El inminente anuncio del cese de 292 funcionarios de la Intendencia sigue en agenda
Rafael Di Donato, dirigente del Frente Amplio
“Más que un error político están cometiendo un acto de soberbia”
Tras la manifestación y comparecencia de ADEOMS en la pasada sesión de la Junta Departamental, así como la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo al día siguiente, muestra que el tema del convenio colectivo firmado por la Intendencia de Salto y el sindicato de trabajadores el 25 de junio sigue en agenda. EL PUEBLO consultó la visión de Rafael Di Donato, dirigente del Frente Amplio y exjerarca municipal.
– ¿Cuál es la visión que tiene de toda esta situación?
– La pregunta que yo haría es, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde está la ilegalidad en la firma del convenio colectivo? Yo creo que no tiene fundamento. A mí me preocupa, primero, lo obvio, 292 personas que quedan sin trabajo en un departamento que tiene problemas estructurales de desempleo y que los arrastra desde hace muchísimos años. Lo segundo es que la decisión del gobierno, y en eso yo creo en lo honesto al decir que es una decisión tomada porque es una decisión política, que tiene un porqué y un paraqué. Si uno no entiende el porqué, no entiende el paraqué. El paraqué es porque el gobierno lo que está instalando en la sociedad es un discurso de que la Intendencia está fundida y no puede hacerse cargo de 292 funcionarios de 1724, que fueron los últimos salarios que pagó el Frente Amplio el 30 de junio.
El discurso de toda la dirigencia de la Coalición Republicana es no podemos sostener eso. Porque nos pasamos pagando el salario, no hacemos obras, el Frente Amplio no hizo nada. Es ese el discurso, que no se sostiene, en mi opinión, ante la realidad del departamento. Pero más allá de eso, eso es lo que pretenden instalar. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque quieren igualar la administración del Frente Amplio con la administración de Coutinho y de esa manera lavar culpa porque el Partido Nacional formó parte de esa administración. Y lo segundo que pretenden es el paraqué. Porque una vez que está instalado este discurso, van a echar los 292 funcionarios y lo que van a hacer es tomar los propios. Los suyos. Que es lo que de hecho ya están haciendo. Es decir, en la intendencia ya van entrando 46 designaciones políticas, hasta donde yo sé eran 46 designaciones políticas, o sea, de cargos altos, todos con más de 3.000 dólares de salario, y después más de 20 designaciones directas de funcionarios.
A mí me parece que lo que plantea la Coalición Republicana es, los vamos a echar y vamos a tomar lo que nosotros queremos hacer y vamos a hacer lo que se nos da la gana. Básicamente ese es el discurso que están diciendo. Pero para eso necesitan instalar que la intendencia está fundida. La Intendencia no está fundida, por más que lo digan, los números dicen otra cosa, las rendiciones de cuentas dicen otra cosa, y la realidad es otra también.
– El gobierno departamental no solo habla de un tema financiero, también refiere a una situación jurídica expresando que lo que se acordó es ilegal por estar en año electoral.
– Lo cierto es que este convenio contiene a un montón de gente que hace 5, 6, 7, 8, 9, inclusive 10 años que está trabajando en la intendencia. No es que tomaron gente el último mes de la campaña electoral. Lo que pasa es que todo esto es plausible de una discusión, el problema es que el gobierno no quiere discutir con nadie. Es decir, ¿el gobierno con quién quiere discutir? ¿Quiere discutir con el gremio? No. ¿Quiere discutir con la oposición? Evidentemente no. Es decir, el gobierno está en una especie de recital en solitario en donde hablan solo con ellos y con nadie más. Ni siquiera se plantean alternativas a esto. Me parece que lo que deberían hacer, y así lo establecen los convenios colectivos, que es el error que están cometiendo, de que tienen obligatoriedad de ir a una negociación. Lo que no quiere decir que te pongas de acuerdo. Pero la negociación la tenés que hacer.
Una cosa es que te reúnas, y después por la prensa te enterás que van a echar a todos. En mi opinión, ganó la postura de echémoslos a todos, porque creo que el gobierno no tiene una postura uniforme, no todos los dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado piensan igual con respecto a este tema. Ojo con eso. Lo que pasa es que ganó una postura.
Voy a anticipar que si cumplen que van a cesar a los 292, lo que vamos a tener es un montón de juicios, que vamos a pagar dentro de 5, 6 o 7 años, porque la justicia tarda, pero llega. Yo creo que están cometiendo un error político. Más que un error, es un acto de soberbia. Y yo creo que cuando termine este periodo de gobierno, lo que vamos a ver es que en vez de 1.724 vamos a tener más funcionarios casi todos entrados por designación directa, porque eso ha sido la historia del Partido Nacional y del Partido Colorado.
– ¿Por qué piensa entonces que el gobierno departamental toma la decisión de cesar a 292 funcionarios?
– Porque creen que pueden pagar el costo político y que no va a pasar nada, y porque además van a poner a los suyos, y eso va a ser la estructura de poder que se va a quedar durante muchos años, o peor todavía, traer la Fundación a Ganar, que fue la estructura que armó el Partido Nacional cuando ganó Lacalle para poner a todos sus militantes trabajando en las diferentes intendencias blancas sustituyendo a los funcionarios municipales, bajándoles el salario. No nos hagamos trampas al solitario, lo que molesta mucho es la hipocresía.
El inminente anuncio del cese de 292 funcionarios de la Intendencia sigue en agenda
Enzo Paique, Edil de la CORE
“ADEOMS se presentó en la Junta Departamental y ni un solo edil frenteamplista solicitó tratar la denuncia en el plenario. Los dejaron solos”
Por otro lado, EL PUEBLO consultó al Edil de la Coalición Republicana Enzo Paique, quien brinda la visión del gobierno departamental.
