El gobierno incorpora a las Fuerzas Armadas en seguridad y expone contradicciones del Frente Amplio frente al delito y el narcotráfico.
Alexander Fagundez
Edil CORE
Lista 404
La decisión del gobierno nacional de incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje y apoyo preventivo en seguridad pública abre un debate que trasciende lo operativo y se instala de lleno en el terreno de la coherencia política.
Conviene ser claros: frente al crecimiento del narcotráfico, el aumento de la violencia y la pérdida de control territorial en zonas críticas, resulta legítimo evaluar todas las herramientas institucionales disponibles. Si la realidad exige una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad interna, esa discusión debe darse con responsabilidad y con un marco legal claro que delimite competencias, responsabilidades y controles democráticos.
El problema, sin embargo, no es solamente la medida. El problema es la profunda contradicción del gobierno.
Durante décadas, el Frente Amplio sostuvo una posición frontal contra cualquier ampliación del rol del Ejército en asuntos de seguridad interna. No solo rechazó esas propuestas cuando fueron planteadas por gobiernos de los partidos tradicionales, sino que construyó una narrativa de fuerte desconfianza hacia la institución militar.
Esa postura estuvo además alimentada por una permanente demonización del Ejército, asociándolo casi exclusivamente al período de la dictadura cívico-militar. Bajo esa lógica, se instaló una visión que muchas veces ignoró deliberadamente el rol institucional que las Fuerzas Armadas cumplen en democracia y su transformación dentro del marco republicano.
Cada vez que se proponía apoyo militar para reforzar la seguridad, el Frente Amplio respondía con duras críticas, apelando a argumentos jurídicos, institucionales e incluso ideológicos.
Hoy, sin embargo, ese mismo Frente Amplio impulsa aquello que durante años condenó.
La contradicción se vuelve aún más evidente al recordar las duras críticas que formuló en el pasado el actual secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, cuando se manejó esta posibilidad, que quienes proponían estás medidas, sentían nostalgia por la dictadura. Lo que antes era presentado como una amenaza institucional hoy aparece como herramienta válida de gestión.
¿Qué cambió? ¿La convicción política o la realidad que no supieron controlar?
La respuesta parece evidente: la ineficiencia e improvisación del gobierno en la lucha contra el delito y el narcotráfico.
A meses de gestión, la inseguridad continúa siendo una preocupación central, el narcotráfico mantiene capacidad de operación y el Estado sigue mostrando dificultades para recuperar el control en territorios vulnerables. Cuando un gobierno termina recurriendo a medidas que antes combatía con fervor, queda expuesta no una evolución doctrinaria, sino una gestión desorientada.
La ciudadanía debe recordar estas contradicciones.
La memoria política no puede ser selectiva. Cuando llegue el momento de volver a votar, será fundamental hacerlo con claridad, con memoria y con sentido crítico.
Uruguay necesita gobiernos coherentes, eficaces y honestos con sus convicciones. Un país no solo se debilita por malas decisiones; también se deteriora cuando quienes gobiernan convierten la contradicción en su forma habitual de hacer política.
