sostuvo.
Desde su perspectiva, el sector comprende que Uruguay es tomador de precios en el mercado internacional, pero considera que las medidas internas agravan el problema. “Entendemos la situación geopolítica y que el gobierno deba ajustar precios, pero sí cuestionamos duramente el recorte que se viene haciendo con el IMESI”, afirmó.
“El gobierno necesita plata básicamente. No es una afirmación partidaria, es una lectura de la realidad»
En ese sentido, vinculó estas decisiones con la necesidad de recaudación del Estado. “El gobierno necesita plata básicamente. No es una afirmación partidaria, es una lectura de la realidad», indicó, mencionando ajustes previos en áreas como FONASA e IRPF, así como la reciente corrección del presupuesto nacional tras una sobreestimación del crecimiento económico.
A nivel local, el impacto ya se hace sentir. Acosta adelantó que informes del Centro Comercial señalan una caída cercana al 4% en la actividad económica de Salto durante el último trimestre, configurando un escenario recesivo.
Además, destacó que el precio del combustible tiene un efecto transversal en toda la economía. “El combustible es la punta del iceberg”, afirmó, aludiendo a su incidencia en costos logísticos, precios finales y nivel de consumo.
«Hace dos meses ODONE comunicó que se ajustó el presupuesto del 2025, le erraron por casi 1% del PBI. ¿Qué quiere decir esto? 1% del PBI es cerca de 1.000 millones de dólares. Quiere decir que en el 2025 se gastaron casi 1.000 millones de dólares de demás que no entraron en las arcas de Estado porque se sobreestimó el índice de crecimiento del Uruguay» afirmó nuestro entrevistado. «Hoy somos los peores de la clase en términos de crecimiento, entonces se está enfriando la economía nacional y local» afirmó.
En relación a la reciente variación de precios, recordó que en momentos puntuales Uruguay presentó diferencias en algunos productos, aunque sin efectos significativos en la dinámica comercial. También cuestionó la capacidad de control de organismos como URSEA ante eventuales distorsiones del mercado.
Finalmente, Acosta insistió en la necesidad de revisar de forma urgente los criterios actuales. “No podés usar información de dos meses con la volatilidad que hay hoy. Y después tener un 15% como cláusula gatillo cuando ese valor hoy representa más de 10 pesos. Es una locura”, afirmó.
El planteo del sector empresarial apunta a un equilibrio delicado, comprender el contexto internacional sin dejar de exigir herramientas más eficaces a nivel local para sostener la actividad económica y evitar una mayor desaceleración en la región.
Ing. Agr. Rafael Normey – Pte. Federación Rural
“Se necesitan reformas estructurales para bajar costos y mejorar la competitividad”
En un contexto de subas de combustibles y creciente preocupación por el impacto en la economía, la Federación Rural del Uruguay volvió a colocar el precio del gasoil en el centro del debate nacional. A través de un documento difundido recientemente, la gremial planteó una batería de medidas orientadas a corregir lo que considera “ineficiencias estructurales” del sistema de combustibles en Uruguay, señalando que existe margen para reducir significativamente el costo por litro y aliviar así la carga sobre el sector productivo.
El actual presidente de la Federación Rural del Uruguay, Ing. Agr. Rafael Normey, representa una nueva etapa en la conducción del histórico gremio ruralista. Ingeniero agrónomo, productor y asesor de empresas agropecuarias, Normey asumió el liderazgo de la institución en 2025 con el desafío de reposicionar al sector en el debate económico nacional.
Con un perfil técnico y una fuerte inserción en la realidad productiva, el dirigente ha puesto el foco en los costos estructurales que enfrenta el agro, entre ellos el precio del gasoil, al que considera un factor determinante para la competitividad del país.
En ese marco, la Federación Rural desea corregir distorsiones en el mercado de combustibles, abriendo una discusión que trasciende al sector y se instala en el corazón de la política económica uruguaya.
