Salto se encuentra en una encrucijada económica y política que habría de resolverse en los próximos días.
El pasado jueves, ante inminente fracaso de la votación para aprobar un fideicomiso por el equivalente a 60 millones de dólares, con un plazo de veinte años; se aprobó el reenvío de la propuesta a la comisión integrada de presupuesto y legislación.
La realidad económica y financiera de la Intendencia de Salto es muy comprometida; Restan pagar 5 cuotas del Fideicomiso “Coutinho –Lima”, que, con la suba de la Unidad Indexada y la baja del dólar, están en el eje de los U%S 7:500.000.- cada una. La próxima cuota vence el 5 de marzo de 2026.
A esa deuda fideicomisada, (U$S 37.400.000), se suman los impagos que dejó la gestión Lima, (BROU y proveedores varios), que suman unos nueve millones de dólares más.
Son en total unos 45 millones de dólares, a los que sumarían los 60 millones adicionales en cuotas anuales por veinte años. SI, son 105 millones de dólares.
Son muchos millones de dólares y son muchos años.
Quizá, sea conveniente, jerarquizar las prioridades; Lo primero es resolver las urgencias del endeudamiento a cortísimo plazo, y la asfixia financiera: 10 millones a cinco años. Puede aprobarse con los votos de la Coalición Republicana ahora mismo, y trabajar con más tranquilidad.
Caminería Rural, que es urgente y ayuda la tarea de los productores, 15 millones a diez años. Recomponer los pavimentos de la ciudad, con hormigón, que se amortiza en 50 años (si está bien hecho), 15 millones a 20 años.
Suman 45 millones de dólares, y avanzando en le ejecución de cada uno de los programas, quedará un margen para gestionar (con inteligencia y trabajo), créditos de organismos internacionales, muchos de ellos no reembolsables, para saneamiento, tratamiento ecológico de la basura, hacer un rediseño del sistema de transporte público, y mejoras destinadas a los problemas de las inundaciones periódicas del Río Uruguay.
Es verdad que esta forma de gestión en mucho más laboriosa, pero permite un control específico de la ejecución, garantiza la transparencia y permite superar las objeciones que se han planteado para alcanzar los 21 votos que se necesitan para endeudamientos a largo plazo.