Edición Año XVII N° 905, lunes 17 de marzo de 2025
Hace unos cuantos años pudo escucharse a un candidato que terminó siendo presidente, advertir que nadie estaba vacunado contra la corrupción, y que si alguien de su gobierno metía la mano en la lata, se la cortaría.
Unos años más tarde llegó un vicepresidente que dijo en un congreso internacional que los corruptos no eran de izquierda, y que si alguien era de izquierda, no sería un corrupto. Tras golpearse el pecho y ser muy aplaudido, tuvo que renunciar a su cargo porque la Justicia lo condenó por abuso innominado de funciones, delito genérico pero delito al fin.
Unos años antes, un Ministro de Economía organizó una conferencia de prensa para afirmar que un tal Bengoa era una muy buena persona y que no podía haber cometido el delito de fraude contra los Casinos del Estado haciendo desaparecer 15 millones de dólares como le endilgaba el juez. Un par de horas más tarde, Bengoa marchaba a la cárcel.
Unos cuantos años antes, Hugo Granucci, Director de OSE por el Partido Colorado, fue acusado por la Justicia. Granucci se defendió de las acusaciones de abuso innominado de funciones por utilizar vehículos oficiales para tareas particulares y otros menesteres, expresando que no era otra cosa que “una canallada” y una notoria “persecución política”. Granucci terminó preso a las pocas horas.
Un par de años después, Julio Kneit, presidente del Banco Hipotecario por el Partido Colorado, fue acusado de entregar viviendas pertenecientes al organismo que él presidía a familiares directos en Punta del Este. Kneit, amigo personal del expresidente Julio María Sanguinetti, terminó preso, ¿adivinen por qué delitos? Elijan.
Ya más cerca en el tiempo (volvemos, saltando de aquí para allá), apareció una foto en el diario El Observador del “hombre de la derecha” del remate de Pluna dónde pudo conocerse la connivencia entre el interés público y privado, donde un Ministro de Economía debió renunciar y marchar luego a la cárcel por el hecho de haber estado en esa foto. López Mena, sentado en dicha mesa, nunca fue acusado de nada y sigue libre como empresario modelo.
El intendente Villanueva Saravia cuando comenzó a tener una gran proyección en la política nacional cuestionando hechos de corrupción durante la presidencia de Lacalle de Herrera, fue hallado muerto en su dormitorio de un tiro en la cabeza. Todos los indicios indicaban asesinato, pero el fiscal de la causa, el doctor Gustavo Zubía, dictaminó suicidio y se cerró el caso.
En el mismo gobierno, un ciudadano chileno, Eugenio Berríos, se refugió en la seccional de policía de Atlántida, departamento de Canelones, porque había visto merodear cerca de su casa a gente que creyó reconocer del servicio de inteligencia de su país. A las pocas horas, un comando militar uruguayo ingresó a dicha seccional y retiró a Berríos. A los tres días apareció en una playa cercana con tres tiros en la cabeza. Militares uruguayos fueron condenados a prisión por este homicidio… en Chile. Y podríamos seguir con más casos de los últimos 40 años de democracia, ni hablar del gobierno que acaba de terminar.
Quien acuse a la Justicia de tener un sesgo político por lo que está pasando en Soriano con Besozzi, tiene poca memoria de cómo ha actuado históricamente nuestro Poder Judicial.
Hasta la semana que viene y tilo pa’la barra…
