CUANDO EL SAQUEO SE CONVIERTE EN UNA FORMA DE VIDA PARA UN GRUPO DE PERSONAS EN UNA SOCIEDAD, CON EL TIEMPO ESE GRUPO CREA UN SISTEMA LEGAL QUE LO AUTORIZA Y UN CÓDIGO MORAL QUE LO GLORIFICA.
Frédéric Bastiat
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios del Uruguay no está solo en crisis: está agotada. Y lo más grave no es el déficit o la falta de aportantes. Lo más grave es que el sistema se basa en una premisa equivocada.
Fue creada en 1954, cuando el ejercicio libre de las profesiones universitarias era la norma. Abogados, contadores, arquitectos podían sostenerse trabajando por su cuenta, con ingresos estables y un mercado dinámico. En ese contexto, un modelo de reparto obligatorio parecía razonable: los activos aportaban a un fondo común y los pasivos recibían sus jubilaciones.
Pero el país cambió. Y el mercado profesional también. Hoy, además de la crisis demográfica que golpea a todos los sistemas mutuales, la gran mayoría de los jóvenes profesionales busca estabilidad en relación de dependencia, ya sea en el Estado o en empresas privadas. Esa estabilidad los lleva al BPS, no a la Caja. Sin embargo, el marco legal se mantuvo rígido, y la Caja no se adaptó.
Una estructura sin salida
La Ley 17.738, aprobada en 2004, consolidó el esquema: afiliación obligatoria, sistema de reparto sin capitalización, sin alternativas ni competencia. Y, como si fuera poco, estableció que los ingresos (timbres profesionales) se ajustaran por el IPC (precios), mientras las jubilaciones lo harían por el Índice Medio de Salarios (IMS).
Este descalce técnico fue determinante. Entre 2005 y 2024, los salarios crecieron un 70 % más que los precios. Eso significa que los egresos (pasividades) subieron mucho más que los ingresos (timbres). El economista Juan Manuel Rodríguez ha demostrado que si los timbres se hubieran ajustado al mismo ritmo que las jubilaciones, la Caja no tendría déficit. Incluso tendría superávit.
Y el problema se agravó: muchos profesionales ejercen como empleados y aportan al BPS. Más de 110.000 profesionales universitarios no aportan a la Caja. Los que sí lo hacen, lo hacen en su mayoría en las primeras dos o tres categorías, con aportes mínimos. Mientras tanto, los jubilados actuales se retiran mayoritariamente en la categoría 10, la más alta.
Los directores actuales admiten que esta situación era perfectamente previsible. Los modelos actuariales anticipaban una crisis entre 2024 y 2026. Se sabía desde hace más de 15 años. Sin embargo, nunca se actuó a tiempo. Los gobiernos lo sabían. Los directores también. Nadie hizo nada.
Los cincuentones: atrapados en el colapso
De todos los afectados por el colapso de la Caja de Profesionales, los nacidos entre 1967 y 1973 —el grupo de los llamados “cincuentones”— son los más perjudicados. No solo cumplieron con todo lo que el sistema les exigió durante más de tres décadas: también son los primeros en sufrir las consecuencias del cambio de reglas a mitad del partido.
Este colectivo denuncia un “triple castigo” en la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo:
- Aumento de la edad de retiro: mientras la Ley 20.130 establece que la transición jubilatoria comienza con los nacidos en 1973, el nuevo proyecto adelanta esa transición seis años. Los nacidos en 1967 deberán jubilarse a los 61; los de 1968, a los 62; y así sucesivamente hasta 1973. Es decir, deberán trabajar más años de los previstos originalmente.
- Aportes más altos: la reforma eleva la carga contributiva al 22,5 % sobre fictos altos. Para muchos profesionales, esto hará inviable mantenerse en actividad. No es menor: una parte significativa de los 100.000 profesionales hoy inactivos abandonaron la Caja por no poder sostener esas cargas. Aumentarlas no amplía la base: la reduce.
- Menores jubilaciones: el nuevo cálculo jubilatorio se hará en base a los últimos 20 años de aportes, en lugar de los últimos tres. Esto diluye el promedio y reduce el monto final a cobrar, afectando a quienes ya transitaron buena parte de su vida laboral con otra expectativa.
Además, este grupo no tiene margen de maniobra: no puede cambiar de régimen, ni reestructurar su ahorro, ni recuperar lo aportado. Está atrapado entre una promesa incumplida y una realidad que lo castiga.
A ello se suma la injusticia comparativa: un profesional que trabaja como dependiente en el Estado se jubila a los 60 aportando al BPS. Pero si realiza la misma tarea como independiente, debe aportar más y jubilarse más tarde. No se mide el trabajo: se mide el encaje legal.
Y los pasivos profesionales ya vienen soportando una alta carga fiscal. Desde la creación del IASS, estiman que se han transferido más de 600 millones de dólares de la Caja al BPS. Una doble injusticia: aportan toda la vida a un sistema, y sus impuestos van a otro.
