Por primera vez en la historia interpelaron un Ministro por un tema vinculado a la actuación de la Delegación Uruguaya en Salto Grande.
La Cámara de Diputados dejó el mandato al Poder Ejecutivo sintetizado en una declaración muy dura con el accionar de la Delegación, a tal punto que pide por amplia mayoría que la renuncia de Albisu sea complementada con la renuncia de los demás delegados.
También pide, pero por unanimidad de los Diputados, de todos los partidos, el cese de todos los contratos, cosa que hasta ahora no ha ocurrido y salvo alguna renuncia, la mayoría de los ingresados en condición de inamovibles permanecen en Salto Grande.
Esto ha estado presente en los medios, quizá más en los nacionales que en los locales, pero hay otras cuestiones que nos parecen tanto o más preocupantes y que muestran la calidad de la gestión y es en donde queremos focalizar en este artículo.
Los cinco primeros puntos de la declaración, votados únicamente por el oficialismo, por los diputados de la coalición que sostiene al Gobierno Nacional, califican la tarea desarrollada.
Enmarca la resolución destacando la importancia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande como organismo binacional orientado a la interconexión, integración y desarrollo regional.
Pero inmediatamente cuestiona la actuación de la Delegación Uruguaya y del Poder Ejecutivo.
Marca cómo se deben usar los recursos económicos que Uruguay destina a Salto Grande para cumplir “sus cometidos y el desarrollo de proyectos de infraestructuraque potencien el crecimiento regional”, esto es para hacer lo que tiene que hacer y no para otras cuestiones.
De todas formas, deja abierta la puerta para proyectos de infraestructura para potenciar el crecimiento regional, cosa que sería importante definir, pero está claro que no está hablando de acciones mucho más cercanas a actos de caridad, que seguramente también sean necesarias.
Reafirma la necesidad que las designaciones de “delegados y funcionarios en un organismo de esas características deben atender especialmente a la idoneidad técnica respetando tanto las normas estatutarias, como las de ética de la función pública”.
Hay dos claros destinatarios: por un lado el Poder Ejecutivo, especialmente el Presidente y los Ministros que designan a la delegación a la que le dicen que no se puede poner a cualquiera, y por otro la propia delegación, a la que manda a respetar las normas estatutarias y las vinculadas a la ética de la función pública.
El accionar bajo estas normas, que están recopiladas en la LEY 19.823, debería estar internalizado en todos los actores políticos y no debería ser necesario recordárselo a nadie, entonces, si el Poder Legislativo lo menciona es porque entiende que no se está haciendo de esa forma.
Más adelante, viene un punto que es lapidario para la actuación de la Delegación uruguaya, explicamos nuestras razones:
Da por satisfactorias las explicaciones de los ministros, hecho no compartible porque la inmensa mayoría de las alrededor de 150 preguntas que realizó el Diputado Viera (miembro interpelante) quedaron sin responder.
Los Ministros son los responsables políticos y tienen la obligación legal de controlar lo que sucede en los Organismos Internacionales, en especial con las delegaciones, pero los saca del lío y focaliza en la Delegación Uruguaya.
Queda la duda en cuanto al accionar de los ministros, si fueron omisos por mandato del Presidente que protegía a sus correligionarios, por ignorancia, cosa que descartamos, entre otros porque el sub-secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores es una de las personas ingresadas por designación directa que el Parlamento pide que renuncie o los remuevan, o existe otra razón.
Mirar para otro lado respecto a lo que sucedía sería como, salvando las distancias, dejar que el Embajador ante ONU actuara por voluntad propia y no de acuerdo a instrucciones y en coordinación con la Cancillería. Está en juego nada más ni nada menos que la soberanía del país.
Los ministros se comprometen a generar un régimen legal que regule la actuación de los Delegados uruguayos y el seguimiento y monitoreo de los gastos “en particular los correspondientes al desarrollo regional”, parecería que no se pudo convencer al gobierno, ni a los ministros (miembros del Poder Ejecutivo) ni a los Diputados (miembros del Poder Legislativo) con el relato del desarrollo regional.
Proponen generar una especie de intervención desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien autorizaría si se puede o no gastar y si autoriza dirá de qué forma y en qué momento.
Pero además vuelve a insistir, esta vez explícitamente con el cumplimiento de la ley de ética pública.
El siguiente punto, respalda directamente a la Ministra Arbeleche, porque transfirió “los recursos necesarios a los efectos de financiar la cuota parte del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones aprobado por la CTMSG”, lo que en cierta forma reafirma que el problema de Salto Grande es la Delegación.
El penúltimo, refiere al cese de todos los funcionarios “ingresados en forma discrecional, a través de designaciones directas, se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020” votado por la unanimidad de los diputados y que hasta el día de hoy sigue sin concretarse.
Por último (un aditivo propuesto por Cabildo Abierto votado por el Frente Amplio), que a partir de una “gestión inadecuada en relación a la designación de personal y los cambios del estatuto de los funcionarios CTMSG” solicita la renuncia del resto de los delegados y pide una auditoría de gestión; o sea que reafirma que las actuaciones fueron la delegación y no del Presidente y quiere descartar mediante una auditoría externa la existencia de otros hechos que requieran ser aclarados.
Se podrá usar como excusa que estas resoluciones del Poder Legislativo no son de cumplimento obligatorio, pero para quienes, siendo militantes políticos, creemos en la forma de gobierno Democrática-Republicana con separación de poderes, lo sugerido por uno de ellos es un mandato obligatorio para los otros, no solo desde el punto de vista legal, sino especialmente desde el punto de vista ético.
En cierta forma, podríamos decir que a entender de la Cámara de Representantes la Delegación Uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande chocó la calesita.
