Proyecto de Modificación Parcial del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
Una iniciativa ciudadana en Salto busca derogar un decreto de la Junta Departamental que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial: Proyecto de Modificación Parcial del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (PLOTS), con el fin de evitar lo que consideran «costos desmedidos» en aspectos ambientales, sociales y urbanos. El arquitecto Rogelio Texeira, del Grupo de Estudios Territoriales de la Universidad de la República, confirmó que la campaña de recolección de firmas ha alcanzado el objetivo inicial de 1000 firmas, pero continuará para tener un «colchón» de apoyo en caso de que algunas firmas no sean válidas.
La campaña se activó formalmente con la publicación del decreto en el Diario Oficial el pasado jueves, lo que da un plazo de 15 días corridos para la presentación del Recurso de Apelación ante la Cámara de Representantes, pero la recolección de firmas lleva más de un mes.
Argumentos de la iniciativa
La impugnación se basa en la preocupación de que la modificación prioriza el interés particular de los inversores privados en lugar del interés general de los ciudadanos. Según el exedil Gabriel Scabino, la modificación de suelo rural a urbano es «prácticamente imposible» de revertir y fue aprobada de manera apresurada.
Los principales puntos de la apelación son:
Proceso apresurado: El decreto fue aprobado en un período de solo media hora en la Comisión de Legislación y Reglamento, sin convocar a organizaciones sociales como FUCVAM, el Grupo de Estudios Territoriales o colectivos ambientales.
Aumento de costos para la Intendencia: La modificación aumenta el área de la ciudad en 400 hectáreas (un 13%), lo que implicará una mayor demanda de recursos para mantenimiento de calles, recolección de residuos, alumbrado público y otros servicios, que serán costeados por los contribuyentes.
Falta de necesidad de expansión: Salto ya cuenta con 300 hectáreas urbanas sin desarrollar, además de terrenos baldíos. Scabino señaló que el Censo de 2023 demostró que la población de Salto no ha crecido lo suficiente como para justificar una expansión tan grande del área urbana.
Especulación inmobiliaria: El exedil destacó que el cambio de suelo rural a urbano aumenta exponencialmente el valor de la tierra, beneficiando a un pequeño grupo de inversores.
Falta de servicios y problemas ambientales: Las nuevas zonas no cuentan con servicios esenciales como escuelas, centros de salud o saneamiento. El decreto incluso habilita el uso de cámaras sépticas y pozos negros, lo que representa una problemática ambiental al estar cerca de la toma de agua de OSE.
Mecanismos y próximos pasos
El recurso de apelación, basado en el artículo 303 de la Constitución de la República, busca la derogación del decreto por un presunto incumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial. Este proceso puede ser iniciado por 1000 firmas de ciudadanos o por la iniciativa de 11 ediles.
El recurso será presentado en la Cámara de Representantes, donde la Comisión de Legislación estudiará si existe alguna ilegalidad en el decreto. Si se determina que hay una ilegalidad, el Plenario de Diputados tendrá que decidir si derogar o no el decreto. Existen antecedentes de iniciativas similares en Río Negro y Maldonado, donde el Parlamento ha derogado decretos departamentales.
¿Dónde y cómo firmar?
Los ciudadanos salteños que deseen apoyar la causa pueden firmar en el hall de la Sede Salto del CENUR Litoral Norte o solicitar la papeleta llamando al 092 443 797. Este número también está disponible para despejar dudas sobre la iniciativa. El trabajo de recolección de firmas es descentralizado y cuenta con la colaboración de distintos actores, como FUCVAM y cooperativas de vivienda.
Los promotores hacen un llamado a la ciudadanía a informarse sobre las implicaciones del decreto, ya que, según Scabino, es una medida que impacta en el bolsillo de la gente y fue votada «a tapa cerrada» sin la consulta a los ciudadanos.