El colectivo lo dice sin rodeos: esto es una estafa. Y tienen razón. Se cambian las reglas, se aumenta la carga, se reduce el beneficio y se priva de alternativas. Si eso no es un fraude institucional, ¿qué lo es?
El “salvataje”: una redistribución hacia atrás
La ley recientemente aprobada como “rescate” de la Caja no es una solución: es una redistribución encubierta de cargas, donde los que hicieron las cosas bien son los que pagan:
- Se aumenta el aporte de los activos hasta el 22,5 %.
- Se impone una “contribución solidaria” a los pasivos, que supera el 10 % en algunos tramos.
- Se cambia la fórmula de ajuste de los timbres (a una “semisuma” de IPC e IMS), que sigue sin acompañar el ritmo de los egresos.
- Se otorga asistencia financiera del Estado por hasta 30 millones de dólares anuales.
- Se reestructura el directorio, otorgando más poder al Ejecutivo (2 de 5 miembros).
Incluso la vicepresidenta de la Caja, Virginia Romero, advirtió que el aumento de aportes es inaceptable, que los cálculos actuariales del Ejecutivo no fueron presentados, y que se desconoce si estas medidas garantizarán la viabilidad. Se teme, incluso, que más profesionales abandonen la Caja o se congelen en categorías bajas. El efecto podría ser el contrario al esperado.
Lo que no se ve (y todos pagamos)
Frédéric Bastiat decía que en economía hay que mirar no solo lo que se ve, sino lo que no se ve:
- Se ve que se evita la quiebra de la Caja.
- Lo que no se ve es que esos millones de dólares que destina el Gobierno se quitan de salud, educación o seguridad.
- Se ve que los jubilados profesionales siguen cobrando.
- Lo que no se ve es que un kiosquero en Tacuarembó, una jubilada rural de mínima o un mecánico en Casabó serán más pobres porque están financiando, con impuestos y tarifas, un sistema que jamás eligieron ni usaron.
La solidaridad forzada no es justicia. Es saqueo legalizado.
No es la única: es parte de un patrón
La Caja de Profesionales no es la excepción. Es parte de un modelo más amplio que también hace agua: el BPS, el sistema mutual de salud, las cajas paraestatales.
Todos se basan en sistemas de reparto obligatorios, donde el equilibrio depende de que siempre haya más aportantes que beneficiarios. En una sociedad envejecida, informalizada y estancada, esa ecuación ya no funciona.
Y todos comparten algo más: la imposición y la falta de libertad. Se obliga a entrar, a quedarse, a pagar. Y se prohíbe elegir.
Una salida justa: libertad y responsabilidad
La única solución verdaderamente justa, sostenible y ética no es seguir apuntalando un sistema en ruinas, sino avanzar hacia un modelo de ahorro individual, libre y voluntario.
Un sistema en el que cada persona tenga la libertad de decidir cómo, dónde y con quién construir su previsión para la vejez. Donde el dinero que uno aporta —con esfuerzo, trabajo y dedicación— no se disuelva en una caja colectiva dependiente de otros, sino que se acumule a nombre del titular, en cuentas reales, transparentes, con rendimientos visibles y de propiedad individual.
Esto no implica eliminar la Caja. Al contrario: si la Caja desea seguir existiendo, debe transformarse en una opción dentro de un mercado previsional libre, no en una obligación impuesta por la fuerza. Que compita por ofrecer el mejor servicio, la mejor rentabilidad, la mejor atención. Que gane afiliados por mérito, no por decreto. Si brinda valor, será elegida.
Lo injusto no es que una persona quiera construir su futuro previsional con libertad. Lo injusto es obligarla a aportar a un sistema quebrado, a cambio de promesas vagas, sin propiedad sobre lo ahorrado ni garantía de devolución. Es una confiscación sin contrato.
Y no solo es injusto: es inmoral. Se penaliza al que produce. Se castiga al que ahorra. Se limita al que quiere proyectarse. Mientras tanto, se premia la irresponsabilidad institucional y la ceguera política.
Es hora de confiar en la gente, no en estructuras parasitarias que sobreviven absorbiendo recursos de quienes no tienen alternativa. Confiar en la responsabilidad individual, en la libertad de elección, en la capacidad de planificar el futuro.
Lo justo no es pagar por otros. Lo justo es que te devuelvan lo tuyo. Lo justo no es que un mecánico financie la jubilación de un abogado. Lo justo es que cada uno sea dueño de su destino.
El ahorro individual no es un lujo neoliberal. Es la base de cualquier sistema justo. Porque donde hay propiedad, hay libertad. Y donde hay libertad, hay dignidad.
Conclusión
El derrumbe de la Caja de Profesionales no es un accidente. Es la consecuencia lógica de un sistema que privilegió la imposición por sobre la libertad, y la promesa política por sobre la solvencia financiera.
Pero el futuro no está escrito. Podemos construir algo distinto. Más libre, más justo, más humano. Y para eso, el primer paso es dejar de sostener sistemas que castigan al que hace las cosas bien.
El futuro será mejor. No tengo dudas: será mejor si es liberal.
