Idas y vueltas sobre el cierre de calles en la península vecina al Parque del Lago
Lo que durante décadas fue un punto de encuentro ineludible para las familias salteñas, hoy es un territorio fantasma rodeado de maleza y prohibiciones. La zona ubicada en el extremo de la península anterior al Parque del Lago, conocida popularmente como Bahía Durazno, permanece cerrada al paso de vehículos y peatones sin una explicación clara para el ciudadano común. Este enclave, que se sitúa justo después de las instalaciones del Yacht Club Salto, representa uno de los puntos panorámicos más importantes de nuestra costa.
Quienes solían elegir este rincón por sus aguas limpias y su resistencia a las floraciones algales, se encuentran hoy con viejos carteles despintados por el sol y barreras que impiden el paso. El fenómeno de las cianobacterias, que afecta de forma regular a la playa vecina de la Intendencia, parece dar tregua en este sector específico del lago, lo que lo convertía en el refugio predilecto de muchos bañistas durante los días de calor más intensos. Lo que antes era un derecho natural al disfrute del paisaje, se transformó en una zona de exclusión que despierta el malestar y la indignación de los vecinos.
El ambicioso proyecto que nunca pasó del papel
La investigación de Diario El Pueblo permitió determinar que este bloqueo tiene su origen en un plan que prometía desarrollo turístico y terminó en un proyecto inconcluso. En el año 2018, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) seleccionó un proyecto denominado «Eco Camping Charrúa» en el marco del Fondo Corredor de los Pájaros Pintados. Esta iniciativa, impulsada en conjunto con el Ministerio de Turismo, buscaba diversificar la oferta turística y de alojamiento en el departamento de Salto.
La propuesta contemplaba una inversión de $649.966 pesos uruguayos, 70% aportado por el fondo y el 30% restante por el privado; un monto destinado a crear una infraestructura amigable con el medio ambiente. Desde El Pueblo realizamos las consultas pertinentes y pudimos confirmar que ANDE no transfirió la totalidad del fondo disponible porque el proyecto está inconcluso, aunque sí buena parte del mismo. El proyecto se presentó con una narrativa que proponía crear estructuras tipo «tolderías» que armonizaran con la arquitectura ancestral. El turista no solo encontraría un lugar donde acampar con casas rodantes, sino que accedería a medicina ancestral, historias y leyendas locales. Sin embargo, desde la firma del contrato en abril de 2020, no se ha brindado servicio alguno a la comunidad o a los visitantes.
Un historial de fracasos financiados con fondos públicos
Lo ocurrido con el camping en la Bahía Durazno no parece ser un hecho aislado, sino parte de una alarmante tendencia de proyectos inconclusos. En aquel llamado del año 2018, fueron tres los emprendimientos seleccionados en el departamento de Salto para recibir el impulso económico de ANDE y el Ministerio de Turismo. X-treme Paintball, un parque de entretenimientos cuya principal actividad era la práctica del Paintball en la zona de El Chircal; y el Eco Bus Daymán, un micro eléctrico que pretendía brindar distintos servicios orientados al turista en la zona de Termas del Daymán. La realidad hoy, varios años después, es que ninguno de estos dos proyectos está funcionando, lo que representa un golpe directo a las expectativas de desarrollo turístico local.
Resulta preocupante que dineros públicos, destinados a dinamizar la economía del litoral y mejorar la infraestructura para el visitante, hayan terminado en iniciativas que se diluyeron con el tiempo. Mientras parte de los fondos fueron ejecutados, el beneficio para el ciudadano de a pie es nulo; por el contrario, en el caso del perilago, denuncian que el resultado fue perder un espacio de recreación. Esta seguidilla de fracasos pone bajo la lupa no solo a los emprendedores, sino también a los mecanismos de control y seguimiento de las agencias estatales que otorgan estos subsidios.
El plazo vencido y los mecanismos de control
Al contrastar las bases del llamado con la realidad, el incumplimiento es flagrante. Según el documento oficial, la duración máxima para cumplir con las actividades era de 18 meses. Han pasado más de siete años desde la convocatoria y más de tres desde que el camping tomó posesión del lugar, excediendo por lejos cualquier prórroga. El reglamento estipula que los proyectos debían demostrar un horizonte máximo de 24 meses para generar nuevos puestos de trabajo.
