Rogelio Texeira busca frenar la inversión de los barrios privados, mientras en Canelones y Montevideo se celebran como motores de desarrollo.
Mientras en departamentos como Canelones y Montevideo los barrios privados se han convertido en motores del desarrollo urbano y en fuente de inversiones millonarias, en Salto un grupo de frenteamplistas encabezados por el arquitecto Rogelio Texeira impulsa la recolección de firmas para bloquear una modificación del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOTS) que habilita este tipo de proyectos. La contradicción es evidente: ¿por qué lo que se celebra como “desarrollo” en unos lados, aquí se denuncia como “amenaza”?
La paradoja frenteamplista: barrios privados en Canelones y Montevideo sí, en Salto no
En Canelones, según datos de junio de 2024, ya existen 26 barrios privados fraccionados, un 73% más que en 2020, cuando apenas sumaban 15. El fenómeno responde al interés de familias que migran desde Montevideo en busca de precios más bajos y entornos tranquilos. La propia Intendencia frenteamplista avaló el cambio de uso de suelo para alentar la inversión, incluso flexibilizando la aplicación de tributos para no desalentar a los desarrolladores.
En Montevideo, aunque no hay barrios “cerrados” al estilo internacional, funcionan al menos 20 urbanizaciones semi-privadas con seguridad y accesos vigilados, concentradas en la zona norte del Camino Carrasco. No se las cuestiona como “perjuicio”, sino que se las integra como parte del mapa urbano.
Salto: firmas contra el cambio
Aquí la película es otra. El movimiento liderado por Rogelio Texeira y respaldado por sectores del Frente Amplio busca derogar el decreto departamental que habilita una ampliación de 400 hectáreas (un 13% del área urbana). Según los impulsores, el proceso fue “apresurado”, privilegia intereses privados y compromete a la Intendencia con mayores costos en servicios. Alegan que ya existen 300 hectáreas sin uso y que la población no justifica semejante expansión.
Pero cabe preguntarse: ¿cuántos puestos de trabajo, cuántas oportunidades de inversión y cuántos desarrollos inmobiliarios se bloquean con esta movida? ¿Acaso un barrio privado es más “peligroso” para la ciudad que un edificio de apartamentos o un complejo de viviendas?
¿Real preocupación social o bandera ideológica?
Los argumentos de los opositores apuntan a la especulación inmobiliaria y a problemas ambientales vinculados a pozos negros cerca de la toma de agua. Sin embargo, en otros departamentos gobernados por el mismo partido, los barrios privados “pululan” y se celebran como parte de la modernización.
Además, es necesario reconocer una verdad básica: siempre este tipo de proyectos beneficiará a algún inversor, porque son ellos quienes arriesgan capital propio. Negarlo y estigmatizarlo resulta demasiado necio. Estos inversores son los que generan empleo genuino —directo e indirecto— y dinamizan el mercado inmobiliario local. Pretender que el desarrollo se produzca sin inversión privada es desconocer cómo funciona la economía y, en última instancia, condenar a Salto a la inercia.
El contraste lleva a pensar que en Salto el debate excede lo técnico y se vuelve ideológico. No es tanto la forma urbana —porque barrios cerrados, semi-privados o edificios en altura todos transforman la ciudad— sino quién impulsa la medida y desde qué “palo” político.
Un debate inexistente: Salto ya laudó qué departamento quiere… hace apenas 3 meses.
En un contexto donde Salto necesita inversiones y empleo, la iniciativa de bloquear los barrios privados plantea más dudas que certezas. La pregunta central sigue sin respuesta: ¿dónde está realmente el “perjuicio” para la ciudadanía? Si es un proyecto que fue aprobado por la mayoría del sistema político en su momento, sólo un edil votó en contra, ¿no se debería respetar las mayorías? ¿Los «aumentos para los contribuyentes» no afectarían exclusivamente para los que decidan adquirir propiedades en esos barrios? ¿Cómo es que generar puestos de trabajo, inversión y vivenda perjudican al interés público?
Puede que uno esté convencido de que la inversión privada sumada a la promoción y apoyo del sector público son la única salida a la crisis de trabajo que existe desde hace años en Salto. Que eso mismo sea el motor para más salteños tengan una fuente de trabajo real y brindar así un mejor sustento a sus familias.
Entonces estoy obligado a preguntarme cuál es la verdadera intención detrás de todo este ruido. ¿Cuál es el verdadero «quiero» de algunos dirigentes políticos al impulsar este tipo de acciones, ¿realmente piensan en Salto o en quienes viven en nuestro departamento y están necesitando trabajar? ¿o simplemente buscan provocar el rencor y resentimiento social y así alimentar sus molinos particulares de votos?
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