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Para Regino López: “lo que me preocupa es cómo hacemos para cubrir la necesidad alimentaria que tienen cientos de salteños y salteñas”
En los últimos días volvió a instalarse con fuerza en el debate político departamental el tema de la atención alimentaria en Salto, luego de que el nuevo gobierno de la Intendencia anunciara modificaciones en el sistema de apoyo a la red de ollas populares y merenderos, así como cambios en la modalidad de distribución de alimentos que venía funcionando a través de puntos fijos coordinados con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA). Sobre este tema dialogó EL PUEBLO con el ex Director de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, Regino López, quien desempeñó ese cargo durante la anterior administración departamental.
López recordó que durante su gestión existía un convenio firmado con la Red de Ollas Populares, convenio que implicaba una transferencia de 250 mil pesos mensuales provenientes de los recursos de Zona Azul, fondos que habían sido autorizados por la Junta Departamental para ser utilizados en el marco de la emergencia alimentaria. Según explicó, la dinámica funcionaba bajo un sistema de rendición de cuentas documentado por parte de las organizaciones que integran la red, quienes presentaban boletas en la Dirección de Desarrollo Social por cada compra realizada. Al mismo tiempo, la Intendencia acompañaba el proceso con asistencia técnica a través de un trabajador social, que mantenía seguimiento y canal de contacto permanente con las organizaciones.
El ex director señaló además que los merenderos formaban parte de la misma estructura y funcionamiento. “Los atendían dentro del mismo formato”, expresó, destacando que el apoyo no se limitaba únicamente al aspecto económico mensual, sino que existía también un respaldo logístico cuando las ollas o merenderos lo requerían. Vehículos municipales para traslado de verduras, víveres secos o productos donados, así como disponibilidad de espacios físicos dentro de la órbita municipal para preparación, acopio o distribución. En distintos momentos, dijo, se habilitaron instalaciones provisionales como el hogar estudiantil o galpones de Desarrollo Social, hasta que luego las organizaciones consiguieron disponer del espacio de AUTE, desde donde operaron posteriormente.
Por otra parte, López recordó que existía paralelamente otro mecanismo vinculado a la alimentación, que tenía como base un convenio con INDA, a través del cual la Intendencia elaboraba alimentos en el comedor municipal y los distribuía en cuatro puntos de la ciudad, a los que luego se sumó un quinto punto céntrico. Esa distribución se realizaba de lunes a viernes con coordinación de CECOED, alcanzando aproximadamente mil platos diarios, cifra que llegó a ser incluso superior en período invernal. Ese sistema funcionó durante la emergencia sanitaria y social, y continuó hasta el cierre de período de gobierno anterior.
El cambio planteado por la nueva administración departamental generó interrogantes en los colectivos que venían participando del sistema de ollas y merenderos, así como en algunas organizaciones sociales que manifestaron preocupación por el posible impacto que podría tener en el acceso a alimentos de familias que hoy dependen de ese servicio. López indicó que desde la bancada del Frente Amplio se recibió recientemente a la Red de Mujeres, quienes hicieron llegar inquietudes sobre qué podría pasar con aquellas personas que no puedan trasladarse hasta un comedor municipal centralizado, ante un posible redireccionamiento del sistema hacia puntos fijos de entrega administrados exclusivamente por la Intendencia.
Consultado acerca de la visión respecto al anuncio realizado por el responsable de CECOED, Aquiles Mainardi, quien señaló públicamente que nadie quedaría sin plato de comida, López sostuvo que más que tranquilizar o no tranquilizar, el sistema político en general se mantendrá a la expectativa de la evolución de la implementación, observando cómo se desarrollará la transición y cuáles serán los resultados concretos en términos de acceso a la alimentación en esta nueva etapa. Señaló que este tema no puede quedar circunscripto a disputa política ni utilizado como herramienta partidaria, sino que requiere seguimiento permanente y mejoras continuas porque la emergencia alimentaria persiste y sigue afectando a cientos de familias en Salto.
En este marco, López planteó que más allá del formato específico elegido para realizar la distribución, lo central debe ser garantizar que quienes necesitan acceder a un plato de comida puedan hacerlo sin dificultades. Afirmó que el Ministerio de Desarrollo Social continúa trabajando sobre el tema y que está en elaboración un Plan Nacional de Alimentación. Pero consideró necesario que en Salto se piense también en un plan departamental propio que incluya a las distintas instituciones públicas y a las organizaciones sociales con experiencia territorial en acompañamiento comunitario. “En realidad a mí lo que me preocupa más es cómo hacemos para cubrir la necesidad alimentaria que tienen cientos de salteños y salteñas”, expresó.
Finalmente, el ex jerarca señaló que la Mesa de Políticas Sociales podría ser el ámbito de articulación adecuado para impulsar un plan departamental de alimentación, con participación del MIDES, INDA, Intendencia, ASSE, Red de Atención Primaria, organizaciones sociales como la Red de Ollas Populares, entre otros actores institucionales. Consideró que se trata de una problemática que no solo atraviesa el aspecto estrictamente alimentario, sino que también puede derivar en otras necesidades y problemáticas que requieren abordaje integral. Por ello, planteó que el diseño de políticas públicas sostenidas para la emergencia alimentaria en el departamento no debería excluir a la red que ya tiene conocimiento operativo, experiencia concreta y participación voluntaria de salteños que han sostenido una tarea solidaria continua en estos años.