UN DIAGNÓSTICO CRÍTICO: SOBRECOSTOS E INEFICIENCIAS
La Federación Rural sostiene que el precio del gasoil en Uruguay se encuentra entre los más altos de la región, producto de factores estructurales que distorsionan el mercado. Entre ellos, menciona el monopolio de ANCAP, la elevada carga tributaria, la existencia de subsidios cruzados y diversas ineficiencias operativas.
Según la gremial, estos elementos generan un sobrecosto estimado de $8,2 por litro, cifra que —afirman— podría reducirse mediante reformas concretas.
Además, advierten que el precio local del gasoil ha estado sistemáticamente por encima del denominado Precio de Paridad de Importación (PPI), indicador calculado por la URSEA que refleja el valor internacional del combustible.
Este desfasaje habría implicado un sobrecosto global de aproximadamente US$ 185 millones en el último año, afectando directamente la competitividad del aparato productivo.
IMPACTO EN LA ECONOMÍA: PRODUCCIÓN, EMPLEO E INFLACIÓN
El planteo de la Federación Rural no se limita al sector agropecuario. Si bien las cadenas agroindustriales consumen cerca del 40% del gasoil comercializado en el país, el encarecimiento del combustible repercute en toda la economía.
El mayor costo logístico impacta en el transporte, en la producción de bienes y en la estructura de precios, generando presiones inflacionarias. En palabras de la gremial, cada aumento en el gasoil implica “menos producción, menos empleo y más inflación”, configurando un freno al crecimiento económico.
LAS MEDIDAS PROPUESTAS: UNA AGENDA DE REFORMAS
Para revertir esta situación, la Federación Rural presentó un conjunto de propuestas que combinan medidas de corto, mediano y largo plazo:
1. Eliminación de subsidios cruzados
La gremial plantea transparentar los subsidios que hoy se financian a través del precio del combustible —como el boleto urbano o el supergás— y trasladarlos al Presupuesto Nacional.
2. Reforma del sistema de distribución
Se propone implementar plenamente la regulación de la distribución de combustibles, lo que podría generar ahorros cercanos a $4 por litro al reducir costos logísticos.
3. Fortalecimiento del regulador
La Federación Rural insiste en dotar de mayor independencia y poder efectivo a la URSEA, permitiéndole incidir con mayor transparencia en la fijación de precios.
4. Redefinición del rol de ANCAP
Otra de las propuestas apunta a revisar el funcionamiento de la empresa estatal, concentrando su actividad en el negocio energético y reduciendo su participación en áreas consideradas no estratégicas.
5. Mayor competencia en el mercado
Finalmente, la gremial sugiere avanzar hacia una apertura gradual del mercado, incluyendo la posibilidad de importar combustibles y fomentar la competencia en la distribución.
UN DEBATE DE FONDO: POLÍTICA ENERGÉTICA Y MODELO ECONÓMICO
El planteo de la Federación Rural se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo de fijación de precios de los combustibles en Uruguay. Mientras el gobierno ha justificado los ajustes recientes por la evolución del petróleo a nivel internacional, desde el sector productivo se cuestiona que las bajas del crudo no se trasladen con la misma rapidez al consumidor final.
Este desacople entre precios internacionales y locales, sumado a la estructura de costos interna, ha reavivado el debate sobre el rol del Estado, la eficiencia de las empresas públicas y la necesidad de reformas que permitan mejorar la competitividad del país.
La propuesta de la Federación Rural no es solo una crítica coyuntural al precio del gasoil, sino un planteo estructural que apunta a transformar el sistema de combustibles en Uruguay. Con un diagnóstico centrado en ineficiencias y subsidios ocultos, la gremial impulsa una agenda de cambios que, de implementarse, podría tener un impacto significativo en la economía nacional.
Sin embargo, se trata de reformas complejas, que involucran decisiones políticas de fondo sobre el rol del Estado, la regulación y la apertura de mercados. En ese sentido, el debate sobre el gasoil trasciende el ámbito agropecuario y se proyecta como uno de los ejes centrales de la discusión económica del país en los próximos años.
