Por estos días, un expediente que comenzó en el departamento de Artigas y que permaneció durante años en la órbita de distintas fiscalías, volvió a cobrar relevancia. Se trata del caso de una niña que, cuando tenía cuatro años, denunció a su padre por presunto abuso sexual. La situación fue expuesta públicamente por la Licenciada en Trabajo Social Andrea Tuana, representante de la Asociación Civil El Paso, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
El caso, que actualmente es revisado por la Justicia en Salto, reabre interrogantes sobre la actuación institucional en las primeras etapas de una denuncia de abuso infantil y sobre las consecuencias que pueden derivarse de decisiones adoptadas sin una mirada integral de protección.
UN INICIO MARCADO POR SEÑALES DE ALERTA
La historia comenzó tras la separación de una pareja joven que mantenía una relación conflictiva, con episodios de violencia reconocidos por ambas partes. La niña comenzó a presentar enrojecimiento y molestias en sus partes íntimas. En un primer momento, la madre buscó explicaciones médicas y consideró posibles reacciones alérgicas, sin sospechar abuso.
Sin embargo, con el correr de los días, la menor logró expresar situaciones que, según relató Tuana, describían con claridad actos de abuso sexual. La denuncia fue presentada y la niña fue evaluada por una psicóloga particular, quien elaboró un informe consignando el relato textual de la menor. Posteriormente intervino una psicóloga del Instituto Técnico Forense, cuyo informe recogió un testimonio coincidente en los aspectos sustanciales. También un médico forense constató lesiones compatibles con lo narrado.
Para la organización, estos elementos configuraban indicios relevantes que debían ser investigados con celeridad y profundidad, aplicando los protocolos vigentes en materia de abuso sexual infantil y evitando interpretaciones apresuradas que pudieran desestimar el testimonio de la niña.
UNA CAUSA QUE QUEDÓ “DURMIENDO”
Pese a las pericias realizadas, el expediente no avanzó de manera decisiva en Fiscalía. Según explicó Tuana, el caso no estuvo formalmente archivado en un primer momento, pero sí permaneció sin impulso durante un período prolongado.
En paralelo, la atención institucional comenzó a centrarse en la situación emocional de la madre. Se planteó que presentaba dificultades significativas para el cuidado y que podía estar obstaculizando el vínculo entre la niña y la familia paterna. Bajo ese argumento, se solicitó y dispuso judicialmente el cambio de tenencia a favor de los abuelos paternos.
La decisión implicó la desvinculación total de la niña de su madre y del resto de su familia materna durante aproximadamente un año y medio. Para Tuana, esta medida resultó especialmente llamativa, ya que no se habría explorado la posibilidad de que otros referentes del entorno materno asumieran el cuidado, ni se habrían dispuesto medidas intermedias que permitieran sostener vínculos supervisados mientras avanzaba la investigación penal.
EL ROL DE INAU Y LAS DECISIONES JUDICIALES
Según lo expuesto, el pedido de desvinculación fue promovido por el equipo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) de Artigas, argumentando que la madre no se encontraba en condiciones de ejercer el cuidado adecuado.
No obstante, la profesional cuestionó que no se hubiera considerado a la abuela materna u otros familiares cercanos como alternativas, ni que se mantuviera algún tipo de contacto supervisado mientras se sustanciaba la investigación penal. También señaló que la mirada institucional habría puesto el foco casi exclusivamente en las fragilidades maternas, dejando en segundo plano la denuncia original.
Otro punto controvertido fue que la niña pasó a convivir en un entorno que, según la denuncia, negaba la existencia del abuso y mantenía contacto con el padre señalado como presunto agresor.
ARCHIVO Y REAPERTURA
Más adelante, el expediente fue derivado a la Fiscalía de Bella Unión, donde finalmente se dispuso su archivo. La familia materna, acompañada por la organización, gestionó una entrevista con el Fiscal de Corte, lo que permitió que el caso fuera reconsiderado.
– ¿Cómo sigue la historia?
– El problema de todo esto es que cuando se hacen mal las intervenciones en primera instancia, es como las investigaciones, lo que no se investiga en las primeras 48 horas, después, pasado el tiempo, todo se hace mucho más complicado. Y eso es lo que está pasando en esta situación, porque o la niña pasó mucho tiempo y la niña rechaza a la familia materna. Entonces, se hace muy difícil ir en contra de ese sentimiento. Y la propuesta no es violentar a la niña, obligándola a volver con su familia materna. Entonces, ahí ya tenemos un problema en cuanto a lo que el sistema ha provocado en todo esto, el desastre que ha provocado en todo esto.
Y después, a nivel de la prueba, hay que tener la valentía de decir, vamos a buscar hoy nuevas pruebas. Y habría posibilidades de buscar nuevas pruebas hoy, pero se va a hacer mucho más difícil porque pasó el tiempo y la niña está muy adaptada con sus abuelos y con su papá. Pero podría haber algunas técnicas que nos permitirían ver si se puede recuperar esos recuerdos, que obviamente va a ser algo doloroso para la niña, pero necesario. Porque si esos recuerdos se recuperan y eso aparece, estamos haciendo un bien a la niña. Porque el abuso se puede olvidar, se puede reprimir, pero en algún momento de la vida aparece. Y cuando aparece, arruina. Entonces, tenemos que ayudar a esta niña a que esto se pueda dilucidar. Siempre, por supuesto, que cabe una posibilidad de la duda. Pero hay que investigar y hay que llegar hasta el final.
FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
Más allá del caso concreto, la referente subrayó la importancia de que operadores judiciales, técnicos y de salud cuenten con formación específica en abuso sexual infantil.
Recordó que se trata de una problemática presente en Uruguay y que las decisiones adoptadas en las primeras etapas pueden marcar de forma irreversible la vida de un niño o niña.