En definitiva, frente a la etapa que comienza y los cambios anunciados por el gobierno departamental, se abre un proceso que será observado de cerca por los actores políticos y sociales. Mientras tanto, quienes han trabajado en esta temática insisten en que los acuerdos interinstitucionales y la articulación con organizaciones de base podrían ser un camino necesario para fortalecer la respuesta alimentaria en Salto, más allá de cuál sea el modelo de gestión elegido por cada administración.
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Para Taruselli: el gobierno de Salto refuerza su compromiso con la alimentación de la población más vulnerable
El gobierno de Salto continúa profundizando su política social vinculada a la atención alimentaria para las familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, así lo afirmó a EL PUEBLO la Directora de Desarrollo Social, María Eugenia Taruselli, quien brindó información actualizada sobre el funcionamiento del sistema de comedores departamentales, destacando que este servicio, sostenido en el tiempo y fortalecido en el último período, constituye una herramienta esencial dentro de las políticas de contención, acompañamiento y presencia del Estado en territorio.
Taruselli informó que, mensualmente, el comedor departamental está entregando más de 23.000 almuerzos y más de 3.200 cenas, lo que implica un esfuerzo logístico, operativo y humano extremadamente importante para la comuna. No se trata solamente del acto final de entregar un plato de comida, sino de un proceso que abarca planificación, coordinación interinstitucional, seguimiento permanente, control de insumos, preparación, distribución y la presencia de equipos que trabajan diariamente en el vínculo directo con las personas.
“Esto representa un esfuerzo muy fuerte por parte del gobierno de Salto, que se renueva a diario en el compromiso de llegar a cada familia que necesita este apoyo para garantizar su alimentación y bienestar”, subrayó Taruselli.
Actualmente, el servicio se distribuye en cinco zonas del departamento, además del apoyo sostenido a los refugios de mujeres y hombres. Los puntos se encuentran ubicados en los barrios Salto Nuevo, La Amarilla, Andresito, La Humedad y Zona Centro. Esta distribución territorial responde a criterios estudiados de cercanía, flujo poblacional, accesibilidad y demanda real, analizada desde los equipos técnicos del área social, en coordinación con otras áreas de la Intendencia.
Desde el gobierno departamental se aportan todos los recursos vinculados directamente al servicio, como recursos humanos, elaboración de comidas, limpieza, administración, utensilios, servicios de comedor, mantenimiento y organización interna de cada lugar. Además, se coordina el transporte y la distribución junto al CECOED, lo que permite optimizar tiempos, asegurar cobertura de sectores donde el contexto lo requiere y evitar superposiciones o carencias dentro del circuito operativo de asistencia alimentaria.
La Intendencia destina aproximadamente dos millones de pesos anuales únicamente a la compra de insumos para este sistema de comedores, mientras que por parte del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), se aporta cada tres meses alimentos secos y carne, lo que constituye una contribución esencial para mantener el volumen necesario de comestibles y sostener la continuidad del servicio sin interrupciones.
Taruselli remarcó que la política alimentaria departamental no se limita a un servicio asistencial básico. La mirada que se ha planteado desde esta Administración tiene un enfoque integral de política social, que incluye contención, escucha activa, articulación con otras líneas de apoyo, derivaciones a servicios específicos, acompañamiento comunitario, presencia territorial real y la generación de espacios donde las personas encuentran una referencia humana y social. “Esto no es solamente entregar un plato de comida, esto es formar parte de una política social integral que busca garantizar bienestar y acompañamiento a las familias que más lo necesitan, generando espacios de contención y vínculo”.
NUEVOS ESPACIOS Y MEJORA EN LA ATENCIÓN
Como parte de un proceso de mejora continua que ya se viene implementando desde hace varios meses, la Intendencia anunció que se realizará un cambio de modalidad en tres de los puntos actuales del servicio. Se trata de una experiencia piloto en la que dejarán de funcionar tres contenedores que actualmente operan en Andresito, Centro y Salto Nuevo, trasladándose el servicio a cuatro lugares cerrados con mejores condiciones edilicias y de permanencia. Esto permitirá fortalecer el acceso a un espacio más digno, resguardado y organizado para las personas que concurren diariamente.
Los nuevos lugares comenzarán a funcionar a mediados de noviembre y será en Club Quinta Avenida 33, el local de IPRU, la Iglesia Misión Vida y el merendero ubicado en Andresito. La Intendencia estará aportando personal, mesas, bancos, cubiertos y lo necesario para que el servicio se mantenga con normalidad, pero con un mayor estándar de calidad, higiene, orden y comodidad para quienes utilizan estos espacios de forma frecuente.
Esta transformación apunta a consolidar un modelo que ya había demostrado ser necesario en el último tiempo, avanzar hacia lugares cerrados, acondicionados, protegidos del clima y con capacidad de brindar un servicio alimentario digno y sostenido en el tiempo. El gobierno de Salto entiende que el servicio público debe evolucionar, corregirse, perfeccionarse y adaptarse para garantizar que las familias beneficiarias no reciban solamente comida, sino también una experiencia humana y social que les permita sentirse cuidadas, respetadas y contenidas.
“Estas acciones reflejan la prioridad que el gobierno de Salto otorga a la política alimentaria y social. Apostamos a un modelo más humano, ordenado y eficiente, que atienda las necesidades reales de las personas y garantice un servicio digno y sostenido”, concluyó Taruselli.
