El hacinamiento carcelario y el alto costo de cada recluso contrastan con los bajos salarios que perciben miles de trabajadores uruguayos.
Un sistema judicial contra las cuerdas
Hace pocos días informamos sobre la saturación de la justicia penal uruguaya. Los juzgados se encuentran desbordados de expedientes por delitos de todo tipo. Para evitar el colapso operativo, los fiscales recurren masivamente al proceso abreviado. Esta herramienta legal agiliza de forma notoria los tiempos de las condenas. Sin embargo, este formato genera severas críticas en la opinión pública. El ciudadano percibe que muchas veces se negocian penas demasiado leves para los delincuentes. A pesar de esto, las cárceles uruguayas se siguen poblando a un ritmo insostenible. Desde el año 2020, el número de internos aumentó en casi cuatro mil personas en el país. El encierro masivo sigue siendo la principal respuesta estatal frente a la inseguridad.
La realidad de la Unidad 20
Nuestro departamento no escapa a este panorama tan complejo y preocupante a la vez. Actualmente, en Salto se registran 509 personas privadas de libertad en total. La situación edilicia dentro de la Unidad 20 del INR muestra dos realidades completamente diferentes. El sector femenino y la chacra registran números que están dentro de lo permitido. Lo mismo sucede con el centro Tacuabé, que trabaja actualmente por debajo de su límite máximo. Sin embargo, el casco masculino sufre de hacinamiento. En ese sector conviven hoy 420 reclusos en apenas 300 plazas disponibles. La falta de espacio físico dificulta la convivencia en los pabellones.
El millonario costo de cada celda
Sostener la superpoblada estructura carcelaria uruguaya le cuesta una fortuna a todos los contribuyentes. En 2022, en declaraciones al programa “Justos y Pecadores” de Radio Uruguay, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit aportó cifras por demás llamativas. Mantener a una persona tras las rejas le insume casi mil dólares mensuales al Estado uruguayo. Esta suma equivale hoy a unos cuarenta mil pesos uruguayos por mes en promedio. El gasto incluye alimentación, seguridad perimetral, atención médica básica y pesados costos administrativos de gestión. El Comisionado Parlamentario Penitenciario advirtió que este sistema se está volviendo financieramente infinanciable. La sociedad destina recursos gigantescos hacia un engranaje que da muestras de total agotamiento.
La brecha con el trabajador salteño
La comparación directa con la realidad de la calle resulta completamente inevitable. Actualmente, el Salario Mínimo Nacional se ubica en 25.383 pesos nominales. Esta remuneración legal queda sumamente rezagada frente al costo de vida real del país. El panorama laboral para los trabajadores es todavía más alarmante en la actualidad. El Instituto Cuesta Duarte analizó detalladamente los registros más recientes de la Encuesta Continua de Hogares. Sus conclusiones muestran las severas dificultades que sufren miles de familias trabajadoras. El 30% de los trabajadores percibe ingresos menores a 25.000 pesos líquidos al mes. Estamos hablando de casi medio millón de uruguayos, ciudadanos que sostienen sus hogares con ingresos sumergidos.
Jornadas eternas por muy poca plata
Estos trabajadores dedican jornadas de ocho horas por día, o más, en sus puestos de trabajo. A cambio, reciben un sueldo mensual que rinde cada vez menos. Su ingreso de bolsillo es sustancialmente menor al costo operativo de un privado de libertad. Esta asimetría profunda genera una lógica indignación en varios sectores de la población.
Celdas destruidas y ausencia de dignidad
A pesar de la enorme inversión pública, las cárceles distan mucho de ser aceptables. Las condiciones materiales de reclusión en muchos establecimientos nacionales resultan verdaderamente deplorables. El hacinamiento crónico vulnera los derechos humanos esenciales de las personas que habitan en los recintos. El dinero invertido no asegura una reeducación real ni entornos seguros para nadie. “Sin un enfoque integral, la prisión no corrige, sino que reproduce las redes criminales”, explican analistas de CERES. El encierro sin oportunidades concretas solo devuelve a la sociedad individuos más resentidos.
La peligrosa tentación del modelo Bukele
Frente a la inseguridad, emergen discursos que reclaman un endurecimiento penal absoluto. El denominado “modelo Bukele” despierta debates. La drástica reducción de los homicidios en El Salvador seduce a una porción importante de ciudadanos cansados de la sensación de inseguridad. Sin embargo, un reciente informe del centro CERES desalienta por completo su aplicación nacional. Los expertos locales señalan que esa estrategia es incompatible con la tradición democrática de Uruguay. Aquel país centroamericano combate a pandillas transnacionales armadas con control territorial de barrios enteros. Copiar un régimen de excepción permanente erosionaría gravemente nuestro histórico Estado de derecho.
El impagable costo de encarcelar en masa
La puesta en marcha de un sistema de encierro masivo traería consecuencias financieras catastróficas. CERES proyectó los números de aplicar la tasa de reclusión salvadoreña en nuestro territorio. Si Uruguay imitara ese nivel de encarcelamiento, el total de reclusos rozaría los sesenta mil. El gasto mensual de mantenimiento escalaría por encima de los cincuenta y seis millones de pesos. El presupuesto carcelario anual terminaría igualando los fondos totales que hoy maneja el Mides. Semejante presión fiscal transformaría la gestión del Estado uruguayo en algo completamente insostenible. La economía nacional terminaría quebrando bajo el peso financiero de colosales megacárceles.
