La reciente comparación de precios de combustibles entre Uruguay y Argentina vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que en Salto conocemos desde hace años: la frontera norte continúa soportando costos estructurales que afectan directamente su desarrollo económico, comercial y laboral.
Los números son contundentes. Mientras en Uruguay la nafta súper alcanza aproximadamente los 88 pesos por litro —unos 2,18 dólares—, en Argentina los valores rondan entre 1,27 y 1,35 dólares por litro. Aun considerando el beneficio de reducción del IMESI aplicado en frontera, Uruguay sigue manteniendo un combustible entre un 70% y un 72% más caro que el argentino.
No se trata únicamente de una diferencia estadística. El combustible impacta sobre toda la economía regional. Cuando el costo energético y logístico es tan elevado, automáticamente se encarece el transporte, la distribución, la producción y el funcionamiento cotidiano del comercio.
Y en ciudades de frontera como Salto, Paysandú y Fray Bentos esa realidad se siente todos los días.
Durante 2023 y buena parte de 2024, miles de uruguayos cruzaban diariamente hacia Concordia, Colón o Gualeguaychú para realizar compras básicas. El fenómeno no fue solamente comercial; tuvo consecuencias sociales y laborales concretas. Comercios locales debieron enfrentar caída de ventas, reducción de personal y pérdida de competitividad frente a una diferencia de precios prácticamente imposible de igualar y que desde el parlamento nadie pudo resolver.
Si bien la brecha comenzó a reducirse durante 2025 y 2026 debido a los cambios económicos en Argentina y al aumento de precios del país vecino, la diferencia continúa siendo significativa. Incluso hoy, pese a la ampliación del beneficio IMESI a 60 kilómetros de radio fronterizo, el combustible uruguayo sigue muy por encima de los valores argentinos.
La pregunta entonces es inevitable: ¿hasta cuándo la frontera deberá convivir con políticas económicas pensadas desde una lógica centralista que no contempla suficientemente la realidad del interior?
El problema no pasa solamente por ANCAP o por el precio internacional del petróleo. Existe una fuerte carga impositiva y una estructura de costos internos que terminan castigando especialmente al litoral norte.
Mientras Montevideo posee una dinámica económica distinta y mayor capacidad de absorción, departamentos como Salto, Paysandú y Río Negro incluso Soriano, viven permanentemente condicionados por la competencia inmediata de ciudades vecinas ubicadas a pocos minutos de distancia.
La experiencia de estos años demuestra que las medidas temporales ayudan, pero no resuelven el problema estructural. Reducir parcialmente impuestos en frontera es positivo, pero insuficiente si no existe una verdadera política diferencial para el norte del país.
La frontera necesita más competitividad, menores costos logísticos, incentivos reales al comercio y a la inversión, y una estrategia de desarrollo regional sostenida en el tiempo.
Porque cuando la diferencia de precios se vuelve excesiva, el problema deja de ser exclusivamente económico. Allí comienzan a resentirse el empleo, la actividad comercial y las oportunidades para cientos de familias del interior.
Salto, Río Negro y Paysandú no pueden seguir reaccionando únicamente cuando las crisis fronterizas explotan. Necesita planificación, políticas permanentes y una visión estratégica de largo plazo.
El combustible hoy vuelve a funcionar como símbolo de una discusión mucho más profunda: qué modelo de desarrollo queremos para el litoral norte y cuánto está dispuesto el país a hacer para que la frontera deje de ser solamente una zona de desequilibrios y pase a convertirse en una verdadera región de oportunidades. GECS.
