El exsecretario general de la Intendencia, Gustavo Chiriff, cuestionó la Resolución Nº268/2025 del intendente Albisu. Sostuvo que se contrató directamente a un asesor por $610.000 sin las tres cotizaciones que exigiría el TOCAF. Estimó que el nuevo fideicomiso rondaría los 60 millones de dólares a 30 años, calificándolo de «innecesario» ante los fondos ya disponibles y el ahorro por los 292 ceses. La denuncia surge horas antes del llamado a sala al Intendente por el caso JUTEP.
Inquietud por nuevo financiamiento
La mañana de este miércoles trajo consigo una fuerte advertencia desde la oposición frenteamplista. El dirigente y exsecretario general de la comuna, Gustavo Chiriff, utilizó sus redes sociales para alertar sobre lo que calificó como “más endeudamiento para el pueblo salteño”. El miembro de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio apuntó directamente contra la Resolución 268/2025, firmada por el intendente Carlos Albisu.
Según explicó Chiriff, dicha resolución da inicio formal al procedimiento para obtener financiamiento a largo plazo para la Intendencia de Salto. El mecanismo explorado sería un Fideicomiso Financiero de Oferta Pública, aunque no se descartan otras modalidades. La primera acción derivada de esta resolución fue la contratación de un profesional externo.
Este profesional, detalló el dirigente, fue contratado bajo la modalidad de arrendamiento y en forma directa. Su cometido será la estructuración, implementación y seguimiento del proceso de obtención de dichos fondos. El monto de esta contratación asciende a $ 610.000. Fue este punto inicial el que generó las primeras objeciones formales por parte de Chiriff.
Procedimiento observado
Chiriff centró su primer análisis en los aspectos formales de la contratación del asesor, advirtiendo sobre presuntos “vicios de forma” que invalidarían el procedimiento. Sostuvo que, si bien el monto ($610.000) está por debajo del límite de $987.000, la modalidad utilizada corresponde a una Compra Directa, la cual está regulada estrictamente por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).
El exjerarca recordó que el TOCAF exige, para todas las Compras Directas de esta magnitud, contar con un mínimo de tres cotizaciones de diferentes proveedores, las cuales pueden recibirse por diversos medios. Indicó que la única excepción para no requerir las tres ofertas es en compras habituales menores al 5% del límite de la Compra Directa, situación que, afirmó, “este no es el caso”.
Si bien la administración podría ampararse en el artículo 33, literal C del TOCAF, Chiriff interpretó que no existe en este caso ninguna excepción válida que justifique la cotización de un solo proveedor. Basado en esto, pronosticó que la Intendencia cometió un error administrativo que será inevitablemente observado por el Tribunal de Cuentas.
Además, sumó otro presunto incumplimiento. Mencionó la omisión del Artículo 50 del TOCAF. Esta normativa, explicó, establece la obligatoriedad de todas las administraciones públicas de publicar en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE) todos los procedimientos competitivos, algo que, según la denuncia, no habría ocurrido.
Proyectan deuda de US$ 60 millones
Dejando de lado los aspectos formales, Chiriff avanzó sobre el fondo del asunto: la magnitud de la deuda que se buscaría contraer. Basado en la instrucción de buscar fondos a «largo plazo», el dirigente estimó que se optaría por un plazo mínimo de 30 años. Para dicho período, proyectó que el monto que estaría manejando la administración Albisu rondaría los 60 millones de dólares.
De confirmarse esta cifra, advirtió el frenteamplista, se estaría duplicando el déficit acumulado actual (sin contar intereses), el cual treparía a unos $ 4.450.000.000. Para poner la cifra en contexto, la comparó con el Fideicomiso Daymán, del cual restan 6 cuotas anuales de aproximadamente 6.2 millones de dólares cada una.
El Fideicomiso Daymán, que aún supone una deuda de 37 millones de dólares a valores actuales de la Unidad Indexada, ya representa un peso del 7,32% sobre el presupuesto anual. Chiriff calculó que la cuota del nuevo fideicomiso (de US$ 60M a 30 años) rondaría los 4 millones de dólares anuales.
Capacidad de pago comprometida
El análisis de Chiriff alertó sobre el impacto combinado de ambas deudas. La suma de la cuota restante del Fideicomiso Daymán más la nueva cuota proyectada llevaría el peso total de la deuda sobre el presupuesto anual al 13%. Esto, en su opinión, limitaría severamente las disponibilidades futuras de la Intendencia.
El efecto más grave, según sus cálculos, se vería en los ingresos por patente de rodados. Chiriff advirtió que las obligaciones anuales para el pago de esta deuda combinada afectaría el 60% de los ingresos que la Intendencia obtiene a través del SUCIVE. Esto comprometería la gestión de futuras administraciones, dejándolas con un margen de maniobra muy reducido.
El dirigente también cuestionó la vaguedad de los argumentos esgrimidos en la resolución. Los documentos, indicó, solo mencionan la necesidad de «cumplir cometidos constitucionales, legales y los compromisos contractuales» y la «implementación de proyectos de desarrollo imprescindibles», pero, remató, “en sí, no especifica nada”.
“No hay necesidad de endeudarse”
La pregunta central que planteó el exsecretario general fue si realmente existe la necesidad de endeudar más al departamento. Su respuesta fue un «no» rotundo. Argumentó que, si el objetivo son las obras, la Intendencia ya tiene fondos proyectados y aprobados para el año 2026 a través de diversos programas.
Detalló la planificación del FDI para 2026, que incluye la continuación de obras en barrios como Artigas, Umpierre, Dickinson, Barbieri y la Chinchurreta, además de bacheo céntrico, mantenimiento con riego asfáltico, la etapa 4 de la avenida Apolón / Ramón J. Vinci (de Rodó a Líber Seregni), y refacciones en la Biblioteca Municipal y la Central Hortícola.
A esto sumó los fondos del BID ya aprobados para la intervención integral del barrio Saladero y la Costanera Sur, el fondo concursable adjudicado para el Centro Acuático Termal de Salto en la zona del Cerro, y los fondos del PCRP para caminería rural, que están aprobados y listos para ejecutarse. Estimó estos programas (sin contar el BID) en unos $ 270.000.000 anuales.
Finalmente, Chiriff introdujo otra variable económica clave: el ahorro anual de $ 235.000.000 que generará a la Intendencia el cese de los 292 funcionarios recientemente desvinculados. Concluyó que, sumando el ahorro a los fondos de inversión, a partir de 2026 la Intendencia tendrá disponibilidades por unos 12.500.000 dólares, por lo que “en definitiva no hay necesidad de endeudarse”.
Dudas, antecedentes y llamado a sala
Desde su rol de oposición, Chiriff también expresó consideraciones políticas. Trajo a colación los antecedentes del pasaje de Albisu por la gestión de CTM Salto Grande, la cual, recordó, fue de público conocimiento “su cuestionamiento por como llevo a cabo la administración del organismo”.
Este antecedente, sumado a un endeudamiento millonario sin conocerse los fines específicos y sin aparentes controles sobre el gasto, le generó «enormes dudas» al dirigente frenteamplista. Resumió su postura como un rechazo a comprometer el desarrollo del departamento por toda una generación.
La publicación de Chiriff no pasó desapercibida, no solo por la gravedad de la denuncia, sino por el momento en que se produjo. Precisamente esta noche, el intendente Carlos Albisu deberá concurrir a la Junta Departamental (o enviar a un representante) para ser interpelado en régimen de llamado a sala, aunque por un tema diferente: las implicancias de la resolución de la JUTEP y su decisión de mantener en el cargo al director de Obras, Juan Manuel Texeira Núñez.