“Tenemos que desmitificar el relato del Frente Amplio, que generó una situación indeseable para 292 trabajadores que tomó en la Intendencia de Salto por designación directa. El propio Andrés Lima, siendo Intendente, señaló que la designación directa es un contrato precario, una contratación que se extiende mientras dure la confianza política de quien, en el uso de sus atribuciones, lo contrata. Al cambiar el gobierno, es el nuevo gobernante quien debe resolver si desea contar con el personal de confianza del anterior gobierno”.
“Desde 2015 cuando asume Lima hasta que entrega el gobierno el pasado 10 de julio, en la plantilla de funcionarios se dio de baja a 698 personas. Allí se encuentran los 249 ceses por motivación política del 2015, más las renuncias, destituciones y jubilaciones que se dieron a lo largo de 10 años de gobierno. Si la cifra de funcionarios del 2015 era escandalosa, imaginemos lo que es ahora, donde no solamente se recuperaron, sino que se aumentaron. Con Lima tenemos 488 ingresos a la Intendencia por designación directa, los otros mecanismos por los que tanto abogaron quedaron en desventaja, con 288 ingresos mediante sorteo y concursos. Como si fuera poco el nivel de contrataciones, cerraron el gobierno con 240 contratados mediante arrendamientos de servicios y más de 40 cargos de confianza”.
“Denunciaron a Coutinho por la cantidad de funcionarios que tenía la Intendencia, pero se fueron aumentando el número de contratados y firmando estabilidades a espaldas de los organismos de contralor”.
“El problema con la designación directa, es cuando le hacen creer a la gente que tiene el derecho ganado a quedarse. La inmensa mayoría de estas contrataciones fueron en su segundo período de gobierno, muchísimas después de un convenio colectivo que firmó la Intendencia con ADEOMS, donde Juan Carlos Gómez señalaba que se terminaban las designaciones directas. Después de ese convenio colectivo ingresaron 76 designaciones directas en 2021, 82 en 2022, 92 en 2023 y 81 durante las elecciones. Después es la derecha la que no cumple ni respeta los convenios colectivos, pero allí no había problemas, porque estaban los compañeros de partido del presidente de ADEOMS y familiares de la directiva del gremio. ADEOMS está desprestigiado por el accionar de sus dirigentes. Su presidente hace 15 años no se presenta a trabajar junto a otros integrantes que siguieron el mismo camino. Anoche se presentaron en la Junta Departamental y ni un solo edil frenteamplista solicitó tratar la denuncia en el plenario. Los dejaron solos”.
“Es que cuando uno desglosa el listado de los 292 en cuestión, ve allí más de 30 personas que fueron electas como ediles y renunciaron para ingresar a la Intendencia de Salto, decenas de familiares de los ediles que se quedaron en la Junta Departamental, familiares de los directivos de ADEOMS e incluso, dirigentes que eran del Partido Colorado y se pasaron para el ENFA. Pero que quede claro, esto no es una cacería de brujas ni tiene una motivación política como la que perseguía Lima en 2015. Hay funcionarios que van a seguir porque son necesarios para la gestión y hacen un muy buen trabajo, pero los hay otros que no se han tomado la molestia de, ni siquiera, ir a marcar a su lugar de trabajo. Tuvieron que tomar 240 funcionarios mediante el arrendamiento de servicios para cumplir con las tareas que no se hacían, porque los municipales se iban en horario de trabajo a hacer campaña política”.
“Acá lo que cuestiona la Intendencia es la irregularidad que representa la designación directa. Ese mecanismo de contratación no es inconstitucional, pero tampoco es permanente, por lo que es revocable por la siguiente administración. Además, en complicidad del gobierno anterior con el sindicato, evitaron a los mecanismos de contralor. ADEOMS ahora va a la Junta Departamental cuando nunca se le envió el convenio colectivo ni se envió al Tribunal de Cuentas para ver si estaban dadas las condiciones. Obligan al próximo gobierno sin tener las partidas presupuestales aseguradas para cumplir con el pago de salarios, a la vista de todos quedó los sucesos de los primeros días de gobierno”.
“El convenio colectivo pasa a ser irregular cuando se comprometen gastos no autorizados, allí ya estás ante una causal de anulación por el TCA que es por la falta de recursos. El otro es la legalidad. La administración anterior pateó los problemas para adelante y se fue, entonces llegó la Coalición Republicana y no teníamos recursos para pagar los salarios de los trabajadores que nos dejaron en la Intendencia”.
“Se pagó dos tercios del fideicomiso y lo siguen citando como excusa para justificar la inmensa deuda que dejaron. Un déficit de 2.100 millones de pesos, una deuda al Banco República de 7 millones de dólares que compromete partidas que llegan a nivel nacional, 2 millones de dólares de luminarias que compraron, colocaron y no pagaron. Recibieron partidas de OPP y no le pagaron a las empresas que ejecutaban obras como la de Avenida Ramón Vinci. Todo eso, ahora lo debe absorber el nuevo gobierno, y dicen que dejaron una Intendencia financieramente viable. Si no llega dinero de recaudación nacional no se pagan los salarios, y el gobierno debe ser mucho más que solo pagar sueldos, la gente espera obras, inversiones y una ciudad limpia, que funcione”.
“Ellos dicen que el rubro cero representa solamente un 65% de todo el dinero que ingresa a la Intendencia, sumando incluso aquellas partidas que llegan con un destino específico que son por ejemplo los incentivos a municipios, FDI y caminería rural. Si hacemos la misma cuenta para el gobierno de Coutinho, esa cifra era el 51%. ¿Hace diez años estaba muy mal y ahora está bien?”
“La victoria de la Coalición Republicana fue demasiado contundente como para no hacer los cambios que la gente reclama”, concluyó Paique.
