Uruguay rescinde con Cardama tras pagar 30 millones. Análisis crítico: ¿Es la rescisión una solución o la confirmación de una pérdida financiera irreparable?
Febrero de 2026 quedará marcado en la bitácora de la defensa nacional no como el momento en que se puso orden, sino como la fecha en que Uruguay oficializó uno de sus fracasos administrativos más humillantes y costosos de las últimas décadas. La decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la compra de los dos patrulleros oceánicos (OPV) ha sido vendida políticamente como un acto de autoridad y limpieza frente a la «herencia maldita» de la administración Lacalle Pou. Sin embargo, bajo la lupa del análisis financiero y estratégico, esta medida se asemeja más a la amputación de un miembro gangrenado que a una cirugía exitosa: el paciente sobrevive, pero el daño es permanente e irreversible.
La pregunta que nadie en el sistema político parece querer responder con honestidad brutal es: ¿De qué sirve rescindir un contrato cuando el dinero ya se ha esfumado y las garantías de recuperación son, siendo optimistas, una quimera jurídica?
La crónica de una negligencia anunciada
Para entender la magnitud del desastre, hay que mirar atrás sin los lentes del partidismo. La adjudicación original, gestada en 2023 bajo la administración anterior, nació viciada por una premisa peligrosa: lo barato sale caro. Al descartar opciones técnicamente robustas pero geopolíticamente incómodas (China) o financieramente más exigentes (Noruega), el Ministerio de Defensa optó por Cardama, un astillero gallego sin experiencia en buques de guerra de este porte y con una salud financiera que requería respiración asistida.
Se compró una promesa sobre un plano a una empresa que, a todas luces, no tenía la espalda para soportar el proyecto. Y aquí radica la primera gran responsabilidad estatal, que trasciende gobiernos: la incapacidad técnica para filtrar aventureros de proveedores serios. Pero el error de cálculo se transformó en horror administrativo cuando se liberaron los pagos.
Los 30 millones que no volverán
El dato más escalofriante de este expediente no es el retraso en la construcción, sino el desembolso de aproximadamente 30 millones de dólares (algunas fuentes citan hasta 32 millones de euros) en concepto de adelantos. Un tercio del valor total del contrato entregado a cambio de nada.
La narrativa oficial del actual gobierno enfatiza que se encontraron «incumplimientos graves» y documentos «truchos». Y tienen razón. Pero esa verdad, lejos de ser un alivio, es la confirmación de la catástrofe. Si las garantías presentadas por Cardama son falsas o carecen de validez financiera real —como alega el Ejecutivo para justificar la rescisión y la denuncia penal—, entonces el Estado uruguayo está desnudo.
Rescindir el contrato hoy implica asumir que esos 30 millones son, en la práctica, un fondo perdido. No hay una aseguradora solvente detrás, ni un banco de primera línea que ejecute una carta de crédito automática. Hay, presuntamente, papeles sin valor. La rescisión, por tanto, no recupera el dinero; simplemente detiene el sangrado futuro, pero certifica la muerte del capital ya invertido. ¿Celebramos que «solo» perdimos 30 millones en lugar de 80? Ese parece ser el consuelo mediocre al que nos empujan.
El laberinto judicial: ganar el juicio, perder la billetera
El anuncio de acciones civiles y penales suena contundente en una conferencia de prensa, pero cualquier abogado corporativo sabe que litigar contra una empresa insolvente o con prácticas fraudulentas es una victoria pírrica. Uruguay puede gastar millones en bufetes internacionales, peritajes y años de litigio en España y Montevideo. Puede, incluso, obtener una sentencia favorable en 2030 que condene a Cardama a devolver cada centavo. Pero, ¿de qué sirve una sentencia contra un cascarón vacío? Si la empresa entra en concurso de acreedores o quiebra, el Estado uruguayo será uno más en la cola de damnificados, con pocas probabilidades de ver un retorno real.
Peor aún es el riesgo de la contraofensiva. Al rescindir unilateralmente, el Estado se expone. Si el blindaje jurídico de la salida no es perfecto —y la historia de los litigios del Estado uruguayo no invita al optimismo—, Cardama podría contraatacar argumentando que el Estado validó en su momento los procesos o que los retrasos en los pagos (si los hubo) justificaron sus demoras. Un error en el procedimiento de rescisión podría costarnos no solo lo ya pagado, sino indemnizaciones millonarias. Estamos caminando por un campo minado legal donde la única certeza es el gasto en honorarios.
El costo de oportunidad: una Armada de papel
Mientras la política se entretiene en el cruce de acusaciones —el Frente Amplio acusando de estafa y el Partido Nacional defendiendo la intención de ahorro—, la realidad operativa es desoladora. La rescisión nos devuelve al casillero cero, pero en un tablero mucho más hostil.
El mercado de defensa de 2026 no es el de 2023. La inflación global en el sector naval, impulsada por conflictos internacionales y el encarecimiento de materias primas, asegura que los próximos patrulleros no costarán 82 millones de euros. Si Uruguay quiere buques de verdad, tendrá que pagar precio de mercado, que seguramente superará los 120 o 150 millones.
Hemos perdido tres años de tiempo, 30 millones de dólares en efectivo, y ahora enfrentamos un sobrecosto futuro inevitable. A esto hay que sumar el «gasto hormiga» de mantener a flote la chatarra flotante que hoy compone la flota de la Armada, consumiendo combustible y repuestos a un ritmo insostenible solo para mantener una presencia simbólica en el mar. La pesca ilegal celebra; el contribuyente paga.
Un fracaso sistémico
El caso Cardama no debe leerse como un triunfo de la justicia del gobierno de Orsi, ni solo como una mancha en la gestión de Lacalle Pou. Es la radiografía de un Estado que falla en sus controles más básicos. ¿Cómo pasaron los filtros del Ministerio de Defensa y del Tribunal de Cuentas garantías que hoy se dicen falsas? ¿Quién validó la solvencia de un astillero que no podía obtener crédito en el BROU?
La rescisión es el reconocimiento oficial de que nos estafaron (o nos dejamos estafar). Cortar el vínculo era necesario, sí, pero no nos engañemos: el daño ya está hecho. El dinero, muy probablemente, no volverá. Y mientras los políticos discuten quién tiene la culpa, el mar uruguayo sigue sin ley y las arcas públicas tienen un agujero de 30 millones de dólares que ninguna demanda judicial, por exitosa que sea en el papel, podrá tapar a corto plazo. Uruguay ha comprado el humo más caro de su historia naval.
