El 28 de octubre de 1926 se creó el Archivo General de la Nación (AGN) con el cometido de custodiar, organizar y preservar la documentación del país. Sus antecesores fueron el primer Archivo General del Gobierno Provisorio de 1827 y el Archivo General Administrativo de 1880.
A partir de la Ley N° 8.015, el AGN es el órgano rector de la política archivística y de la gestión documental en todo el territorio nacional, asegurando la democratización de la información como centro de investigación y resguardo de la memoria histórica.
Entre sus principales objetivos se encuentran la custodia, la protección y la facilitación del acceso a los documentos públicos, los privados de su propiedad y los privados de interés público.
Cooperación interinstitucional
Desde el 2007 encabeza el Sistema Nacional de Archivos (SNA), creado por la Ley Nº 18.220, compuesto por el conjunto de Archivos Públicos del Uruguay y los privados que se integren al mismo, con la finalidad de normalizar los procesos archivísticos.
En el ámbito internacional, el AGN es miembro afiliado del Consejo Internacional de Archivos, de la Asociación Latinoamericana de Archivos y forma parte de Iberarchivos de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Por este programa de cooperación será el anfitrión y organizador de la XXVII Reunión del Consejo Intergubernamental que se realizará en Montevideo los días 18 y 19 de abril de 2024 en el Centro Cultural de España.
Gestión 2020-2025
Se destaca la reactivación de la colección Clásicos Uruguayos, la recuperación y mantenimiento de la fachada de su edificio sede (Convención 1468 al 1474) en 2022 y los avances que se vienen realizando en la ejecución de las obras del edificio del Archivo Judicial (Av. San Martín y Blandengues), en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Otro hecho relevante para el AGN fue la obtención del tercer lugar en la segunda edición del Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INTAI). Una evaluación que convocó a 250 organizaciones públicas para medir el nivel de cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario N° 232/010.
El Índice analiza tres dimensiones: institucional, transparencia activa y transparencia pasiva. Recaba la información reportada por los organismos a través del formulario de autoevaluación en línea y la enviada en el informe sobre estado de cumplimiento de obligaciones. A su vez, “evalúa los instrumentos y procedimientos internos con los que cuenta el organismo para preservar, producir, publicar y difundir información” a la ciudadanía, describe la Unidad de Acceso a la Información Pública sobre la metodología aplicada en el INTAI.
