La suba de combustibles y cambios en IMESI agravan costos, afectan empleo y profundizan la brecha entre el interior y Montevideo.
PABLO CONSTENLA
Diputado Partido Nacional
2025-2030
La suba de los combustibles en Uruguay vuelve a golpear con fuerza al interior del país, y en particular a Salto, donde el impacto no es teórico: es directo y cotidiano. Entre el aumento de precios y la modificación en los porcentajes de descuento del IMESI, las naftas han subido más de un 13%. Ese dato no admite relativizaciones: es un aumento significativo que repercute en toda la economía local.
Pero el problema no es únicamente el porcentaje. Es la falta de una mirada territorial en la toma de decisiones. Salto enfrenta desde hace tiempo dificultades estructurales en materia de empleo, desarrollo y competitividad. En ese contexto, encarecer el costo del combustible no es una medida neutra; es una decisión que termina profundizando esas dificultades.
El combustible no es un bien más. Es una herramienta esencial para producir, trabajar y sostener la actividad económica. Cada aumento impacta en toda la cadena: desde el productor que necesita trasladar su mercadería, hasta el pequeño comerciante que ve incrementados sus costos. Todo termina reflejándose en precios más altos y en menor margen para sostener el trabajo.
A esto se suma un elemento central que no puede ignorarse: la realidad de frontera. La diferencia de precios con Argentina vuelve a ampliarse, generando un incentivo evidente para que el consumo se desplace fuera del país. Esto golpea directamente al comercio local, debilita la actividad y termina castigando a quienes generan empleo en el departamento.
Pero sería un error mirar este tema de forma aislada. La suba de los combustibles se da en un contexto más amplio de señales negativas hacia el interior. Falta de recursos, menor inversión y decisiones que no priorizan el desarrollo territorial configuran un escenario donde departamentos como Salto quedan sistemáticamente en desventaja. No es solo lo que sube: es también lo que no llega.
En el último año, lejos de corregirse estas asimetrías, se han profundizado. Se recortan o postergan oportunidades clave para el interior, mientras los costos siguen aumentando. Esa desconexión entre la toma de decisiones y la realidad territorial no es menor: tiene consecuencias concretas en la vida de la gente, en el empleo y en la capacidad de crecer.
Desde nuestro lugar, hemos planteado consultas formales y solicitado explicaciones sobre los criterios que sustentan estas decisiones. Pero también creemos necesario decirlo con claridad: no se puede seguir gobernando con una lógica centralista que desconoce la realidad del interior productivo.
Las políticas públicas deben contemplar las diferencias territoriales si realmente se pretende un país más equilibrado. De lo contrario, cada ajuste que no tiene en cuenta estas realidades termina ampliando la brecha.
Salto no necesita más obstáculos. Necesita condiciones reales para competir, producir y generar empleo. Porque cuando se encarecen los costos y al mismo tiempo se reducen las oportunidades, el resultado es siempre el mismo: el interior pierde.
Y cuando el interior pierde, pierde todo el país
