La Central Hortícola del Norte abrió con interrogantes sobre su sustentabilidad, los subsidios iniciales, la gobernanza y el uso de recursos públicos.
La inauguración de la Central Hortícola del Norte ha sido presentada como un hito para el desarrollo productivo de Salto. Sin embargo, detrás de los discursos oficiales, las fotografías y los actos protocolares, hay una pregunta mucho más importante que todavía no tiene respuesta:
¿será un proyecto económicamente sustentable o terminará convirtiéndose en otra carga para los contribuyentes?
Mi preocupación no surge de una oposición a la producción ni al desarrollo. Todo lo contrario. Ojalá la Central Hortícola prospere y se transforme en un verdadero motor económico para la región. Pero precisamente porque deseo que los recursos públicos se utilicen de manera responsable, creo que es necesario analizar algunos hechos que deberían encender señales de alerta.
La primera señal está en su propia historia.
Durante más de once años este proyecto permaneció paralizado mientras millones de dólares de recursos públicos permanecían inmovilizados. Durante más de una década la burocracia política fue incapaz de resolver los problemas necesarios para ponerlo en funcionamiento. Entonces me pregunto: si la estructura política y administrativa demoró once años en lograr la apertura de una infraestructura ya construida, ¿por qué deberíamos asumir que esa misma estructura será ahora capaz de gestionarla con eficiencia empresarial?
La experiencia demuestra que administrar una obra y administrar una empresa son cosas muy distintas. Construir un edificio no garantiza saber gestionar un mercado.
El proyecto arranca demorado y con un déficit de unos USD 6.000.000, lo que hubiera sido imposible en un proyecto de emprendimiento privado.
La segunda señal de alerta es la premura por inaugurar.
En las semanas previas a la apertura todavía existían conflictos con operadores históricos, incertidumbre sobre contratos, reclamos públicos, cuestionamientos sobre condiciones de funcionamiento y discusiones sobre el traslado definitivo de la actividad. Sin embargo, la prioridad parecía ser llegar a tiempo para el acto inaugural.
Cuando la fecha del corte de cinta se vuelve más importante que la resolución de los problemas pendientes, es legítimo preguntarse si la lógica política está prevaleciendo sobre la lógica económica. En mi caso, se prenden todas las sirenas cuando un proyecto productivo es inaugurado con discursos políticos grandilocuentes de todo el espectro político. Y tengo suficientes elementos para estar desconfiado ¿vos, no?.
La tercera señal es que el proyecto parece necesitar ayuda antes incluso de comenzar a funcionar.
Las propias autoridades han anunciado períodos de gracia, subsidios para gastos comunes y diversos incentivos para facilitar la instalación de operadores. Esto plantea una interrogante fundamental: si el modelo es tan sólido, ¿por qué requiere subsidios desde el primer día?
Los emprendimientos económicamente viables atraen usuarios por las ventajas que ofrecen. Cuando se necesitan beneficios extraordinarios para lograr la adhesión de los participantes, corresponde analizar con atención la sustentabilidad futura.
Existe además un aspecto particularmente preocupante: la gobernanza.
La Central Hortícola funcionará bajo un esquema donde conviven productores, organismos públicos, intendencias y actores políticos. En la práctica esto implica la convivencia de intereses completamente distintos.
Se trata de socios incompatibles pues mientras el productor necesita eficiencia, rentabilidad, inversión, ahorro y rapidez en la toma de decisiones, el actor político responde a incentivos muy diferentes, antagónicos y contrapuestos al del productor: votos, concentración de poder, cortoplacismo, clientelismo político, privilegios sectoriales, consideraciones electorales y procesos burocráticos lentos.
La historia económica está llena de ejemplos donde las estructuras diseñadas para satisfacer múltiples intereses terminan teniendo dificultades para satisfacer el más importante de todos: generar resultados.
Pero quizás el dato más revelador sea otro.
Las autoridades sostienen que el Mercado Regional y la Central Hortícola no pueden coexistir. Esa afirmación, lejos de transmitir confianza, genera una duda inevitable: si la Central es tan beneficiosa como se anuncia, ¿por qué necesita que desaparezca la alternativa para funcionar?
Los proyectos exitosos atraen en forma espontánea y voluntaria porque ofrecen mas valor. No necesitan que la autoridad reduzca las alternativas disponibles para garantizar su funcionamiento. No consisten en cerrar el camino al competidor. Consiste en ofrecer un servicio tan eficiente que productores y operadores elijan trasladarse por convicción y no por necesidad.
Cuando un emprendimiento depende de zonas de exclusión, restricciones regulatorias o decisiones administrativas para captar usuarios, deja de competir por mérito propio y comienza a depender del poder político.
Por eso, más que una demostración de fortaleza, la imposibilidad de coexistir con el Mercado Regional parece una señal de fragilidad del propio modelo.
Finalmente existe una cuestión política que no debería pasar desapercibida.
Cuando un proyecto recibe el aplauso unánime de prácticamente todo el sistema político, lejos de tranquilizarme, me invita a observar con mayor atención. La historia demuestra que muchas veces los consensos políticos se construyen alrededor de la inauguración de las obras, mientras que los costos de mantenimiento y los déficits aparecen varios años después, cuando las cámaras ya se fueron y las responsabilidades se diluyen.
Por supuesto, deseo sinceramente estar equivocado.
Porque si la Central Hortícola funciona, gana la producción, gana el empleo y gana Salto.
Pero los antecedentes, la demora de más de una década, la necesidad de subsidios iniciales, los conflictos con operadores, las dudas sobre la gobernanza y la prioridad otorgada al acto inaugural por encima de la consolidación del modelo económico me llevan a una conclusión difícil de evitar.
El verdadero examen no será el día de la inauguración. Será dentro de cinco años.
Y mi temor es que entonces no estemos discutiendo cuánto creció la Central Hortícola, sino cuánto dinero de los contribuyentes debemos seguir destinando para cubrir sus pérdidas.
Porque cuando un proyecto nace rodeado de burocracia, subsidios e incentivos políticos, el riesgo de terminar dependiendo permanentemente de recursos públicos deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una preocupación perfectamente razonable.
Los mercados se sostienen con clientes, mientras que los proyectos políticos suelen sostenerse con contribuyentes.
Y la verdadera pregunta es cuál de los dos modelos estamos inaugurando hoy.