El Fondo preveía un seguimiento estricto, donde los beneficiarios debían presentar adelantos semestrales sujetos al cumplimiento de resultados intermedios. Además, tanto ANDE como el MINTUR debían realizar una ejecución económica-financiera de los fondos otorgados. Si el proyecto no cumple con el plan de trabajo o se detectan desviaciones, las instituciones deben aplicar acciones correctivas. Sin embargo, en el caso de la Playa de los Sauces, el único resultado visible ha sido el bloqueo de una calle pública.
Laberintos legales y pedidos de privilegios
El predio en cuestión pertenece formalmente a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, aunque se encuentra bajo un comodato a 90 años otorgado en 1992 a la empresa que administra el Hotel Horacio Quiroga. Según los términos de aquel contrato, la firma tiene la potestad de asignar espacios para otros emprendimientos que complementen la oferta turística, siempre bajo la supervisión directa del organismo binacional. La condición estricta es que los proyectos se ejecuten y los servicios se brinden efectivamente al público.
La expulsión de ciudadanos
Lo más llamativo para quienes frecuentan la zona fue la actitud de algunas personas que, sin identificarse correctamente, solicitaban a los visitantes retirarse del lugar. Una vez que se procedió al cierre de la calle principal, los vehículos ya no pudieron ingresar, pero incluso aquellos que intentaban llegar caminando se encontraban con obstáculos. Una testigo relató a Diario El Pueblo que, estando en el área de la península, apareció a los pocos minutos una persona para solicitar el retiro inmediato de los visitantes.
Este accionar fue calificado como un «capricho» de privados que, amparados en un contrato que no cumplen, se sienten con el derecho de patrullar una costa que es de todos. El resultado es un paseo de los salteños que permanece cerrado por el lento avance del proyecto que no avanzó con su calendario de inversión. Mientras tanto, la justificación de ANDE sobre la conservación del entorno natural quedó reducida a un área bloqueada donde, al parecer, nadie puede disfrutar de la naturaleza que el proyecto decía querer proteger.
Salto Grande activa la fiscalización
Fuentes de total solvencia confirmaron a nuestro medio que la nueva Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande decidió cambiar la política de «ojos cerrados» de administraciones anteriores. En una premisa de recuperación de los espacios públicos, se activó una función fiscalizadora estricta sobre todos los contratos vigentes. El primer ejemplo de esta firmeza fue el Yacht Club Salto, que fue intimado a retirar los pórticos que impedían el paso, medida que la institución acató recientemente.
Ahora, el foco de las autoridades está puesto sobre el incumplimiento de la firma administradora del Eco Camping Charrúa. En las próximas semanas, la empresa será oficialmente intimada a retirar todas las barreras que obstruyen la circulación. La postura del organismo es tajante: las calles no se pueden cortar para el tránsito vehicular porque son espacios públicos y no pueden ser privatizados bajo ninguna figura comercial que no esté brindando un servicio real y autorizado.
El preocupante estado de abandono físico
El daño provocado por este cierre no es solamente la falta de acceso, sino el profundo deterioro de la infraestructura de la península. Al no permitirse el tránsito y haber quedado la zona en una especie de «limbo» administrativo, las calles han perdido todo tipo de mantenimiento. Hoy, el asfalto está completamente cubierto por hojarasca, ramas y maleza.
Al tratarse de vías de dominio público, su cuidado debería ser coordinado por la Intendencia de Salto, pero el cierre impuesto por los responsables del camping impidió cualquier tarea operativa en los últimos dos años. Desde Salto Grande explicaron que, si un comodato cae por falta de cumplimiento de las obras prometidas, el área regresa automáticamente a la administración del Hotel Quiroga, quien tiene la obligación contractual de realizar la poda, el corte de pasto y el mantenimiento general de todo el perilago que le fue asignado originalmente.
Nuestro medio contactó con el responsable del proyecto Eco Camping Charrúa y aportó su visión sobre el polémico cierre de la península. Según el empresario, la decisión de bloquear el camino no respondió a un afán de privatización, sino a una necesidad imperiosa de seguridad. Explicó que la zona ha sido blanco de la delincuencia en reiteradas oportunidades, sufriendo incluso el robo de una viga de hierro de cinco metros de largo, la cual debió ser cargada en un camión para ser retirada del lugar.
El responsable del emprendimiento vinculó esta situación con la realidad que vive el vecino Yacht Club Salto, donde los amigos de lo ajeno han ingresado para llevarse motores y hasta embarcaciones. Desde la firma se sostiene que el cierre de la calle busca impedir el ingreso de vehículos pesados que luego son utilizados para transportar los materiales robados. Ante la inminente notificación de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande para liberar la calle, el empresario se mostró sorprendido y advirtió que la apertura será un «enorme problema» para el control en un área donde la vigilancia es sumamente dificultosa.
«El proyecto sigue vivo»: la construcción de baños y el factor pandemia
A diferencia de la percepción de abandono que denuncian los visitantes, la empresa asegura que el emprendimiento no está detenido ni mucho menos cancelado. Según indicaron a Diario El Pueblo, en estos momentos se encuentran trabajando en la construcción de una batería de baños, pieza fundamental para la infraestructura del camping.
Al ser consultado sobre el tiempo transcurrido, la empresa justificó la demora señalando el impacto de la pandemia de COVID-19, que generó un perjuicio económico y operativo que atrasó todo el cronograma original. Esta explicación intenta matizar lo establecido en las bases del llamado, que fijaban un plazo máximo de 18 meses para el cumplimiento de actividades. Si bien el reglamento contempla la posibilidad de monitorear desviaciones, el responsable insiste en que el contexto sanitario global fue el factor determinante para que las obras no finalizaran en el tiempo previsto.
¿Acceso libre o restricción de hecho?
Respecto a las quejas de los ciudadanos que se sintieron expulsados de la zona, la firma aclaró que el acceso a los peatones «nunca estuvo prohibido». Sostienen que cualquier persona puede ingresar caminando sin inconvenientes, reconociendo que las playas y las costas son libres en nuestro país.
A pesar de sus reparos por el tema seguridad, el responsable del camping adelantó que acatará la orden de la CTM una vez que sea notificado formalmente. No obstante, el debate queda instalado: ¿hasta qué punto un privado puede cercenar el tránsito por calles públicas para proteger sus bienes? Mientras tanto, el ente binacional mantiene su postura de que los espacios deben ser devueltos a la comunidad, independientemente de los riesgos delictivos que la empresa deba gestionar por otros medios.
El precedente de «Las Leonas»
Este conflicto no es nuevo en la zona del Lago. La situación de la Playa de los Sauces guarda similitudes directas con lo que ocurrió tiempo atrás en la playa conocida como «Las Leonas», ubicada en la zona de las cabañas del hotel. En aquel momento, también se había instalado una barrera de acceso con un portero, pretendiendo filtrar quién entraba al predio y accedía a la costa. Sin embargo, ante las denuncias y la claridad de la normativa, debieron dar marcha atrás.
La ley uruguaya y los acuerdos binacionales son claros: la costa y sus accesos deben ser libres e irrestrictos para el público. No existen playas privadas en nuestro territorio y cualquier intento de cerramiento es una violación a los derechos de los ciudadanos. La experiencia de Las Leonas dejó claro que no importa quién gestione el servicio en tierra, el agua y la arena siguen siendo de la gente. El objetivo ahora es que la Playa de los Sauces recupere su brillo y que la península deje de ser un coto privado para volver a ser el orgullo turístico de Salto.
El rigor de las bases y los fondos públicos
El reglamento de ANDE y el Ministerio de Turismo establecía que los proyectos debían ser técnica y comercialmente viables en el corto plazo. Las bases exigían que el emprendedor tuviera dedicación exclusiva y full time para asegurar el éxito del negocio.
El contraste es evidente: mientras la empresa defiende su derecho a protegerse de los robos, el interés público reclama la recuperación de un paseo emblemático. La fiscalización que hoy se activa desde la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta busca determinar si, tras siete años del llamado original y el vencimiento de los plazos de ejecución estipulados en 18 meses, el proyecto realmente justifica mantener la exclusividad de un terreno privilegiado que hoy, para el salteño común, sigue pareciendo un área vedada.
